8 de enero: El Supremo Tribunal Federal se prepara para juzgar a la exdirección de la Policía Militar del Distrito Federal
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) comienza esta semana a juzgar a siete exmiembros de la cúpula de la Policía Militar del Distrito Federal acusados de no actuar para impedir los atentados golpistas del 8 de enero de 2023, cuando la sede de los Tres Poderes fue invadida y vandalizada en Brasilia.
Según la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), los agentes eran conscientes del riesgo de invasión y contaban con los medios necesarios para prevenir la violencia, pero permanecieron inactivos. El Ministerio Público considera que esta omisión fue deliberada, lo que los convierte en corresponsables de los delitos cometidos ese día.
Entre los acusados se encuentran:
La Procuraduría General de la República (PGR) exige la condena del grupo por los delitos de abolición violenta del Estado de derecho, intento de golpe de Estado, daños agravados y daño al patrimonio histórico. La agencia también aboga por la destitución de los agentes de cualquier cargo público que ocupen y el pago de una indemnización por los daños causados.
“Además de acreditar la participación de los imputados en la difusión de contenido antidemocrático y en otros hechos (actos del 12/12/2022 y 24/12/2022), que ya evidenciaban la adhesión voluntaria a los fines antidemocráticos del grupo, los autos demuestran la omisión deliberada de los imputados respecto al empleo del personal necesario de la Policía Militar para resguardar la seguridad y prevenir actos vandálicos en la sede de los Tres Poderes”, afirmó el Ministerio Público.
La fiscalía argumenta que la responsabilidad de los militares se deriva de su supuesta "posición de garante", consagrada en la Constitución. Esto significa que, como autoridades encargadas de garantizar el orden público, tenían el deber legal de actuar. Según el derecho penal brasileño, la omisión en estos casos puede conllevar la responsabilidad no solo de la inacción, sino también de los delitos que no se previnieron.
La defensa de los acusados niega los cargos. Afirman que no hubo omisión intencional ni pruebas suficientes que los sustenten. Solicitan además la absolución alegando que no hubo delito ni mala conducta por parte de los agentes de policía.
CartaCapital
