La Argentina podría ser una superpotencia alimenticia, pero lleva 12 años estancada: el plan que las empresas le llevarán al Gobierno

El logo con el que se fundó en 1975 la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) deja de tener un pingüino e incorpora la inicial C, cuenta Carla Martín Bonito, presidente de la entidad que festeja 50 años.

El contexto cambió y la agrupación se renueva, aunque en la Argentina cíclica los problemas se repiten. La organización nació en el tercer gobierno peronista para representar a 16 cámaras de fabricantes de alimentos y bebidas −ya nuclea a 33− y adoptó la imagen del pingüino por el congelamiento de precios de ese entonces, a lo que también se enfrentó más tarde con el kirchnerismo.

Ese desafío quedó atrás con el mileísmo. “En la medida en que la inflación baja y los precios se estabilizan, los costos se ordenan”, resumió el panorama actual, aunque destacó que persisten retos de larga data.

“Cuando nació Copal, ya pedía por temas estructurales como la presión impositiva, que afecta la competitividad”, apuntó Bonito, y enfatizó la crítica situación. “Esas reformas hoy son impostergables”, sentenció la primera presidenta mujer de la cámara, que reemplazó a Daniel Funes de la Rioja en abril de 2024.

La Argentina supo ser el granero del mundo y podría ser una superpotencia alimenticia, con condiciones naturales aptas, tierras fértiles, recursos hídricos y la potencia del agro. Pero el sector −que es el industrial más importante− lleva 12 años estancado.

Registra los mismos niveles de producción que en 2013, con un uso de la capacidad instalada que no supera el 60%. Es decir, hay 40% de capacidad ociosa. “Somos una potencia alimenticia subutilizada, no hay una sola región del país que no tenga una planta”, graficó Bonito.

Mientras que países de la región como Brasil y Uruguay crecieron en exportaciones, las argentinas no variaron y representan 40% del total, con un ingreso anual de US$ 30.000 millones. Los principales destinos de los envíos son India, China, Brasil, Vietnam y Chile, que concentran el 34%.

Copal considera que si avanzan las reformas, se duplicaría o hasta triplicaría rápidamente la cantidad de empresas exportadoras, que son 1.300 de un universo de 14.700. La industria tiene una balanza comercial superavitaria: en los últimos 10 años, en promedio exportó US$ 15 por cada US$ 1 que importó.

“Con un aporte del 30% al PBI industrial y 33% del empleo formal de la actividad manufacturera, es un motor decisivo −como el campo, Vaca Muerta y el litio− listo para despegar en la medida en que sea competitivo”, destacó Bonito.

Por eso, este lunes en la celebración por su aniversario en La Rural, Copal le presentará un listado de pedidos al Gobierno. Al cierre de esta nota, habían confirmado su presencia el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el canciller, Gerardo Werthein; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Para la cámara, la clave está en elaborar productos de valor agregado que posicionen a la Argentina como jugador clave en el mercado global de alimentos, donde participa con no más de 1,5%. “El 90% del comercio internacional se enmarca en acuerdos comerciales. La Argentina tiene 10, mientras que Chile 30 y la Unión Europea más de 110”, comparó Bonito.

Por eso, es estratégica la inserción, con la apertura de mercados y la eliminación de barreras paraarancelarias. “Pedimos que el marco normativo local se equipare a la agilidad que ganó el comercio exterior. El registro de un producto sigue demorando meses”, consideró, y agregó que siguen las negociaciones con los Estados Unidos para bajar el 10% de arancel vigente para las exportaciones argentinas.

“Tenemos el desafío de diversificar la matriz. El precio de la tonelada de exportación es US$ 600, cuando en promedio ronda entre US$ 1.500 y US$ 2.000. Hay potencial en transformar la generación del campo en valor agregado”, sumó.

En tanto, apuntó que los impuestos nacionales, provinciales y municipales representan 40% del precio de alimentos y casi 50% del de bebidas, con un peso de 62% en la recaudación industrial. Por eso, solicitó “una reforma fiscal con simplificación de impuestos”.

A su vez, la entidad hizo un relevamiento entre 28 empresas que concluyó que acumulan $ 32.000 millones en créditos por Ingresos Brutos que no son de libre disponibilidad. “La pérdida de liquidez no se traduce en inversiones. Pedimos eliminación de impuestos distorsivos como el pago a cuenta de Ingresos Brutos y tasas municipales que no ofrecen una contraprestación y significan hasta 1,8% del precio al consumidor”, destacó.

“Otro punto es la modernización del sistema laboral, optimizando costos no salariales −que representan entre 25% y 40% del sueldo de bolsillo−, reduciendo la litigiosidad −se duplicó con dispersión de criterios judiciales− y aplicando una fórmula única en indemnizaciones: los montos resultan hasta 20 veces superiores al original”, cerró.