Lo que viene para el sector salud tras el triunfo de Abelardo de la Espriella: choque institucional y giro hacia un modelo de estabilización

El sector salud en Colombia entraría en una fase de intervención intensiva y estabilización pragmática tras el triunfo de Abelardo de la Espriella, como nuevo presidente de Colombia, según un análisis ejecutivo de la consultora Capitol. El documento plantea que el nuevo gobierno priorizaría la atención de la crisis coyuntural del sistema por encima de transformaciones estructurales, con énfasis en desabastecimiento de medicamentos, deuda acumulada, gobernanza institucional y acceso oportuno a servicios.

La lectura general del escenario, según Capitol, describe un enfoque político-pragmático orientado a “superar la crisis coyuntural del sistema de salud”. En el centro de ese enfoque aparece la atención urgente de la crisis de acceso, particularmente en la oportunidad de citas, cirugías y entrega de medicamentos, así como la disponibilidad de tecnologías para enfermedades de alto riesgo. El análisis coincide en que este punto se convertiría en la primera línea de acción del gobierno, dada su incidencia directa en la continuidad de la atención y en la presión sobre el sistema hospitalario.

Uno de los elementos más relevantes del escenario planteado es la decisión de movilizar recursos por el orden de $10 billones para el pago parcial de obligaciones acumuladas del sistema. De acuerdo con Miguel Herrera, director de Capital, esta operación tendría un despliegue acelerado en los primeros 90 días de gobierno, con un desembolso inicial de $3 billones dirigido a proveedores de tecnologías y prestadores, lo que permitiría aliviar tensiones de liquidez tanto en clínicas y hospitales como en la industria farmacéutica.

El impacto de este flujo de recursos se complementaría con ajustes en la relación financiera entre actores del sistema. Herrera advierte que la normalización de pagos también permitiría reactivar la operación de las entidades aseguradoras, al tiempo que se busca recuperar su capacidad de gestión del riesgo financiero dentro del modelo vigente.

En paralelo, el análisis plantea un proceso de estabilización del aseguramiento basado en decisiones administrativas más que legislativas. Esto incluye la continuidad de intervenciones a EPS bajo criterios técnicos, junto con una despolitización de dichas medidas. El objetivo sería reducir incertidumbre institucional y devolver previsibilidad al flujo de recursos y a la operación del sistema.

Otro eje central del diagnóstico es la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), considerada clave para ajustar la relación entre financiamiento y demanda real de servicios. Según Herrera, este ajuste permitiría dar mayor sostenibilidad operativa a las EPS y mejorar la planeación del gasto en salud sin alterar el esquema general del sistema.

El análisis también coincide en que el gobierno buscaría reforzar los mecanismos de control y eficiencia del gasto, especialmente en la compra de tecnologías de alto costo. La estrategia contempla negociaciones centralizadas para reducir precios a cambio de asegurar volúmenes de compra, con impacto directo en el control del gasto público.

En materia de gobernanza, tanto Capitol como Herrera coinciden en una reconfiguración técnica de las instituciones del sector, con énfasis en la reducción de la influencia política en entidades clave como el Ministerio de Salud, el Invima y el Instituto Nacional de Salud. Este ajuste estaría acompañado por una mayor focalización del rol del IETS en la evaluación de tecnologías sanitarias.

Adicionalmente, el análisis plantea que la relación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales se orientaría hacia un esquema más técnico y basado en resultados en salud pública, con mayor interoperabilidad y seguimiento de indicadores de desempeño.

Un elemento transversal del escenario es la seguridad jurídica del sistema. Herrera subraya que la estrategia del nuevo gobierno no implicaría una reforma estructural, sino una reorganización dentro del marco de la Ley 100 de 1993, manteniendo el modelo de aseguramiento mixto y la coexistencia de actores públicos y privados bajo reglas estables.

Finalmente, el informe coincide en que la prioridad del nuevo ciclo político en salud estará determinada por la capacidad de ejecutar medidas de choque que reduzcan la presión inmediata del sistema, estabilicen el flujo de recursos y permitan recuperar condiciones mínimas de operación en el corto plazo, mientras se consolida una fase de ajuste regulatorio sin cambios legislativos de fondo.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros