La oposición busca imponer en Diputados una suba de jubilaciones y bono, pero el Gobierno nacional anticipa un nuevo veto

Mientras el Congreso se mantuvo con mínima actividad por la elección en la Ciudad de Buenos Aires, los principales bloques opositores aceleraron las negociaciones para impulsar una sesión especial el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. El objetivo: tratar una serie de proyectos que apuntan a subir las jubilaciones y el bono previsional, una agenda que el Gobierno ya anticipó que no acompañará.

La convocatoria, aún informal, reúne a Unión por la Patria, Encuentro Federal, Hacemos Coalición Federal, la izquierda y sectores menores del PRO, y buscará tratar propuestas con alto impacto fiscal. Desde el oficialismo ratificaron su negativa y recordaron que el presidente Javier Milei no dudará en recurrir nuevamente al veto presidencial, como ocurrió el año pasado ante una iniciativa similar.

Uno de los temas centrales será la creación de una Prestación Proporcional que reconozca los años aportados, incluso sin llegar al mínimo de 30. Existen dictámenes de diferentes espacios, incluidos la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y un sector del PRO, aunque con diferencias en la forma de calcular el haber.

El peronismo evalúa acompañar la propuesta de Encuentro Federal, en caso de que fracase su intento por reinstaurar la moratoria previsional. Esa iniciativa —que permitiría “comprar” años faltantes— fue rechazada por el Gobierno en marzo y no cuenta con el aval de los bloques dialoguistas.

«Entre que no salga nada y que salga esto, preferimos esto», admitió un diputado peronista que integra la comisión de Presupuesto. La discusión se centrará en el piso de la prestación. El proyecto redactado por Encuentro Federal, con asesoramiento del ex titular de ANSES Diego Bossio, establece un mínimo del 80% de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), aunque algunos sectores proponen elevarlo directamente al valor de la PUAM.

Además, hay un principio de acuerdo para aumentar las jubilaciones un 7,2% y actualizar el bono previsional, que permanece congelado en $70.000. Mientras el peronismo propone llevarlo a $115.000 y actualizarlo por IPC, Encuentro Federal sugiere $100.000. «La diferencia no es tanta, deberíamos poder ponernos de acuerdo», aseguró un legislador dialoguista.

El PRO y la UCR, sin embargo, no acompañan ninguna de las variantes. En paralelo, el bloque oficialista Libertad Avanza dejó en claro que votará en contra y que, en caso de aprobarse, el presidente vetará la ley.

El año pasado, Milei utilizó esa herramienta para frenar una medida similar y, según confirmaron en Casa Rosada, no habrá titubeos si se repite un proyecto que altere la senda del equilibrio fiscal. Desde el Gobierno consideran que detrás de estas propuestas hay una intención política de forzar decisiones sin responsabilidad presupuestaria.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la prórroga de la moratoria previsional por dos años implicaría un costo fiscal del 0,084% del PBI en el primer año y 0,081% en el segundo, lo que sumaría un impacto acumulado del 0,165%.

Respecto al bono, si se elevara a $105.000 desde junio, el gasto anualizado sería de $1,9 billones (0,23% del PBI). Si el monto fuera de $115.000, el impacto fiscal treparía a $2,5 billones (0,30% del PBI). En el Ejecutivo aseguran que esos montos son incompatibles con el programa de ajuste en curso y advierten que no se permitirá comprometer las metas fiscales ni convalidar “proyectos de irresponsabilidad política”.

Además de los proyectos previsionales, la oposición buscará avanzar con la designación del presidente de la comisión que investiga el caso $LIBRA. Por falta de acuerdo, quedó bloqueada por un empate entre oficialismo y oposición. La intención es definir esa conducción en el recinto, otro punto que podría incomodar al oficialismo, aunque sin impacto presupuestario directo.

La sesión aún no fue formalmente convocada, pero los bloques trabajan contra reloj para consolidar una mayoría. En Casa Rosada observan con atención el movimiento de sus aliados habituales, especialmente después de las elecciones en CABA. Algunos legisladores podrían diferenciarse, y eso obligaría al oficialismo a redoblar el uso de herramientas institucionales como el veto para sostener su programa económico.