Presidente de la República envía nueva Ley de Extranjería a la Corte Constitucional

El Presidente de la República ha decidido enviar la nueva Ley de Extranjería a la Corte Constitucional, sometiéndola a revisión preventiva urgente, según anunció el jefe de Estado en el sitio web de la Presidencia. Marcelo expresó sus dudas, en particular, sobre los cambios en la reunificación familiar.

Los cambios en el régimen que rige la entrada y estancia de extranjeros en el país fueron aprobados en el Parlamento por la coalición que apoya al Gobierno (PSD y CDS) y Chega.

En la solicitud enviada a los jueces del Palacio Ratton, el Presidente de la República se refiere a la forma como se desarrolló el proceso legislativo en el Parlamento, que la oposición criticó duramente por ser "apresurado" y "precipitado".

“A pesar de que la supervisión preventiva se centra exclusivamente en analizar la conformidad de las normas con la Constitución, y por lo tanto no considera cuestiones de legalidad, es importante destacar que este proceso legislativo se tramitó en la Asamblea de la República con carácter de urgencia, y no se realizaron consultas ni audiencias efectivas, es decir, audiencias constitucionales, legales y/o procesales —obligatorias o no— o, cuando se solicitaron, se solicitaron sin respetar los plazos legalmente establecidos y/o en plazos incompatibles con una consulta efectiva”, señala Marcelo.

Algunas de estas audiencias, recuerda, “están consagradas como obligatorias en preceptos legales, como la audiencia del Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Tributarios; la consulta al Consejo Superior del Poder Judicial, así como al Colegio de Abogados de Portugal y al Consejo Superior del Ministerio Público”.

"Serían necesarias otras audiencias y consultas, en particular con entidades directa o indirectamente relacionadas con los asuntos en cuestión, que, si bien no son legalmente obligatorias, se justificarían como forma de garantizar la legitimidad democrática de la ley aprobada y anticipar problemas en su aplicación", argumenta el Presidente.

Marcelo señala también que el nuevo régimen introduce o altera “un conjunto significativo de conceptos de carácter indeterminado o, al menos, de difícil (o incluso imposible) determinación concreta, remitiendo la regulación, en algunas situaciones, a una mera Ordenanza Gubernativa, ampliando de esta forma el ámbito de densificación de conceptos”.

Tales conceptos pueden “obstaculizar la aplicación de la Ley, no contribuyendo a la necesaria y deseada seguridad jurídica y de derecho, principios constitucionalmente garantizados, pudiendo incluso generar un trato diferenciado y discriminatorio y, ciertamente, traer consigo un riesgo incrementado y considerable de litigiosidad en un asunto fundamental de gran importancia para nuestro País y para los interesados”, teme el Jefe de Estado, añadiendo que en un asunto tan sensible como este, “no es del todo aconsejable que haya incertidumbre conceptual y se recurra a conceptos indeterminados, potencialmente vulnerando el principio constitucional de seguridad jurídica”.

Marcelo se refiere, por ejemplo, a los conceptos de “competencias técnicas especializadas” (artículo 57-A, inciso a), de “alojamiento, “…”, considerado normal para una familia comparable en la misma región y que cumpla con los estándares generales de seguridad y salud”, de “medios de subsistencia suficientes para sustentar a todos los miembros del grupo familiar” (artículo 101, incisos ), de “…” “circunstancias excepcionales asociadas a la complejidad del análisis” (artículo 105)”, de “…” gravedad de la evolución de la situación de orden público o seguridad pública en parte o en la totalidad del territorio nacional” (artículo 106)”.

Al justificar la solicitud de supervisión preventiva, el Presidente destaca que la ley en cuestión "trata una materia de alta sensibilidad política, social y jurídica, siendo imprescindible garantizar con urgencia la seguridad jurídica y la certeza jurídica, en relación con la disposición legal aprobada, evitando potenciales tratamientos diferenciales y discriminatorios, teniendo en cuenta además que el Gobierno considera imperativo y urgente regular esta materia".

La decisión de Marcelo fue tomada este jueves, después de audiencias con los partidos que querían, por un lado, recurrir al Presidente para vetar o enviar el nuevo régimen a la Corte Constitucional (Livre, Bloco de Esquerda y PCP) o, por otro lado, pedir su promulgación, como fue el caso de Chega.