No hay oro sin Duero

El IVDP tiene autoridad absoluta sobre la certificación de los vinos del Duero, excluyendo a los productores que no cumplan con sus estrictos estándares. Este monopolio fomenta una sobreproducción crónica de vino de Oporto, como se vio en la crisis de 2024, cuando 117 hectáreas de uva quedaron sin cosechar debido al agotamiento de las existencias y a la disminución de las ventas. Los grandes productores, con recursos para navegar por las laberínticas reglas del IVDP, prosperan, mientras que los pequeños productores de vino se ven discriminados por regulaciones monstruosas. El sistema, financiado en parte por los contribuyentes portugueses (muchos de los cuales ni siquiera beben oporto), redistribuye la riqueza para sostener una reliquia corporativista que sofoca la diversidad, la creatividad y la experimentación.

Tomemos como ejemplo el Reglamento de protección: dicta todo, desde los términos de etiquetado, como “Reserva”, hasta las densidades de plantación en viñedos (por ejemplo, 4.000 vides por hectárea con una tolerancia del 10%). Esta gestión meticulosa sustituye las señales del mercado por imposiciones burocráticas, obligando a los productores a una uniformidad que les impide innovar en función de los gustos de los consumidores. Los costos de cumplimiento (inspecciones, trámites y publicidad aprobada por el Estado) inflan los precios y desvían recursos de la modernización hacia oficinas frías y soleadas donde productores de vino mal pagados ejercen su oficio. El IVDP incluso controla las inspecciones a las bodegas, exigiendo el acceso irrestricto a las propiedades privadas y castigando el incumplimiento con sanciones como la cancelación de registros. Esto no es una garantía de calidad; es violencia contra la propiedad.

El control asfixiante del IVDP se puede ilustrar en su gestión de las uvas y los licores. En mayo de 2024, ante un excedente de uva sin vender, el IVDP prohibió las importaciones masivas de uvas, mostos y vinos de fuera de la Región Demarcada del Duero (RDD). Esta medida, que supuestamente pretendía proteger la autenticidad local, agravó la crisis, dejando a los productores sin medios para deshacerse de los excedentes u obtener materias primas más baratas. Mientras tanto, los precios pagados a los agricultores han caído a pesar de unas ventas de vino por valor de 624 millones de euros en 2024, lo que pone de relieve un mercado distorsionado por la intervención estatal. En un sistema libre, las uvas fluirían a través de las fronteras, equilibrando la oferta y la demanda y permitiendo a los pequeños productores competir a nivel global. En cambio, el proteccionismo del IVDP sostiene la ineficiencia al proteger una industria saturada de correcciones naturales.

El debate sobre los espíritus es igualmente revelador. El vino de Oporto necesita aguardiente de uva para detener la fermentación, históricamente importado por razones de coste y disponibilidad. Como el excedente de uvas se pudrirá en 2024, se han hecho llamados para que el IVDP permita que la producción local de brandy absorba el exceso y aumente los ingresos de los agricultores. El IVDP, al estudiar la posibilidad de este cambio, se aferró a su monopolio sobre las bebidas espirituosas importadas, imponiendo especificaciones de composición, pruebas isotópicas y sellado de lotes. Este proceso que consume mucho tiempo perpetúa la dependencia de bebidas espirituosas extranjeras, aumenta los costos y margina a los destiladores locales que podrían innovar si se liberaran de las restricciones burocráticas.

Las políticas aplicadas son injustificables. La prohibición de importar uvas distorsiona las cadenas de suministro. Los productores deberían tener la libertad de obtener o destilar bebidas espirituosas como mejor les parezca, según su elección, y la calidad debería estar determinada por la confianza del consumidor y por certificaciones privadas. En comparación, el chocolate suizo tiene mucho más éxito a nivel internacional y sólo tiene un tercio de los trámites burocráticos que implica el gobierno (los productores de chocolate tienen mucha más libertad).

El marco del IVDP, respaldado por leyes como la Ley N° 73/2019 y el Decreto-Ley N° 173/2009 (ambos son leyes de PS), revela su verdadera naturaleza: un cártel proteccionista. Casa do Douro, recientemente reconstituida como asociación pública de adhesión obligatoria (con un vergonzoso historial financiero), se beneficia de exenciones fiscales y privilegios regulatorios negados a competidores privados, inclinando el campo de juego a favor de entidades favorecidas por el Estado. El artículo 34 del Decreto-Ley nº 173/2009 exige un stock mínimo de 150.000 litros para los vendedores de vino de Oporto, erigiendo barreras de entrada que favorecen a los operadores tradicionales. El artículo 40 prohíbe la importación de uvas y mostos extranjeros sin la aprobación del IVDP, una barrera comercial que sacrifica la elección del consumidor en beneficio de los monopolios locales.

Se trata de ejercer el poder total. El plan de promoción de 2,1 millones de euros del IVDP para 2025, financiado por el gobierno nacional e instituciones supranacionales, apoyará a productores seleccionados que puedan promocionarse de forma autónoma a través de las redes sociales o asociaciones de exportación. Los burócratas, no los viticultores, surgen como los verdaderos consumidores netos de impuestos, canalizando el dinero público hacia un sistema ineficiente y propenso al favoritismo. La corrupción florece donde las reglas son arbitrarias y el gasto público es ilimitado, y los pequeños productores soportan las peores consecuencias mientras los grandes explotan las lagunas del sistema.

Los recursos desperdiciados en el cumplimiento podrían impulsar la modernización, la distribución y la comercialización , mientras que los pequeños productores, liberados de los mandatos del IVDP, podrían prosperar junto con los más grandes. Las importaciones de uva estabilizarían la oferta y la producción local de bebidas espirituosas podría crecer, guiada por incentivos del mercado. Los consumidores, no los reguladores, coronarían a los ganadores a través de sus billeteras.

El reinado del IVDP sobre la industria del vino del Duero es una reliquia de la planificación central desde 1755, que sofoca a un sector con poder real. Es el momento de liberar esta industria, rechazando categóricamente la mentalidad mercantilista centenaria con asociaciones privadas. Sólo mejorando las condiciones de trabajo podremos detener el éxodo continuo de la población de la región. De esta forma, los agricultores tendrían incentivos económicos para preservar las tradiciones, formar familias y hacer del Duero una tierra de riqueza y felicidad. La verdadera tradición y excelencia en la industria del vino del Duero reside en quienes crean trabajo y riqueza.