Venezuela niega crímenes de lesa humanidad
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI) que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no cometió “crímenes contemplados en el Estatuto de Roma”.
La posición de Venezuela, según Delcy Rodríguez, fue expresada por ella durante una reunión con el fiscal de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien investiga presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014.
“Abordamos el caso conocido como Venezuela I y reafirmamos que en el país no se cometieron crímenes del Estatuto de Roma”, afirmó.
“En este contexto, reafirmamos nuestra voluntad de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y los planes de trabajo conjuntos de cooperación y asistencia técnica, siempre con base en la primacía de la jurisdicción nacional”, reveló también la vicepresidenta a través de la red social Telegram.
Rodríguez enfatizó que había destacado ante la fiscal de la CPI “la actuación responsable y profesional de las fuerzas de seguridad venezolanas en la defensa de la paz y la tranquilidad de la República y en la salvaguarda de los derechos de la población”.
La vicepresidenta también dijo que, “en el caso del criminal bloqueo contra Venezuela (Venezuela II)”, se refirió a un estudio publicado en The Lancet, que demuestra el impacto de las sanciones unilaterales de Estados Unidos “en la salud y la vida” de los venezolanos.
Esta investigación, que abarcó 152 países, concluyó que más de 564.000 personas, desproporcionadamente niños menores de 5 años y adultos mayores, mueren cada año como resultado de las sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos y otros países occidentales para promover una política de cambio de régimen. Esta cifra es similar a la tasa anual de mortalidad derivada de los conflictos armados, denunció.
Delcy Rodríguez también manifestó que llamó la atención de la fiscal sobre el lento avance de este asunto, que se inició hace más de 5 años a raíz de una denuncia presentada por Venezuela.
El 2 de agosto de 2025, la Corte Penal Internacional ordenó la remoción de su fiscal, Karim Khan, de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por tener “motivos razonables para creer” que existía un conflicto de intereses.
La decisión fue tomada por la Sala de Apelaciones de la CPI, que concedió al fiscal jefe del tribunal tres semanas para retirarse del caso y afirmó reservarse el derecho de buscar otras vías legales si las circunstancias así lo requirieran.
La Fundación Arcadia reveló esta semana el conflicto de intereses, es decir, la existencia de una relación familiar entre la suspendida fiscal de la CPI y una abogada que anteriormente representó a Nicolás Maduro ante la CPI, Venkateswari Alagendra.
La investigación contra el gobierno venezolano comenzó en 2018, cuando se presentaron denuncias de represión durante las protestas antigubernamentales de 2014.
En diciembre de 2021, la CPI anunció que había decidido iniciar una investigación sobre el gobierno venezolano por presuntas violaciones de derechos humanos, incluida presunta violencia contra la oposición y la sociedad civil.
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