PS, PCP, Chega, PAN, IL y CDS proponen medidas de apoyo a los viticultores del Duero

Los proyectos de resolución fueron presentados al Parlamento después del 2 de julio, día en que los pequeños y medianos productores se manifestaron en Régua para alertar sobre las dificultades para transportar la uva y venderla a bajos precios, mientras los costos de producción aumentan.

«La Región Demarcada del Duero (RDD) se enfrenta a una profunda crisis en el sector vitivinícola, marcada por un exceso de existencias de vino, una reducción significativa de la rentabilidad de la producción de vino de Oporto y la imposibilidad de vender la producción de vino en los dos últimos años, lo que ha provocado la pérdida de ingresos y, en casos dramáticos, el abandono de uvas aún por cosechar», afirmó Rui Santos (PS), durante el debate en el pleno de la Asamblea de la República.

El parlamentario advirtió que la cosecha de 2025 podría ser aún más dramática que la de 2024, defendió una línea de apoyo financiero a los viticultores y dijo que "el mismo Estado que inyectó miles de millones para salvar a las empresas privadas no puede lavarse las manos cuando es el Duero el que clama ayuda".

La diputada Paula Santos (PCP) destacó la "pasividad del Gobierno ante la crisis que enfrenta el RDD" y la adopción de medidas urgentes como la fijación de precios mínimos indicativos, el mantenimiento del beneficio y la limitación de las importaciones de vino a granel.

El beneficio, que es la cantidad de mosto que cada productor puede destinar a la producción de vino de Poro, fue de 90.000 barriles (550 litros cada uno) en 2024 y 104.000 en 2023 y, para este año, el comercio propuso, en el consejo interprofesional del Instituto del Vino del Duero y de Oporto (IVDP), una reducción a 68.000 barriles.

Pedro Frazão (Chega) dijo que los productores del Duero están "hartos de promesas vacías", por lo que el partido propone una línea de crédito financiero, con intereses subvencionados, dirigida a cooperativas y empresas del Duero y que el Gobierno avance en la destilación del excedente de vino producido en la región y la utilización de este aguardiente para la producción de vino de Oporto.

Para Inês Sousa Real (PAN), la "respuesta pública está tardando en llegar" y, por eso, desafió al Gobierno a mayor claridad en la atribución de etiquetado y certificación, propuso que los excedentes de uva puedan ser adquiridos por los municipios y puestos a disposición en los comedores locales y también un plan para mitigar y adaptar el sector a los efectos del cambio climático.

Para IL, Mário Amorim Lopes afirmó que "el consumo mundial de vino de Oporto ha caído un 32%" desde el año 2000 y que "aumentar el beneficio en esta situación sería extremadamente irresponsable", por lo que aboga por un programa de reorganización voluntaria de la producción de vino en la RDA, que permitiría el arranque de viñedos con la reasignación de los derechos de beneficio a otras parcelas.

João Almeida, del CDS-PP, recordó medidas tomadas por el gobierno de Luís Montenegro, como el refuerzo de las inspecciones, la prohibición de entrada de productos vitivinícolas de fuera de la región y la desactivación de los fondos del IVDP, pero añadió que se deben seguir tomando medidas, por ejemplo, en la promoción internacional que ayuden a "dar salida a la producción a precios que remuneren efectivamente la actividad de los vinicultores".

Fernando Queiroga (PSD) afirmó que el foco "está efectivamente en resolver los problemas de la gente", añadió que el "Gobierno trabaja desde hace meses en un plan específico para el Duero" y destacó que la "prioridad es garantizar una renta justa a los productores".

Mariana Mortágua (BE) recordó la amenaza de aumento de tarifas por parte del presidente estadounidense, mientras que Jorge Pinto (Livre) pidió "nuevas soluciones" y Filipe Sousa (JPP) habló de un comerciante que dijo que era completamente inviable continuar en el mercado de la misma forma que el año anterior debido al stock lleno.

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