Europa no legislará para frenar la destrucción de videojuegos

Durante las últimas semanas, la Comisión ha estado valorando una iniciativa ciudadana -llamada 'Stop Destroying Games' (Dejad de destruir videojuegos, en español)- que solicitaba regulación para obligar a las editoras a mantener una versión jugable de todos los títulos que ponen en el mercado.

Ahora, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la regulación no es el mejor camino para solucionar el problema. La razón: los derechos de autor de las obras. «Con arreglo a la legislación de la UE en materia de derechos de autor, los titulares disfrutan de derechos exclusivos sobre sus creaciones. Además de los derechos de autor, otros derechos de propiedad intelectual también pueden ser relevantes, ya que pueden proteger diferentes aspectos visuales y tecnológicos de un videojuego», apunta la Comisión en un comunicado.

Desde Bruselas se destaca, además, que la legislación europea para la protección del consumidor ya obliga a los proveedores de videojuegos a informar al jugador sobre la posible eliminación de un título. Este, además, tiene a su disposición vías para recurrir cuando considera que la empresa editora no ha cumplido con sus obligaciones.

«Los proveedores de videojuegos deben tratar a los consumidores de manera justa, incluso cuando deciden suspender un juego. Si dejan de ofrecer un juego antes de lo estipulado en el contrato o antes de lo que los consumidores podrían esperar razonablemente, los jugadores deben recibir un reembolso adecuado», destaca en un comunicado Michael McGrath, comisario de Justicia de la UE.

Por estas dos razones, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la mejor solución al problema se intentará elaborar un código de conducta para que la industria sea más transparente sobre la posible retirada de los videojuegos o de algunas de sus funcionalidades. También «trabajará con las organizaciones de consumidores y las autoridades para sensibilizar sobre los derechos aplicables que los protegen» cuando adquieren un producto, como podría ser un videojuego.

1,2 millones de firmas

El movimiento Stop Destroying Games lleva un par de años tratando de convencer a Bruselas de regular para obligar a la industria a mantener una versión jugable de cada videojuego que llega al mercado. Tras conseguir más de 1,2 millones de firmas (121.000 solo en España), presentó una iniciativa ciudadana ante la Unión Europea que fue debatida en el Parlamento Europeo, donde cuenta con muchos apoyos, y en el Comité Económico y Social de la UE.

Fuentes del movimiento señalaban hace unas semanas a ABC que esperaban que la Comisión tomase la decisión de regular. «Cuando presentamos el problema, la Comisión dio a entender que a lo mejor se podría solucionar sin regular, dando simplemente unas vías de actuación a la industria. Igual poniendo un cartel en los videojuegos en los que se avise a los consumidores de que pueden ser destruidos», explicó a este periódico Alberto Hidalgo Cerezo, profesor de Derecho Privado en la Universidad San Pablo CEU y consejero legal de la iniciativa en Europa.

El jurista remarcó que si la Comisión no les daba la razón, buscarían otra vía para conseguir que se legislase. «El Parlamento Europeo todavía podría tramitar la petición por otro cauce. Ahí sí que contamos con muchos apoyos y hay consenso al respecto», apuntó.