Vivienda ejecutó solo el 32% de su presupuesto el año pasado, el que menos de entre todos los ministerios

El compromiso del Gobierno con la vivienda como eje central de su política social no está logrando trasladarse, al menos por ahora, a la ejecución real del Presupuesto del Estado. Aunque el Ejecutivo ha anunciado planes ambiciosos —como la construcción de 40.000 viviendas públicas a través de una nueva empresa estatal o la movilización de suelo público para aumentar la oferta de alquiler asequible—, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es el departamento con menor grado de ejecución presupuestaria de los 22 departamentos que forman el Gobierno. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a cierre de 2024 solo se habían reconocido el 32,7% de las obligaciones sobre el crédito disponible. Este desfase entre los anuncios políticos y la realidad contable añade presión sobre una cartera clave para afrontar uno de los retos más urgentes del país: el acceso a la vivienda digna.

Desde Vivienda y Agenda Urbana destacan el dato resultante de contrastar los gastos comprometidos sobre el presupuesto, que en 2024 asciende al 95,4%. Aseguran que al ser “pagadores de subvenciones y de ayudas a otras Administraciones” —principalmente comunidades autónomas, gobiernos locales, y otras entidades— su ejecución depende de la justificación y presentación de documentos que permitan pagar los importes. Lo que diferencia a este porcentaje de realización respecto al que tiene en cuenta las obligaciones reconocidas, más habitual para comparar la ejecución. El ministerio defiende que su cálculo arroja una ejecución mayor porque aunque los recursos están asignados, el desembolso continúa pendiente. “Ese monto ya está en la caja esperando para ellos, da igual pagarlo este año o el siguiente, pero no se les puede dar dinero si ellos no acreditan que han construido, es contra justificación”, afirman. Otras fuentes contables explican que mientras no haya justificación no se puede considerar ejecutado.

El Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador de Fedea, Diego Martínez López, prefiere la “visión ortodoxa” del presupuesto y reconoce que si bien “el gasto comprometido tiene que llegar a algún sitio”, la ejecución se limita a los pagos realizados.

El economista y consultor inmobiliario, Alejandro Inurrieta, describe a Vivienda y Agenda Urbana como un órgano “vacío desde el punto de vista presupuestario”, dado que es “más financiador y casi no tiene capacidad ejecutora”. Explica que Vivienda “no construye viviendas como tal, sino que da préstamos a otras administraciones o a entidades financieras; no tienen un programa como puede ser Transportes con el de obra pública”. Añade que la capacidad de ejecución presupuestaria se limitaría en el caso de algunos programas de rehabilitación o de suelos públicos “que son muy lentos porque en muchos casos dependen de la tramitación de licencias”. Y sugiere la falta de convenios entre estamentos como otra de las posibles causas de la ejecución limitada.

La lentitud del gasto del ministerio se produce en un contexto de Presupuestos Generales del Estado prorrogados por segundo año consecutivo. El Gobierno lleva sin aprobar unas cuentas públicas nuevas desde 2023, justo antes de la convocatoria electoral, y esta legislatura aún no ha visto nacer una nueva guía de gastos e ingresos públicos. Esta circunstancia complica la práctica presupuestaria porque las partidas están sin actualizar.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de la baja ejecución presupuestaria de este ministerio es la línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el impulso de la vivienda social, la partida más cuantiosa del Presupuesto del Ministerio de Vivienda en 2024, dotada con 2.200 millones de euros. Pese a que la línea fue activada mediante un convenio con el instituto financiero público en julio de 2024, los datos de ejecución presupuestaria reflejan que, hasta diciembre, no se había utilizado ni un solo euro de esa partida: ni se ha reconocido ninguna obligación, ni se ha efectuado ningún pago, según el informe de la IGAE.

Según explican varios interventores, esto se debe a que, aunque el ICO puede ya firmar operaciones con promotores, los fondos no se contabilizan como gasto presupuestario hasta que se formalicen los préstamos y se liberen efectivamente los recursos, por eso aunque ya se han producido algunos pagos no se reflejan en los registros oficiales.

Fuentes del ICO señalan que hasta ahora se han aprobado 59 operaciones que han movilizado 726 millones de euros para financiar más de 6.000 viviendas. Estos montos ya han sido pagados y están en manos de las constructoras y promotoras, asegura el ICO, por lo que podrían añadirse al cálculo de ejecución del año pasado para buscar una foto más precisa. De este modo, la ejecución presupuestaria ascendería al 50%, aunque aun así el ministerio seguiría teniendo el grado de realización más bajo.

El ICO también explica que los fondos previstos para el impulso de la vivienda social han crecido ―hasta el primer trimestre de 2025― en 1.100 millones más, hasta alcanzar los 3.300 millones en total, que se reflejan en las cuentas de este año. Fuentes del organismo público explican que, junto a los 726 millones ya aprobados, hay otros 1.600 millones que actualmente están en fase de estudio y revisión destinados a construir más de 50 promociones de viviendas. Pero estos aún ni siquiera están adjudicados y no podrían computar en la ejecución presupuestaria.

El Ministerio de Vivienda explica que sobre estos créditos del ICO que “el arranque fue muy lento porque había que cerrar convenios con bancos, pero ahora ya hay un mayor ritmo” y matizan que esta partida no es de ejecución anual, por lo que queda hasta 2026 para liberar esos recursos, que ya ascienden a 3.300 millones. “Es un producto muy complejo, no son subvenciones sino préstamos, y, por tanto, ha requerido de numerosas interacciones con la Comisión Europea para asegurarnos de que cumplíamos todos los requisitos”, describen. El ICO cuenta con la colaboración de las entidades financieras para canalizar la línea que bebe de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Actualmente, hay siete entidades adheridas a este programa y ya se ha formalizado financiación para construir 120 viviendas, según fuentes ministeriales. En tanto, desde de la entidad de crédito detallan que pese a la complejidad de los requisitos ―que incluyen entre otros la sostenibilidad y eficiencia energética de los inmuebles, o el blindaje de las viviendas al alquiler asequible por un periodo mínimo de 50 años―, los recursos para las promotoras están garantizados, ya vengan de los fondos europeos o del mismo ICO.

Además de esta rúbrica de la línea de crédito del ICO, la intervención del Estado clasifica en su informe de diciembre de 2024 que el resto de partidas del ministerio tampoco destacan por su alto grado de ejecución. Es el caso de los recursos para la ordenación y fomento de la edificación (45,7%), la rehabilitación, recuperación económica y social de entornos residenciales (46,3%), o la construcción de vivienda de alquiler social y edificaciones con energía eficiente (51,7%). La partida de promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda (92,8%) es la única que se desprende de esta tónica.

El grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda, las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos, es la más baja del resto de departamentos del gabinete del Gobierno al cierre de 2024, según la IGAE: Trabajo y Economía Social tuvo una ejecución del 60,4%, Política Territorial y Memoria Democrática, del 67,2%, e Industria y Turismo, del 68,6%.

La crisis habitacional se ha convertido en una prioridad creciente para la ciudadanía, marcada por el alza del alquiler, el encarecimiento de la vivienda en propiedad y la escasez de oferta asequible, especialmente para los más jóvenes. En este sentido, desde la cartera destacan el despliegue del programa de avales ICO para facilitar la adquisición de la primera vivienda a este colectivo y familias con menores a cargo —con un alcance, hasta la fecha, de 5.553 beneficiarios—. Pese a los avances, la lentitud en la ejecución del presupuesto siembra dudas sobre la agilidad de los procesos para traducir las promesas del Gobierno en resultados tangibles.