Incluso después de la advertencia, el INSS adoptó un control laxo y no impidió el fraude contra los jubilados

Un nuevo informe de la Contraloría General de la Unión (CGU) reitera que, incluso después de las advertencias de los órganos de control, el INSS no fue capaz de impedir descuentos no autorizados a jubilados y pensionados por parte de asociaciones representativas. El plan fue revelado por Operación No Descuento .

La agencia no cumplió plenamente las directrices del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), de junio de 2024, para implementar soluciones efectivas para validar descuentos a través de biometría facial y firma electrónica avanzada.

Incluso antes de las orientaciones del TCU, el propio INSS había publicado una Instrucción Normativa (IN 162), en marzo de 2024, exigiendo medios avanzados de control para la autorización de descuentos.

Sin embargo, el INSS sólo pudo implementar una solución –y aun así, parcial– en julio, tras presentar un escrito de aclaración ante el TCU cuestionando los términos de la Resolución nº 1115/2024, que preveía mayor rigidez en la verificación.

Al mismo tiempo, el instituto inició, a través de Dataprev – empresa pública de tecnología responsable del procesamiento de datos de la Seguridad Social – estudios y pruebas con autenticación biométrica a través de la aplicación Meu INSS e integración con el sistema gov.br, que ya cuenta con el recurso.

En una nota, el organismo calificó la medida como “Autorización biométrica transitoria de las entidades convenientes”. El sistema, sin embargo, fue cuestionado por algunas entidades. La Unión Nacional de Jubilados, Pensionados y Ancianos (Sindinapi), por ejemplo, afirmó que ya utilizaba protocolos de validación similares antes de que se volviera obligatorio.

Según la CGU, la medida adoptada por el INSS constituyó una "solución precaria, utilizando una confirmación de vida distinta a la recomendada", que presenta altos riesgos. La orientación de la Contraloría General de la Unión fue que los descuentos debían bloquearse o suspenderse hasta que se encontrara una solución definitiva.

Si la alternativa [el bloqueo preventivo e inmediato] no es viable, se recomienda no implementar nuevos descuentos hasta que esté disponible la solución prevista en la IN n.º 162/2024, en desarrollo por Dataprev. Una solución precaria, con una confirmación de actividad distinta a la recomendada por Dataprev, considerando los resultados de las entrevistas realizadas por la CGU, generaría un alto riesgo de realizar descuentos no autorizados por los beneficiarios, en detrimento de estos, señaló la CGU en sus recomendaciones al INSS.

El INSS, sin embargo, no realizó ni el bloqueo cautelar ni la suspensión de nuevos descuentos. Lo cual sólo ocurrió después del operativo policial.

Al igual que el primer documento, revelado el día de la operación, el nuevo informe de la CGU señala una serie de debilidades en los controles del INSS.

"La falta de acciones efectivas por parte del INSS dirigidas a excluir estos descuentos [indebidos] e implementar otras medidas previstas en la ACT [convenios de cooperación técnica con entidades], incluso después de la falta de presentación de la documentación que debe respaldarlos, caracteriza el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Agencia, en detrimento de los beneficiarios del INSS", dice el texto.

El INSS no cumplió con el plazo para la biometría

La previsión era que la herramienta biométrica de Dataprev se implementara en septiembre de 2024, lo que tampoco ocurrió. En esa fecha, el sistema estaba sólo parcialmente integrado con la aplicación Meu INSS, con disponibilidad de consulta de condiciones de afiliación, pero aún sin biometría facial operativa.

Fue entonces cuando la CGU concluyó el informe, indicando que el organismo no había aprobado la solución recomendada. El desajuste del INSS retrasó la implementación de los requisitos de seguridad, que Dataprev recién implementó a partir de febrero de 2025.

Sólo en abril, tras la revelación del esquema de fraude que involucraba descuentos no autorizados en beneficios mediante una operación conjunta de la CGU y la Policía Federal (PF), las transferencias de dinero de jubilados y pensionados a las asociaciones fueron finalmente bloqueadas. La investigación identificó 11 entidades formalmente involucradas en el desvío, con sospecha de participación de más de 20 organizaciones similares.

Las irregularidades ya eran conocidas por el INSS

Incluso antes de la Operación No Descuento, una auditoría interna del INSS ya había identificado que en aproximadamente el 91% de las solicitudes de exclusión, los beneficiarios manifestaron no haber dado autorización para los descuentos asociativos.

Se registraron alrededor de 1,9 millones de solicitudes de baja, lo que sobrecargó los servicios del INSS y contribuyó al aumento de la cola de solicitudes de prestaciones, que alcanzó más de 2 millones en 2024.

Según la auditoría de la CGU que apoyó el operativo policial, que entrevistó a 1.273 beneficiarios del INSS que sufrieron descuentos, el 97,6% dijo no haber autorizado la deducción y el 95,9% dijo no participar en la asociación que decía tenerlos como miembros.

Además, el 72,4% de los entrevistados ni siquiera conocía la existencia del descuento en sus prestaciones. Conocer el descuento generalmente requiere acceder al extracto, que dejó de enviarse físicamente en 2020.

La CGU también destaca la dificultad que tienen los beneficiarios para acceder a la aplicación Meu INSS, principal herramienta para consultar extractos y solicitar cancelaciones o bloqueos. El 42,4% desconoce la aplicación, mientras que el 25,1% la conoce pero nunca la ha utilizado.