Una buena noticia

Resulta ya habitual saber de empresas a las que el concurso de acreedores les ha permitido recuperar la plena normalidad operativa o, por lo menos, preservar su unidad productiva. Una nueva forma de afrontar las insolvencias que, respondiendo a una vieja inquietud, adquiere consistencia con la reforma en 2022 de la ley Concursal, orientada a agilizar procesos y rescatar compañías viables mediante planes de reestructuración. Atrás quedan los tiempos en que los concursos sólo aspiraban a enterrar ordenadamente a la compañía que acababa en los juzgados.

Un ámbito que he conocido de cerca en dos momentos muy distintos. Hace alguna década viví un par de las entonces denominadas suspensiones de pagos; la experiencia bastó para querer alejarme todo lo posible de unos procedimientos confusos donde coincidían personajes insólitos, en ocasiones siniestros, a los que no importaba demasiado el futuro de las empresas.

Más recientemente, tuve la oportunidad de coincidir con el magistrado Luis Rodríguez Vega y sus colaboradores, cansados y dolidos de ver cómo las compañías concursadas acababan por cerrarse una tras otra pese a que, con algunas modificaciones legales, no pocas podrían salvarse. De ahí su convencido empeño en diseñar alternativas que pudieran reconducir las insolvencias temporales. Me admiraba su propósito y tenacidad, si bien me temía que todo el esfuerzo acabara por quedarse en un mero ejercicio de buenas intenciones.

Sin embargo, la perseverancia compartida de jueces y legisladores ha permitido alcanzar un nuevo marco concursal que da vida a muchas empresas que, en el contexto anterior, se hubieran visto abocadas a la desaparición. Un procedimiento que puede dar aún mejores resultados si el tejido empresarial asume con normalidad que, en determinadas circunstancias, el futuro de una compañía puede pasar por un concurso; si desde los juzgados se es capaz de priorizar y acelerar aquellos expedientes que afectan a empresas viables; si los acreedores públicos, Seguridad Social y Hacienda, adoptan una mayor flexibilidad en la defensa de sus intereses; y si se dota a los jueces de recursos y formación especializada para entender la creciente complejidad del mundo productivo y sus prácticas financieras.

De todo ello podemos sacar una conclusión, que va más allá de la ley concursal o la justicia en general. Abonados a reclamar grandes reformas, a menudo inconcretas, sustentadas en el consenso, casi siempre imposible, aparcamos la alternativa de apostar por la pequeña reforma; aquel ajuste continuo que surge de profesionales que padecen lo que no funciona y saben cómo reconducirlo. La mejora de los procesos concursales es un ejemplo paradigmático de buenas prácticas que también se dan en otros ámbitos, como la educación o la sanidad. Y más que abundarían si se dieran a conocer y se reconociera a sus impulsores. En resumen, una buena noticia.