Increíble: a través de un policía intentaron sobornar al juez que detuvo a un financista de Rosario que tenía un revolver de Rodolfo Galimberti

El viernes a la mañana en los tribunales de Rosario, el juez de garantías Marcelo Rodrígues Da Cruz estaba entrando apurando a su oficina cuando se le acercó un cabo de la Policía Federal le entregó un sobre y le dijo: “Doctor, perdón que lo moleste pero no lo quería dejar afuera” y le ofreció un sobre.

La frase encubría un increíble intento de soborno que sucede mientras el Consejo de la Magistratura decide si destituye al juez de Rosario, Marcelo Bailaque y luego de la indagatoria y orden de prisión preventiva del financista Fernando Whpei con una inhibición de bienes por 1500 millones de pesos, en una causa de corrupción judicial que se cruza con el narcotráfico y la política. Rodríguez Da Cruz es el juez que ordenó la detención de Bailaque y Whpei y ya recibió veladas amenazas de muerte.

El escándalo del juez Bailaque sigue creciendo aún luego de que Clarín comprobó en fuentes judiciales que el poderoso financista Whpei tenía un permiso vencido de tenencia de dos armas por parte de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR). Se trata de un revolver 38plg Smith & Wesson y una pistola Semiautomática 40plg Smith & Wesson.

Pero el dato explosivo es que el revólver 38 hasta 1994 perteneció al ex dirigente montonero de Rodolfo Galimberti fallecido en el 2002.

No es el único contacto político de Whpei, cabeza del grupo financiero Unión de Rosario. Una de las mutuales de este conglomerado con el nombre "Siempre Joven", giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los hoteles de la familia Kirchner. Además, en el pasado tuvo abogado al expresidente Alberto Fernández y dirige el Museo de la Democracia en Rosario y con el sindicalista "Vino Caliente".

En una carta dirigida a la Directora de la Oficina Judicial del Distrito Rosario, Valeria Malgioglio, Rodríguez Da Cruz -que por aplicación del sistema acusatorio actúa como juez de instrucción- pidió el “inmediato apartamiento de un Cabo 1° de la Policía Federal” por ofrecerle ese sobre. El cabo de la Policía Federal fue retirado por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su nombre se mantiene en reserva a la espera del resultado del sumario.

El pedido “obedece al comportamiento evidenciado por el funcionario policial” el viernes pasado cuando a las 9 horas y en momentos en que procedía a ingresar al tribunal me interceptó", dice la carta según las fuentes.

Al acercarse, le manifestó "Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera",", a lo cual le respondí que "no entendía lo qué me estaba diciendo", revelaron a Clarín fuentes judiciales.

Ante la duda del magistrado, el policía le explicó que “el otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero", en alusión al martes en que se le había dictado la prisión preventiva al financista Fernando Whpei.

El juez Rodrígues Da Cruz le contestó que no entendía qué le estaba manifestando y que “lo sucedido no correspondía de ninguna manera". Entonces, el cabo le respondió "que esto era de estilo y que me quería contar para no dejarme afuera"..

Sorprendido por la oferta, el juez le reiteró que "no me parecía apropiado lo que había sucedido" y le explicitó que "no me tenía que dejar adentro o afuera de nada porque no compartía en absoluto lo que pasó". El juez no quiso abrir el sobre para ver cuánto dinero contenía por las consecuencias legales que habría tenido y las dudas que habría generado, explicaron las fuentes.

“Las circunstancias mencionadas, acaecidas con posterioridad a una audiencia celebrada el día martes 13 de mayo pasado en un caso de relevancia institucional -en la que resultó parte afectada Fernando Elías Whpei- y la necesidad de que todos los funcionarios que intervienen guarden el decoro profesional y ético pertinente, imponen comunicar lo sucedido y requerir el inmediato apartamiento del Cabo 1° de la Policia Federal Argentina de sus funciones ante la Oficina Judicial Rosario”, escribió Rodrígues Da Cruz.

Luego remitió una copia de la carta al titular de la DUOF Rosario de la Policia Federal Argentina a fin que “labre las actuaciones administrativas pertinentes; como así también, a la titular del Área Atención Inicial de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación ante la posible comisión de un delito de acción pública”, por intento de soborno.

Mientras tanto, Rodrígues Da Cruz dispuso el 30 de abril la prisión preventiva de Bailaque que aún no se efectivizó porque como juez tiene fueros e inmunidad de arresto que solo se la puede quitar el Consejo de la Magistratura de la Nación tras un juicio político.

El presidente de la comisión de Juicio Político de la Magistratura, el senador por Córdoba Luis Juez, dijo a este diario que busca "una rápida resolución" de la acusación. A todo esto, el diputado del PRO Alvaro Gonzalez apura por motus propio la acusación contra Bailaque para poder iniciarle el jury, retirarle los fueros y que vaya preso, contaron fuentes del organismo a este diario.

Gonzalez tiene “avanzado el proyecto pero ya lleva más de 100 páginas escritas y esta semana iba a intentar presentarlo”. Sucede que hubo que desgrabar las audiencias de Rosario que fueron orales y el trámite retrasó la acusación.

El jueves pasado, el juez Rodrígues Da Cruz ordenó la detención del financista Whpei (61 años), acusado de haber participado de manera coordinada junto al juez federal Marcelo Bailaque y el ex titular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna para extorsionar a un empresario. En su resolución, el juez Rodrigues Da Cruz consideró a Whpei "coautor penalmente responsable", y lo acusó de "tener el control de la maniobras extorsivas". y aceptó la advertencia del titular de la PROCELAC, Diego Velasco, que se podría escapar u obstruir la investigación. Velasco es parte de un equipo de fiscales que investiga el caso.

La acusación de los fiscales

Bailaque, Vaudagna y Whpei están imputados por la presunta coacción a Claudio Iglesias, un agente bursátil a quien, según la acusación, iban a cobrarle una suma de USD 250.000 a cambio de desactivar una causa armada por evasión impositiva. La víctima estaba cerca de ser nombrada presidente del directorio de una firma de seguros, y los acusados amenazaban con dañar su reputación de cara a ese nombramiento.

A Whpei también se le atribuyó haber recibido una suma millonaria de parte de Bailaque, quien había intervenido la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín del sindicalista Hermes "Vino Caliente" Juárez, y destinarle mil millones de pesos de fondos bloqueados de la mutual de sindicalista en lugar de girarla a una entidad regulada por el Banco Central.

En esta megacausa, Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.

La resolución se tomó en el marco de tres legajos penales donde se lo investiga por conductas contrarias a derecho como titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad.

Rodrígues Da Cruz había hecho lugar a las imputaciones que expusieron, conjuntamente, el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari.

De la audiencia sobre Bailaque también participaron el fiscal general interino con funciones de coordinación del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo; los titulares de la PROCUNAR, Diego Iglesias; de la PROCELAC, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

En una de las causas, se cuestiona a Bailaque por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que se investiga desde 2013. Los Alvaro son los enemigos de las banda de Los Monos en Rosario.

En ese caso, se detalló evidencia y constancias sobre la cronología de las omisiones del magistrado, lo cual demoró el tratamiento de la causa. Entre ellas, rechazar intervenciones telefónicas sobre los investigados, medidas previas sobre la inhibición de sus bienes, rechazar la acumulación de una causa por asociación ilícita que tramitó una fiscalía provincial. Además, Bailaque tenía como asesor contable personal a Gabriel Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas Alvarado y a su exmujer.

En ese tramo de la audiencia, el fiscal Argibay Molina le imputó al juez “haber realizado de manera coordinada con el empresario Fernando Whpei y con el extitular en Santa Fe de la ex Administración Federal de Ingresos Público (AFIP, hoy ARCA), Carlos Vaudagua, desde 2019 y hasta por lo menos noviembre de 2024, unas serie de actos que implicaron la utilización de las facultades de la exAFIP y del Poder Judicial de la Nación paras iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, tanto administrativas como judiciales contra Claudio Iglesias y otros con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión sobre ellos y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”.

Por su parte, los fiscales Sergio Rodríguez, de la PIA, y Diego Velasco, de PROCELAC, solicitaron medidas cautelares patrimoniales y personales, ante la gravedad de los hechos expuestos y la verosimilitud de la hipótesis delictiva desarrollada.

Rodríguez cuantificó en más de 1.400 millones de pesos el posible monto de beneficio ilícito obtenidoo, perjuicio generado en los diferentes casos, multas y costas judiciales. Por este motivo, solicitó para su aseguramiento el embargo preventivo de cinco inmuebles, una camioneta y una embarcación. Además, requirió la inmovilización de cuatro cuentas bancarias de Bailaque, excluyendo la cuenta sueldo. Por último y en forma subsidiaria, solicitó la inhibición general de bienes para el imputado Bailaque, a lo que accedió el juez Rodrígues Da Cruz.

En esa audiencia. Bailaque no aceptó contestar preguntas por parte de fiscalía. Rechazó las acusaciones, admitió su vínculo personal con el contador Mizzau, y negó alguna relación con el jefe narco Alvarado. “No me pueden asociar con el mundo narco”, finalizó.