En un nuevo informe, Derrite continúa proponiendo cambios a la Ley Antiterrorista, pero busca restituir poderes a la Policía Federal.
La Policía Federal brasileña afirma seguir con preocupación las modificaciones introducidas por el relator al proyecto de ley antifacciones.
La nueva versión del informe del diputado Guilherme Derrite (PP-SP) para el proyecto de ley antifacciones mantiene la estrategia de realizar cambios en la Ley Antiterrorista, pero introduce ajustes específicos en comparación con la versión anterior, en un intento por devolver poderes a la Policía Federal.
Derrite creó un tipo específico de delito para individuos que no pertenecen a organizaciones criminales y que cometen actos equivalentes al terrorismo. La pena es de 15 a 30 años, menor que la aplicada a los miembros de facciones, que se mantiene entre 20 y 40 años.
El ponente continúa modificando las disposiciones de la Ley Antiterrorista para incluir conductas atribuidas a facciones, milicias y grupos paramilitares.
El nuevo texto mantiene la autoridad de las fuerzas policiales civiles estatales para investigar estos delitos, bajo el control externo de las Fiscalías estatales. La Policía Federal podrá intervenir, pero de forma complementaria.
La Policía Federal puede participar por iniciativa propia, sin depender de una solicitud del gobernador.
Sin embargo, el texto establece que esta participación "no transfiere automáticamente la jurisdicción al Tribunal Federal", dejando el caso bajo jurisdicción estatal, excepto en los casos específicos previstos por la ley.
Las acciones de la Policía Federal pueden incluir:
• a solicitud fundamentada del delegado de la policía civil o de la Fiscalía del Estado;
• por iniciativa propia, siempre que notifiquen a las autoridades estatales pertinentes.
El texto establece además que la cooperación debería realizarse preferiblemente a través de las Fuerzas Integradas de Lucha contra la Delincuencia Organizada (FICCO) u otras estructuras formales ya previstas en el Sistema Unificado de Seguridad Pública (SUSP), observando principios como la coordinación, la subsidiariedad y la cooperación federativa.
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