El gobierno de Trump busca suspender los pagos de ayuda alimentaria del programa SNAP tras una orden judicial.
Los residentes de algunos estados de EE. UU. comenzaron a recibir el viernes la totalidad de su ayuda alimentaria SNAP, después de que un tribunal de apelaciones mantuviera, por ahora, una orden que obliga a la administración del presidente Donald Trump a financiar dichos beneficios en medio del cierre del gobierno estadounidense.
Un juez había dado a la administración republicana hasta el viernes para realizar los pagos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Sin embargo, la administración solicitó al tribunal de apelaciones que suspendiera cualquier orden judicial que le exigiera gastar más dinero del disponible en un fondo de contingencia, y que en su lugar le permitiera continuar con los pagos parciales del SNAP previstos para el mes.
Después de que el tribunal de apelaciones se negara a hacerlo, la administración Trump rápidamente pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que considerara su solicitud.
El programa de alimentación beneficia aproximadamente a 1 de cada 8 estadounidenses, en su mayoría personas de bajos ingresos.
Funcionarios de al menos media docena de estados confirmaron que algunos beneficiarios del SNAP ya recibieron el viernes los pagos completos de noviembre.
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“Las ayudas alimentarias están empezando a llegar de nuevo a las familias californianas”, declaró el gobernador demócrata Gavin Newsom en un comunicado.
En Wisconsin, más de 104 millones de dólares en beneficios alimentarios mensuales estuvieron disponibles a medianoche en tarjetas electrónicas para aproximadamente 337.000 hogares, según informó un portavoz del gobernador demócrata Tony Evers. El estado pudo acceder a los fondos federales con tanta rapidez gracias a que solicitó a su proveedor de tarjetas electrónicas de beneficios que procesara los pagos del SNAP pocas horas después de que un tribunal, emitido el jueves, ordenara la entrega de los beneficios completos.
Una nueva encuesta muestra que los estadounidenses están cada vez más preocupados por el cierre del gobierno y dispuestos a repartir la culpa.
La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, demócrata, dijo que los empleados estatales “trabajaron toda la noche” para emitir los beneficios completos de noviembre “para asegurar que cada familia de Oregon que depende del SNAP pudiera comprar alimentos” para el viernes.
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Funcionarios de Kansas, Nueva Jersey y Pensilvania también indicaron que actuaron con rapidez para distribuir la totalidad de los beneficios del SNAP el viernes, mientras que otros estados señalaron que esperaban que los beneficios completos llegaran durante el fin de semana o a principios de la próxima semana. Otros, en cambio, afirmaron estar a la espera de nuevas directrices federales.
La disputa judicial prolongó semanas de incertidumbre para los estadounidenses con menores ingresos.
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Una persona puede recibir un beneficio alimentario mensual máximo de casi 300 dólares y una familia de cuatro personas hasta casi 1.000 dólares, aunque muchas reciben menos que eso según una fórmula que tiene en cuenta sus ingresos.
Para algunos participantes del programa SNAP, seguía sin estar claro cuándo recibirían sus beneficios.
Jasmen Youngbey, de Newark, Nueva Jersey, esperaba en la fila el viernes en un banco de alimentos de la ciudad más grande del estado. Youngbey, madre soltera y estudiante universitaria, explicó que depende del programa SNAP para alimentar a sus hijos de 7 meses y 4 años. Sin embargo, su cuenta estaba a cero.
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“No todo el mundo tiene dinero en efectivo para sacar y decir: 'Vale, voy a ir a comprar esto', especialmente con el precio de los alimentos ahora mismo”, dijo.
Más tarde, el viernes, Youngbey dijo que recibió sus beneficios mensuales del programa SNAP.
Varios estados demandan a la administración Trump por exigir datos personales de los beneficiarios de cupones de alimentos.
Tihinna Franklin, una guardia de autobús escolar que esperaba en la misma fila frente al banco de alimentos de United Community Corporation, dijo que el saldo de su cuenta SNAP era de 9 centavos y que solo le quedaban tres alimentos en el congelador. Normalmente depende de los aproximadamente $290 mensuales que recibe en beneficios de SNAP para alimentar a sus nietos.
“Si no lo recibo, no comeré”, dijo. “El dinero que gano lo uso para pagar las facturas, el alquiler, la luz, mis cosas. No es justo para nosotras como madres y cuidadoras”.
Franklin declaró más tarde el viernes que había recibido al menos algunos de sus beneficios habituales del programa SNAP.
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Debido al cierre del gobierno federal, la administración Trump había declarado inicialmente que los beneficios del SNAP no estarían disponibles en noviembre. Sin embargo, dos jueces dictaminaron la semana pasada que la administración no podía suspender por completo los beneficios de noviembre debido al cierre. Uno de esos jueces fue el juez de distrito John J. McConnell Jr., quien ordenó el pago íntegro el jueves.
En ambos casos, los jueces ordenaron al gobierno utilizar un fondo de reserva de emergencia que contiene más de 4.600 millones de dólares para pagar el SNAP de noviembre, pero le dieron margen para recurrir a otros fondos para realizar los pagos completos, que cuestan entre 8.500 y 9.000 millones de dólares cada mes.
El lunes, la administración dijo que no utilizaría dinero adicional, argumentando que le correspondía al Congreso asignar los fondos para el programa y que el otro dinero era necesario para reforzar otros programas contra el hambre infantil.
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La orden judicial federal del jueves rechazó la decisión del gobierno de Trump de cubrir solo el 65% del beneficio mensual máximo, una decisión que podría haber dejado a algunos beneficiarios sin recibir nada este mes.
Esta semana en Washington: El cierre del gobierno estadounidense es el más largo de la historia.
En su escrito presentado ante el tribunal el viernes, la administración Trump sostuvo que la directiva del jueves de financiar la totalidad de los beneficios del SNAP contraviene la Constitución de Estados Unidos.
“Esta orden judicial sin precedentes ridiculiza la separación de poderes. Los tribunales no tienen ni el poder de asignar ni el poder de gastar”, escribió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su solicitud ante el tribunal.
En respuesta, los abogados de las ciudades y organizaciones sin fines de lucro que impugnan la administración de Trump dijeron que el gobierno tiene mucho dinero disponible y que el tribunal no debería “permitirles que sigan retrasando la entrega de asistencia alimentaria vital a las personas y familias que la necesitan ahora”.
Algunos estados afirmaron estar preparados para distribuir el dinero del SNAP lo más rápido posible.
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Massachusetts anunció que los beneficiarios del programa SNAP recibirán el pago completo de noviembre a partir del sábado. Nueva York informó que el acceso a los beneficios completos del SNAP comenzará el domingo. Nuevo Hampshire indicó que los beneficios completos estarán disponibles este fin de semana. Y Connecticut señaló que los beneficios completos estarán disponibles en los próximos días.
Las autoridades de Carolina del Norte informaron que el viernes distribuyeron pagos parciales del programa SNAP y que los beneficios completos podrían estar disponibles este fin de semana. Las autoridades de Illinois, Kentucky, Luisiana y Dakota del Norte también informaron que distribuyeron pagos parciales de noviembre.
En medio de la incertidumbre federal, el gobernador demócrata de Delaware, Matt Meyer, dijo que el estado utilizó sus propios fondos el viernes para proporcionar el primero de lo que podría ser un pago de ayuda semanal a los beneficiarios del SNAP.
Lieb informó desde Jefferson City, Misuri; Bauer desde Madison, Wisconsin; y Catalini desde Newark, Nueva Jersey. Los periodistas de Associated Press Sara Cline en Baton Rouge, Luisiana; Jack Dura en Bismarck, Dakota del Norte; Susan Haigh en Norwich, Connecticut; Heather Hollingsworth en Mission, Kansas; Anthony Izaguirre en Nueva York; Mingson Lau en Claymont, Delaware; John O'Connor en Springfield, Illinois; Gary D. Robertson en Raleigh, Carolina del Norte; y Tassanee Vejpongsa en Filadelfia contribuyeron a este informe.