Ayotzinapa se quiebra: Renuncia el Fiscal especial del caso

Rosendo Gómez Piedra ha dejado su cargo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, una decisión que profundiza la crisis en una de las investigaciones de derechos humanos más sensibles y emblemáticas de la historia reciente de México.

La ya tortuosa búsqueda de verdad y justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sufrido un nuevo y devastador revés. Rosendo Gómez Piedra, quien encabezaba la fiscalía especial dedicada al caso, presentó su renuncia este martes, confirmando los rumores que circulaban desde hace meses y sumiendo la investigación en una profunda incertidumbre.

La salida de Gómez Piedra no es un hecho aislado. Se produce en un contexto de crecientes críticas por parte de los padres de los normalistas y de organizaciones de derechos humanos, quienes han denunciado una falta de avances significativos, estancamiento en las líneas de investigación y una presunta falta de voluntad política para llegar al fondo del asunto.

La posibilidad de un cambio en la titularidad de la fiscalía especial ya había sido adelantada por la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo pasado. La gestión de Gómez Piedra, quien asumió el cargo en 2022 tras la controvertida salida de Omar Gómez Trejo, estuvo marcada por la desconfianza de las familias de las víctimas.

Las principales críticas se centraron en:

• Falta de Resultados: A pesar de las promesas del gobierno de esclarecer el caso, no se han producido sentencias condenatorias firmes contra los autores intelectuales del crimen.
• Conflictos con el GIEI: La relación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se deterioró, culminando con la salida del grupo del país tras denunciar obstrucción por parte de las fuerzas armadas.
• Liberación de Implicados: Varias decisiones judiciales han resultado en la liberación de decenas de implicados, incluyendo militares, lo que ha sido interpretado por las familias como un signo de impunidad.

La renuncia de Gómez Piedra se enmarca en un complejo entramado político. El caso Ayotzinapa ha sido una herida abierta para tres administraciones federales, y su resolución se ha convertido en una prueba de fuego para la credibilidad del Estado mexicano.

Analistas políticos señalan que la salida del fiscal podría ser una estrategia del gobierno para «resetear» la investigación de cara a la opinión pública y a los organismos internacionales, nombrando a un nuevo titular que genere mayor confianza. Sin embargo, también existe el riesgo de que este cambio solo sirva para dilatar aún más el proceso y perder la continuidad de las pocas líneas de investigación que aún estaban activas.

La gran incógnita sigue siendo el papel del ejército en la noche de Iguala. Las familias y los expertos independientes han insistido en que el acceso a los archivos militares es crucial para esclarecer lo sucedido, una demanda que hasta ahora ha encontrado una fuerte resistencia institucional.

Para los padres y madres de los 43 normalistas, esta renuncia es un golpe más en su larga y dolorosa lucha. Representa la incertidumbre de tener que empezar de nuevo, de reconstruir la confianza con un nuevo equipo y el temor de que la verdad se aleje cada vez más.

El gobierno enfrenta ahora la monumental tarea de nombrar a un sucesor que no solo tenga la capacidad técnica para dirigir una investigación de esta magnitud, sino que también posea la independencia y la credibilidad necesarias para ser aceptado por las víctimas. De lo contrario, la herida de Ayotzinapa seguirá sangrando, como un recordatorio constante de la deuda del Estado mexicano con la justicia.