El Gobierno pospone hasta 2026 la norma que dificulta la actividad de los comercios en días festivos

El Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) ha prorrogado la entrada en vigor de la Ordenanza 3.665, que establece nuevas normas para el trabajo en días festivos en el comercio, hasta el 1 de marzo de 2026. La decisión se oficializó el martes (17), tras una moción en el Congreso para intentar revocar la medida. Con la nueva prórroga, el ministro Luiz Marinho afirma que el objetivo es "garantizar un plazo técnico para consolidar las negociaciones".

La vigencia de la ordenanza ya había sido aplazada varias veces, del 1 de marzo de 2024 al 1 de enero de 2025, y luego al 1 de julio de 2025, antes de la nueva prórroga hasta 2026.

¿Qué es la Ordenanza 3.665 y por qué se pospuso hasta 2026?

Publicada originalmente en noviembre de 2023, se prevé que la ordenanza, firmada por el ministro de Trabajo, Luiz Marinho, quien, al igual que el presidente Lula, tiene orígenes en el movimiento obrero, traiga más obstáculos a la vida de comerciantes y trabajadores. Su objetivo es restablecer la obligación de negociar colectivamente con los sindicatos para autorizar el funcionamiento del comercio en días festivos.

Según el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), la ordenanza busca armonizar la regulación del trabajo en días festivos con la Ley 10.101/2000, modificada por la Ley 11.603/2007. La legislación ya preveía la necesidad de un convenio colectivo entre empleadores y trabajadores, además del cumplimiento de la legislación municipal.

Con esta ordenanza se verían afectados directamente sectores como supermercados, farmacias, comercios ambulantes y de centros comerciales, restaurantes y panaderías, ya que la norma impide que el trabajo en días festivos se defina por acuerdos directos entre empresas y trabajadores o de forma permanente, requiriendo siempre la mediación sindical.

¿Por qué la medida podría suponer un revés para la economía?

Pese a la justificación técnica de la alineación a la ley, la medida genera un escenario de mayor dificultad y controversia para el funcionamiento del comercio, especialmente para aquellos que dependían de una regulación más flexible del Ministerio de Trabajo, como los centros comerciales.

Fortalecimiento de los sindicatos y el riesgo de “notariado” para que los comercios operen en días festivos

Los expertos advierten que la ordenanza aumenta la burocracia y los costos para las empresas, además de restarle autonomía a empleadores y empleados. Para Murilo Torelli, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, la nueva norma supone un retroceso que privilegia el movimiento sindical en detrimento de la libertad económica y la capacidad de generar ingresos.

Paulo Renato Fernandes, profesor de FGV Direito Rio, considera la medida un intento de "reprimir el problema, generando dificultades e ingresos para el sindicato", transformándolo en una "oficina notarial" donde las empresas deberán obtener un sello para operar. Esta intermediación puede burocratizar y encarecer el proceso, ya que los sindicatos pueden cobrar a las empresas por la firma de estos acuerdos, lo que genera preocupación por la posibilidad de que este cobro se vuelva obligatorio.

Menos libertad económica y autonomía para trabajadores y empresas

Algunos consideran que la ordenanza forma parte de una ofensiva gubernamental contra el sector privado y la libertad económica. Fernandes, de FGV Direito Rio, afirma que la medida "mata la libertad de las personas para estipular este tipo de trabajo", considerándola parte de una estrategia del actual Ministerio de Trabajo, orientada a una regulación intervencionista que obstaculiza las relaciones laborales y desconsidera la dinámica del mercado.

Impactos directos en los bolsillos de los trabajadores y el flujo de caja de las empresas

Para muchos trabajadores, especialmente aquellos que ganan comisiones, el feriado representa una oportunidad para aumentar sus ingresos. Si los negocios no pueden abrir por falta de convenios colectivos, estos trabajadores podrían perder la oportunidad de aumentar sus ingresos en días de mayor actividad.

Para las empresas, las consecuencias directas incluyen la pérdida de flexibilidad operativa, ya que la dependencia de las negociaciones sindicales compromete la capacidad de responder a las vacaciones y a los picos de consumo. También se produce un aumento de la burocracia, con la necesidad de verificar y cumplir la legislación municipal y mantener un diálogo continuo con los sindicatos.