El TEPJF rechaza revisar el procedimiento administrativo contra consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde para que continúe el procedimiento administrativo contra tres integrantes actuales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que fue abierto hace más de cuatro años en represalia por votar a favor de posponer la consulta de revocación de mandato impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este caso inédito, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE decidió revivir, en septiembre pasado, un expediente abierto en diciembre de 2021 contra los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel, el cual derivaba de una queja presentada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna con la intención de castigar a los consejeros por haber votado a favor de aplazar la consulta. En esa ocasión, los consejeros consideraron que era imposible organizar la consulta, pues el INE no tenía recursos etiquetados para el ejercicio.

Una consejera impugnó ante el TEPJF la reapertura del expediente por parte del titular del OIC, Víctor Hugo Carventes Contreras, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral le dio la espalda, al desechar su recurso sin siquiera estudiar el caso.

La resolución, elaborada por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, lavó las manos al TEPJF, pues determinó que el procedimiento contra los consejeros no está vinculado con la materia electoral –porque el OIC “no es de naturaleza electoral”--, lo que hace al tribunal “legalmente incompetente” para pronunciarse al respecto.

“No significa que con este proyecto se esté confirmando alguna sanción”, expresó el magistrado durante la sesión. Gracias a esta resolución, los magistrados evitaron pronunciarse sobre un caso que ha causado una fuerte polémica en el pequeño mundo de las instituciones electorales, pues atenta por primera vez contra consejeros por sus votos. En caso de darle entrada a la impugnación, tendrían que fijar claramente su postura sobre el procedimiento administrativo.

De hecho, la magistrada Janine Otálora Malassis estuvo en franco desacuerdo con el argumento de Felipe Fuentes. Consideró que el asunto tiene todo que ver con la materia electoral, pues atenta contra la “garantía de independencia” del INE, por lo que el TEPJF debería estudiar el fondo del asunto en lugar de batearlo de entrada.

La magistrada, quien dejará su cargo el próximo 31 de octubre, advirtió que, con este precedente, “podría llegarse al extremo de validar implícitamente que con cada decisión del INE que sea revocada por el TEPJF, se encontraría una causa para presumir responsabilidad administrativa grave de sus integrantes y con ello habilitar una herramienta que vulnere los principios de imparcialidad e independencia”.

En otras palabras: según Otálora, existe el riesgo que, en el futuro, se persiga por la vía administrativa a consejeros que voten a favor de acuerdos que posteriormente sean revocados por el TEPJF, lo que representaría una presión indebida sobre los consejeros.

La presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, también consideró que el tribunal debería revisar el caso, pues están en juego los derechos político-electorales de los consejeros acusados. Según la magistrada, el hecho de que el OIC sea una instancia administrativa “no impide que se conozca de su actuación por este órgano jurisdiccional al evidenciarse una conexión directa con la materia electoral, dada la posible conculcación a los derechos político-electorales de una consejera”.

El proyecto de Fuentes recibió el respaldo de Felipe de la Mata Pizaña y de los magistrados Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, los dos nuevos integrantes de la Sala Superior, quienes resultaron electos en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio después de haber sido promovidos en los “acordeones”.

Tanto Valle como Guzmán afirmaron que el TEPJF no empujaría para sancionar a consejeros electorales, pero recalcaron que los tres acusados por el OIC deberían de impugnar el procedimiento ante “instancias competentes en materia de responsabilidades administrativas”.