Marchena versus Bolaños

El juez Marchena estuvo hace unos días en Barcelona. En realidad, casi no pisó la calle. Acudió a pronunciar una conferencia en la Escuela Judicial y regresó enseguida a Madrid, no sin antes recibir algún insulto por lo bajini en el andén de la estación de Sants. El magistrado que presidió el juicio a los líderes independentistas solía acudir al Liceu cuando era una persona anónima, pero ahora no podrá presentar en esta ciudad su primer libro dirigido al gran público (cuenta con publicaciones de carácter técnico), “ La justicia amenazada ”. El título partió de la editorial, Espasa, aunque el autor no solo lo aceptó, sino que esa expresión figura en la introducción.

Pero en la portada ocupa más espacio el nombre del juez. Manuel Marchena se ha convertido en un magistrado mediático, le pese o no a él, que siempre ha criticado que los togados se erijan en figuras políticas controvertidas como fue el caso de Baltasar Garzón. Su nombre saltó a la luz pública con la revelación de un whatsapp del senador del PP Ignacio Cosidó en el presumía de que le habían colado al PSOE como presidente del Tribunal Supremo a un juez que controlaría “por la puerta de atrás” a la Sala que juzgaría a los políticos del procés .

“El fiscal general no puede ser el entusiasta asesor jurídico del partido del Gobierno”, dice Marchena

Marchena rechazó el nombramiento y Pedro Sánchez publicó en Twitter: “La renuncia de Marchena demuestra que era idóneo para presidir el CGPJ y el Supremo. Ensalza su prestigio e independencia. Entiendo su decisión y agradezco su compromiso”. Era noviembre de 2018. Luego llegó el juicio y la sentencia del procés . Marchena se convirtió en la bestia negra del independentismo, pero también de sectores muy conservadores que lo consideraron tibio. Las condenas del procés están pendientes de la justicia europea y en el Supremo temen que las consideren desproporcionadas. En la Sala de Marchena creen que la ley de amnistía abona esa tesis. Entre el alto tribunal y el Gobierno se ha alzado un muro insalvable, enmarcado en el choque entre el PP y el PSOE.

La tensión entre los dos bloques ha ido adquiriendo tintes dramáticos. Aznar reclamó: “el que pueda hacer, que haga” y Feijóo insiste en el Congreso en el “váyase, señor Sánchez”, mientras que el presidente está convencido de que se le intenta acorralar mediante el acoso judicial a su esposa y su hermano o ahora la filtración de los whasapps de José Luis Ábalos con comentarios despectivos suyos sobre otros compañeros de partido. En la Moncloa dibujan a un Sánchez renacido tras los cinco días de abril del año pasado, determinado a dar la batalla a quienes quieren hundirle. La contraofensiva abarca el plano judicial, el poder de las grandes empresas y el ámbito mediático. El judicial está comandado por el ministro Félix Bolaños, que impulsa reformas para restar capacidad de influencia a los conservadores.

En su libro, Marchena expresa su parecer sobre algunas polémicas, aunque de forma sutil. Solo mostrar sus preferencias sobre el modo de elección del fiscal general o de los vocales del Poder Judicial justo cuando Bolaños trata de introducir cambios constituye toda una declaración de principios. El juez desliza opiniones que, por ellas mismas, son de sentido común, pero que adquieren un significado distinto si se aplica a la actualidad, como esta frase: “El fiscal general del Estado no puede ser el entusiasta asesor jurídico del partido que apoya al equipo del Gobierno”. Quien ostenta hoy ese cargo, Álvaro García Ortiz, está siendo investigado por la supuesta filtración sobre el caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso y mantiene un pulso brutal con el Supremo. Esta misma semana Bolaños ha presentado un proyecto para que los fiscales generales sean elegidos por cinco años en lugar de cuatro, como forma de desvincularlo de los mandatos gubernamentales.

Marchena se pronuncia sobre las acusaciones populares, que Bolaños quiere acotar ante el abuso de esa figura por parte de la ultraderecha. El juez la defiende para combatir “la tentación inhibitoria” de una Fiscalía dependiente del Gobierno. Sin embargo, aunque critica en su libro la apariencia de parcialidad del fiscal general, admite que no hay una fórmula infalible para evitarlo: “La experiencia a indica que la imparcialidad del fiscal general tiene mucho que ver con su talante personal. La sociedad española sigue instalada en una confianza mágica en las reformas legislativas”.

Algo parecido ocurre cuando aborda la elección del Consejo del Poder Judicial. El PP exige que sea elegido por los jueces, pero Marchena admite que eso tampoco es la panacea y culpa del bloqueo a los políticos por su escaso respeto por las formas: “Bastaría con un compromiso político que adecentara el proceso de negociación y evitar alas suspicacias acerca del manoseo del órgano de gobierno de los jueces”.

En la misma línea de reprochar a los políticos la mala imagen de la judicatura –“el principal problema nace de las dificultades de la clase política para criticar y valorar resoluciones judiciales”, sostiene–, Marchena se queja de “la deslegitimación con que políticamente se ha criticado al Tribunal Supremo, hasta el punto de pretender explicar sus resoluciones como expresión de lawfare ”. La referencia al lawfare fue introducida en el documento firmado por el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. Carles Puigdemont exigía incluirla en la ley de amnistía, pero Bolaños la relegó al acuerdo político. Aun así, en el tribunal cayó como una bomba.

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El autor defiende a la judicatura y descarga la responsabilidad en los políticos, mientras que el Gobierno acusa a algunos jueces de contribuir a una persecución del presidente para provocar su caída. La paradoja es que Marchena haya publicado un libro en el que critica que los partidos contribuyan a dañar la imagen de los jueces al tiempo que ese mismo gesto es interpretado por algunos como un paso del juez hacia la política. Sin duda, continuará…