El Tesoro dice que demostrará al STF que el aumento del IOF no tiene un sesgo recaudatorio

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende demostrar ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que el decreto que aumentaría el IOF no tenía como objetivo principal aumentar la recaudación, sino actuar como instrumento regulador del mercado cambiario, de crédito y de seguros.

La declaración la hizo el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Dario Durigan, después de que el ministro Alexandre de Moraes suspendiera tanto el decreto presidencial que aumentó el impuesto como el decreto legislativo aprobado por el Congreso que revocó el aumento.

“Creo que estamos en condiciones de superar esta carga argumentativa y demostrar que no tiene fines recaudatorios, aunque tenga consecuencias fiscales. Podemos presentarlo de forma racional y técnica ante el Tribunal Supremo”, declaró en una entrevista con Folha de S. Paulo publicada este sábado (5).

Moraes suspendió los decretos el viernes pasado (4) y programó una audiencia de conciliación para el día 15. En esta audiencia, el gobierno tendrá la carga de la prueba para demostrar que la medida tiene carácter regulatorio y no meramente fiscal.

Durigan destacó que la postura de Moraes refuerza la interpretación de que no le corresponde al Congreso emitir un decreto legislativo para anular un acto del Ejecutivo que se encuentra dentro de los límites legales. Según él, el juez reconoció que un decreto legislativo no es apropiado para impugnar un acto ordinario del Ejecutivo.

“Si hubiera una impugnación a este decreto, tendría que hacerse ante la Corte Suprema”, señaló.

El secretario consideró que la decisión de Moraes es coherente con el entendimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), que busca preservar la competencia constitucional del Presidente de la República para emitir decretos con base en la Constitución.

Durigan admitió, sin embargo, que la suspensión de la medida podría tener un impacto en el equilibrio presupuestario del año, algo que había sido reiterado tanto por el equipo económico del gobierno como por sus propios aliados.

“Si se lo quitan, habrá consecuencias. Es cuestión de matemáticas, habrá que hacer planes de contingencia”, dijo, reconociendo que, sin los recursos previstos con la recaudación del IOF, será necesario impulsar un mayor bloqueo de los gastos previstos en el Presupuesto de 2025.

A pesar de los desacuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto al aumento de impuestos, el secretario reiteró la disposición del gobierno a mantener un diálogo abierto con el Congreso Nacional. También defendió el papel de la AGU en establecer, mediante la judicialización del asunto, los límites de acción entre los poderes del Estado.

Pero no queremos cerrar el debate aquí. Podemos y debemos seguir debatiendo con la Corte Suprema, con el Congreso, sea quien sea. La conciliación puede indicar el futuro —concluyó—.

Moraes alegó el viernes pasado (4) que tanto el gobierno como el Congreso podrían haber incumplido las normas constitucionales al emitir los decretos. Por parte del equipo económico, se pretendía utilizar un impuesto regulatorio para aumentar la recaudación. Y, por parte del Legislativo, se pretendía contravenir una prerrogativa del Presidente de la República.