¿Es realmente viable el plan de alquiler con opción a compra de 30.000 euros en España?

El primer ministro español, Pedro Sánchez, anunció recientemente un programa de alquiler con opción a compra de 30.000 euros para ayudar a los jóvenes a acceder al mercado inmobiliario, pero los expertos ya están planteando dudas sobre su viabilidad.
A mediados de septiembre, Sánchez anunció en el Congreso un paquete de ayudas de casi 30.000 euros por persona que se destinarán a programas de alquiler con opción a compra para jóvenes con dificultades para acceder a la vivienda.
Sin embargo, los expertos del mercado ya han puesto en duda el realismo de la idea y si podrá ayudar o no a los jóvenes en España.
Al anunciar el plan, Sánchez, cuyo Gobierno se ha comprometido a intentar resolver los problemas del mercado inmobiliario durante su segunda legislatura, afirmó: "Vamos a crear un nuevo sistema de ayudas al alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan vivir en una vivienda protegida de forma permanente durante años y, finalmente, adquirirla".
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El Ministerio de Vivienda español ha declarado que la ayuda se destinará a financiar viviendas de protección oficial, y que el alquiler abonado constituirá un anticipo para la compra. Además, está diseñada para evitar la especulación, por lo que si el propietario desea vender la vivienda en el futuro, deberá hacerlo a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos.
Aunque el anuncio puede ser alentador en teoría, en realidad los expertos se preguntan si es viable en absoluto, y gran parte de ello se debe a la oferta del mercado, es decir, a que no hay suficientes propiedades para que el plan funcione.
Según datos de Idealista, el portal inmobiliario líder en España , entre 2018 y 2025 solo se produjeron 632 viviendas de protección oficial en alquiler con opción a compra en toda España, mientras que en los últimos 15 meses apenas se han iniciado 65 unidades.
Idealista señala que, crucialmente, «estas propiedades conforman el parque total actual de viviendas que podrían ser compradas por jóvenes con la ayuda de 30.000 € que concederá el Gobierno. Además, en el primer trimestre de este año —últimos datos disponibles— no se ha iniciado ni una sola construcción de vivienda en régimen de alquiler con opción a compra en todo el país. Tampoco hay indicios de unidades terminadas».
En el caso de las viviendas de alquiler social con opción a compra con calificación provisional (es decir, que aún están en construcción y, por tanto, podrían acogerse a la medida en el futuro), el balance es aún más preocupante: tan solo 1.182 unidades construidas desde principios de 2024 hasta el pasado mes de marzo y 65 unidades en todo 2024.
Claramente, la gran idea de Sánchez necesita la construcción como respaldo. Carolina Roca, presidenta de la Asociación Madrileña de Promotores Inmobiliarios (Asprima), afirma que «las ayudas anunciadas para el Plan Estatal de Vivienda adolecen, una vez más, de un error conceptual: tenemos un problema de oferta de vivienda protegida, no de demanda. El Plan Estatal de Vivienda debería estar orientado a incrementar la construcción de vivienda protegida, por lo que las ayudas deberían destinarse a la oferta, no a la demanda. ¿Qué sentido tiene conceder 30.000 € de ayuda para una cifra en la que solo se construyen 65 viviendas al año?».
Miguel Córdoba, economista de la Universidad CEU San Pablo, tampoco le ve mucho sentido a la propuesta: «Por mucho que se ofrezcan este tipo de subvenciones, no se va a evitar el déficit de vivienda. Simplemente se gastará más dinero público… Si no hay vivienda asequible para alquilar o comprar, difícilmente se alquilará o comprará», añade.
Además, también existe cierta incertidumbre sobre si la ayuda estará exenta de impuestos o no.
Las informaciones recogidas en la prensa española apuntan a que no quedará automáticamente exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y fuentes jurídicas advierten de que, salvo que el texto legal lo establezca expresamente, la ayuda podría ser considerada una ganancia patrimonial o rendimiento del capital mobiliario, al tratarse de una subvención directa con cargo a fondos públicos.
Del mismo modo, el socio menor de la coalición de gobierno de Sánchez, el partido de extrema izquierda Sumar, ya ha expresado su preocupación sobre la viabilidad real de la medida , calificándola de "gesto vacío" y "medida estética".
La viceprimera ministra y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado la medida, argumentando que "las ayudas al alquiler son una transferencia directa al bolsillo de los arrendadores", y que "lo urgente es bajar los precios, y esta medida va en la dirección contraria".
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