Financiación singular, la cuadratura del círculo

No salen las cuentas para dar más fondos a Cataluña sin quitárselos al resto de CCAA ni al Estado.
La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para cumplir su compromiso con los separatistas de conceder una financiación "singular" a la Generalitat catalana es el equivalente político a la cuadratura del círculo. El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero defiende que conceder más recursos de forma estructural al ejecutivo de Salvador Illa no perjudicará al resto de comunidades que actualmente forman parte del régimen común, ni dañará las arcas públicas.
Sin embargo, el diagnóstico de los analistas y economistas es opuesto, pues alertan de que dar un cupo a Cataluña drenaría hasta el 1,5% del PIB al año, unos 24.000 millones de euros, a la Administración central. ¿Va el Estado a recortar sus gastos en la misma medida? ¿O disparará el recurso al endeudamiento público, ya en máximos, para costear los pagos de Sánchez al separatismo? ¿Y cómo va a compensar al resto de comunidades para mantener el principio de igualdad entre territorios a la hora de financiar sus servicios públicos?
Por si fuera poco, las dificultades técnicas pueden frenar el despliegue del nuevo sistema de financiación para la Generalitat catalana. Los inspectores fiscales avisan de que segregar de la Hacienda estatal las labores de recaudación y supervisión que se realizan en Cataluña incidirá sobre la lucha contra el fraude tributario y puede generar conflictividad entre los funcionarios afectados por la cesión de competencias a la nueva Agencia Tributaria catalana. Junto a ello, surgen dudas respecto al impacto de la financiación singular sobre el control del déficit y la deuda pública.
La Generalitat catalana es actualmente la Administración territorial que arrastra un mayor volumen de endeudamiento con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica debido a una deficiente gestión presupuestaria y a la sempiterna reivindicación de falta de recursos, a pesar de que los diferentes informes independientes han señalado que Cataluña es una de las regiones más beneficiadas por el modelo de financiación autonómica vigente.
Tampoco el encaje político del pacto fiscal se antoja sencillo pese a la propuesta de extenderlo al resto de regiones que lo soliciten, habida cuenta del rechazo unánime del resto de gobiernos autonómicos (incluidos los que dirige el PSOE como Asturias y Castilla-La Mancha), de algunos grupos parlamentarios minoritarios, y de Junts, que se opone al cupo pactado por PSOE y PSC con ERC por considerarlo insuficiente.
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