El programa de recompra de armas de fuego prohibidas comenzará en Nueva Escocia el próximo mes

El gobierno liberal comenzará su tan esperado programa de recompra de armas para particulares el próximo mes con un proyecto piloto con sede en Cape Breton, Nueva Escocia.

El ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, anunció el programa piloto en Ottawa el martes, diciendo que la recompra es voluntaria y que "a nadie se le confiscará su arma".

"Queremos estar seguros de que todo esté funcionando correctamente antes de abrir el programa en todo el país a finales del otoño", dijo Anandasangaree.

El ministro también anunció que el programa de recompra para empresas, que estuvo vigente desde el otoño de 2024 hasta el 30 de abril, se reabrirá a finales de este otoño.

Los funcionarios del gobierno dijeron el martes que el programa para empresas hasta ahora ha recolectado 12.000 armas de fuego prohibidas y ha repartido 22 millones de dólares en compensaciones.

La RCMP notificará a las personas con una licencia de armas válida en Cape Breton que son elegibles para participar.

Los funcionarios del gobierno dijeron que el 1 de octubre un portal en línea permitirá a los propietarios de armas declarar su interés en participar en el programa.

Si son aceptados, se les dará una cita con el Servicio de Policía Regional de Cape Breton para organizar la recogida de las armas de fuego.

El anuncio cumple una promesa electoral hecha por el primer ministro Mark Carney de revitalizar el programa de recompra de armas de fuego de asalto que se lanzó en 2020, poco después del tiroteo masivo en Portapique, Nueva Escocia, que dejó 22 personas muertas.

Violar la ley

Desde 2020, el gobierno liberal ha prohibido 2.500 tipos de armas de fuego "de asalto" con la promesa de recomprarlas.

La prohibición vino acompañada de una amnistía de dos años que permitía a los propietarios de armas como el AR-15 entregarlas hasta el 30 de abril de 2022. Ese período de amnistía se extendió por un año en 2022 y luego por otros dos años en 2023, hasta el 30 de octubre de 2025.

Anandasangaree había dicho anteriormente que esa fecha tendría que retrasarse aún más, pero el martes no se anunció ninguna fecha específica de amnistía.

Las armas de la lista no se pueden comprar, vender, prestar, importar ni utilizar en Canadá y deben entregarse a la policía o desactivarse mediante un armero autorizado dentro del período de amnistía.

Hasta que las armas prohibidas sean desechadas o desactivadas, deben almacenarse de forma segura y no pueden transportarse, excepto cuando se las mueva para desecharlas o desactivarlas.

Aunque el ministro dijo que a nadie se le quitarán sus armas, funcionarios del gobierno dijeron el martes en una reunión técnica que la única parte del programa que es voluntaria es tener la opción de entregar un arma de fuego o desactivarla.

Los funcionarios explicaron que aquellos que se nieguen a desactivar o entregar sus armas de fuego prohibidas durante el período de amnistía estarán violando la ley.

El lunes, una grabación de audio de Anandasangaree con un propietario de armas no identificado sugirió que no deberían preocuparse por ser arrestados por negarse a entregar un arma de fuego prohibida porque la policía municipal tiene pocos recursos para dedicar a esos asuntos.

"Simplemente creo que los servicios de policía municipales no tienen los recursos para hacer esto", se escucha decir al ministro en la grabación.

El ministro dijo en un comunicado el lunes que sus comentarios grabados eran "equivocados".

Cuando se le preguntó sobre esto el martes, Anandasangaree insistió en que las fuerzas policiales podrán hacer su trabajo.

"Tengo plena confianza en que los ciudadanos respetuosos de la ley garantizarán el cumplimiento de la ley", declaró Anandasangaree. "En segundo lugar, también tengo plena confianza en que las fuerzas del orden podrán cumplir con su labor y garantizar la aplicación del Código Penal".

El Ministro dijo que, como país donde rige el Estado de derecho, es imperativo que toda la policía canadiense pueda hacer cumplir la ley.

Una declaración del gobierno que acompaña al anuncio decía que "todos los propietarios o empresas de armas de fuego afectados tendrán que cumplir con la ley antes del final del período de amnistía para evitar responsabilidad penal por la posesión ilegal de un arma de fuego prohibida".