El modelo tributario del país estaría llegando a su límite y no aguantaría otra reforma

Colombia estaría enfrentando un punto de agotamiento en su modelo tributario, según lo advierte el economista y exdirector de la Dian, Jairo Villabona Robayo, director del Grupo de Estudios Fiscales y Equidad (GEFE) de la Universidad Nacional, quien en su más reciente informe concluye que el sistema fiscal colombiano “ya no tiene capacidad de corregirse a sí mismo” y requiere trabajar con lo que se tiene, pero haciendo las cosas bien.

En un reciente informe, este analista aseguró que si bien hay múltiples razones por las que esto sucede, el diagnóstico es claro y apunta a que el país combina un bajo nivel de recaudo, un gasto tributario excesivo, una evasión generalizada y una estructura productiva débil que limita la base gravable. En palabras simples, el Estado recauda poco, concede demasiado y gasta más de lo que puede sostener.

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En primer lugar, el estudio cuenta que el déficit fiscal se ha casi duplicado desde 2019, pasando de niveles moderados (2,4% a 4% del PIB) a cifras históricas de entre 4,2% y 7,8% del PIB en el último quinquenio; aunque reconoce que durante la pandemia, el Gobierno debió aumentar el gasto para cubrir subsidios, estabilizar precios de combustibles y pagar deudas con Ecopetrol y el Fondo Monetario Internacional, lo que llevó la deuda neta a 60% del PIB, un salto de 12 puntos frente a 2019.

En este sentido, acota que aunque esas decisiones evitaron una crisis mayor en su momento, dejaron un rastro de vulnerabilidad fiscal; no hay que pasar por alto que solo el pago de las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ha costado más de $80 billones desde 2022, a lo que se suman $18 billones en subsidios de energía y gas, y $30 billones en el crédito con el FMI. Tres rubros que, por sí solos, superan el presupuesto anual del sector educación.

“El país no podrá recuperar la sostenibilidad fiscal si no toma medidas de fondo para aumentar el recaudo real y racionalizar los beneficios tributarios, que hoy erosionan gran parte de los ingresos potenciales”, sentenció Villabona.

Gasto tributario: el agujero invisible

Al referirse a las causas de este agotamiento fiscal, el análisis resalta un elemento no menor: el Gasto Tributario, es decir, los recursos que el Estado deja de percibir por exenciones, deducciones, descuentos o tarifas especiales. Según el GEFE, este es el principal factor que ha llevado al sistema al límite, dado que en Colombia, su magnitud es excepcional y ronda el 8,8% del PIB, equivalente a $135 billones, más del doble del promedio latinoamericano (4,7%).

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“El país es el que más dinero deja de recaudar por beneficios fiscales en toda América Latina. Buena parte de esos beneficios se concentran en sectores específicos, como el hotelero, la construcción o la agroindustria, y muchos se mantienen sin una evaluación de su efectividad o impacto social”, subraya Villabona.

Explicando mejor su punto, señalaron que para 2022, los gastos tributarios representaron el 56% de los ingresos potenciales del sistema, lo que significa que, por cada 100 pesos que el Estado podría recaudar, pierde $56 por decisiones legislativas; mientras que solo en el IVA, las exclusiones y exenciones costaron $77 billones, y en renta empresarial el costo fiscal llegó a $28 billones.

Por otra parte, advirtieron que el modelo tributario colombiano no cumple con los principios de equidad ni progresividad, ya que la carga impositiva se distribuye de manera inversa a la capacidad económica de los contribuyentes y mientras en la OCDE, el impuesto de renta de personas naturales representa el 83,5% del total recaudado y el de empresas solo el 16,5%, en Colombia ocurre lo contrario.

“Acá las personas pagan 18,4% y las empresas 81,6%. Es decir, el sistema se apoya sobre el sector productivo formal, mientras los hogares de mayores ingresos aportan proporcionalmente menos y por eso el resultado es una estructura regresiva, donde los impuestos indirectos como el IVA pesan más sobre los hogares de bajos ingresos, y donde la tributación no logra reducir la desigualdad”, dice el reporte.

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También señalaron que las tasas efectivas de tributación son altamente dispares y reseñando datos de la Dian, contaron que en 2019 el sector financiero pagó una tasa efectiva del 16,1%, mientras la nominal era del 33%. En contraste, la agricultura y la manufactura pagaron alrededor del 24 %, concluyendo que el sistema actual premia la intermediación y castiga la producción.

Evasión y debilidad institucional

A este cuadro se suma la evasión tributaria, que Villabona estima entre $90 y $100 billones anuales, equivalentes al 5,4% del PIB. Solo en el impuesto de renta empresarial se evaden cerca de $46 billones al año, y en el IVA, $30 billones; por razones que van desde la debilidad de la administración y la baja probabilidad de sanción; hasta la complejidad normativa y una cultura de tolerancia social frente al fraude fiscal.

“Aunque la Ley 1819 de 2016 tipificó la evasión como delito, los umbrales penales son tan altos, con más de 1.000 salarios mínimos, que la mayoría de los casos quedan impunes.Colombia prioriza el recaudo sobre el castigo. Quien evade puede conciliar con la Dian y evitar la cárcel pagando lo adeudado, una práctica que desincentiva el cumplimiento voluntario y mantiene la impunidad en niveles cercanos al 90%”, destacaron.

Otro síntoma del agotamiento del modelo es su inestabilidad normativa, punto en el que reseñaron que si bien entre 1990 y 2022, Colombia ha aprobado 22 reformas tributarias, una cada año y medio, ninguna ha logrado aumentar de forma sostenida el recaudo ni la presión fiscal, que sigue por debajo del promedio regional.

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“Mientras países como México o Chile realizan reformas cada década con visión estructural, Colombia ha convertido la tributación en un mecanismo de emergencia fiscal. Un sistema bien diseñado no requiere ajustes permanentes; cuando se reforma constantemente es porque no funciona”, advierte Villabona.

Por último, mientras el análisis sostiene que todo lo anterior deriva en una volatilidad que erosiona la confianza del contribuyente, genera inseguridad jurídica y fomenta la evasión, llama la atención sobre las falencias tecnológicas y de gestión en la Dian; dado que actualmente la entidad opera con más de 23 sistemas de información desarticulados, lo que genera errores, lentitud y riesgos de seguridad.

“El proceso de modernización financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$250 millones busca digitalizar y unificar la información tributaria, pero los avances aún son parciales. La falta de trazabilidad y los procesos manuales limitan la fiscalización y facilitan la evasión”, concluyeron.

Ante esto, los expertos del Grupo GEFE cerraron insistiendo en que no se trata solo de actualizar equipos, sino de construir una cultura institucional de integridad y control, con personal capacitado y herramientas de inteligencia artificial que permitan identificar patrones de riesgo en tiempo real.

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Así las cosas, el documento cerró diciendo que el país necesita un rediseño integral que combine eficiencia, equidad y sostenibilidad, con un control real al gasto tributario, una persecución penal efectiva de la evasión y una política industrial que amplíe la base gravable. De igual forma, que reconozca los errores que está cometiendo y que planee soluciones desde su modelo productivo.DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio