La contraofensiva del Gobierno: Fiscalía, “pseudomedios” y ultrarricos

El Gobierno está intentando responder a las distintas crisis que se le han presentado desde el inicio de la legislatura con iniciativas coordinadas entre la Moncloa y el PSOE. Los cinco días de abril del 2024, en los que el presidente Pedro Sánchez reflexionó sobre su continuidad, marcaron el punto de inflexión. En el inicio de este año, la contraofensiva ha tenido una vuelta de tuerca. El objetivo es contrarrestar y resistir en el terreno jurídico, mediático y empresarial.

Estatuto del Ministerio Fiscal Desvincular al fiscal general

“¿La Fiscalía, de quién depende? ¿De quién depende?”. Aquella pregunta lanzada por Pedro Sánchez en una entrevista en el 2020 para acabar concluyendo que del Gobierno todavía le persigue. Esto, unido a la investigación del actual fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos que ha provocado que el juez mire hacia Presidencia, ha provocado que el Ejecutivo presente esta misma semana un anteproyecto para modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal. Pretende dar mayor apariencia de independencia al número uno de la Fiscalía, con mandato de cinco años para desvincularlo de los cuatro años de legislatura, y fijando que las comunicaciones con Presidencia sean por escrito y publicadas.

Los “pseudomedios” Plan de regeneración ­democrática

En julio del 2024, Pedro Sánchez anunció en el Congreso el “plan de regeneración democrática” para, entre otras medidas, imprimir “más transparencia y rendición de cuentas” en los medios de comunicación. El presidente del Gobierno defendió limitar la financiación pública y “acabar con la impunidad de algunos” medios de comunicación, obligándoles a desvelar sus ingresos. Los socialistas han incorporado a sus argumentarios el término pseudomedios . No obstante, la norma no avanza en la Cámara Baja. El ministro Óscar López es quien lleva la batuta en este frente.

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El Gobierno invirtió hace ahora un año casi 2.300 millones para hacerse con el 10% de Telefónica. Fue una operación para mantener el control de una compañía estratégica tras la irrupción en el capital de la saudí STC. Meses más tarde, la Moncloa procedió a sustituir al presidente de la multinacional, José María Álvarez-Pallete, por Marc Murtra. El Gobierno dio entrada en el consejo de administración a Carlos Ocaña, persona cercana a los socialistas. En otra compañía estratégica, Indra, el Gobierno también está moviendo sus hilos. El objetivo es crear un gigante de la defensa nacional, capaz de competir de tú a tú con las grandes del sector en la actual nueva edad dorada de la industria militar. Estados Unidos y la OTAN presionan para seguir elevando el gasto en defensa más allá del 2% del PIB. La Moncloa promueve adquisiciones y fusiones en torno a Indra y es favorable a la compra de Escribano, compañía propiedad de la familia del presidente del grupo de defensa. La Moncloa también tiene la mirada puesta en otra cotizada, el grupo Prisa, que vive un periodo convulso por un conflicto interno entre su principal accionista, Joseph Oughourlian, hasta hace un tiempo un hombre de confianza de la Moncloa y ahora alejado del entorno de los socialistas, y un grupo de accionistas españoles que han quedado en minoría.

Los “ultrarricos” del Ibex Tensión con las eléctricas

El apagón del 28 de abril abrió una nueva y distinta crisis al Gobierno, que ha derivado, en parte, en un choque entre el presidente y las empresas eléctricas por el llamado mix energético. Sánchez insiste en defender las renovables y ha cargado contra los presidentes “ultrarricos” de las centrales. Sin citar nombres de ningún empresario, el término ha rebrotado un nuevo choque con un sector regulado y que, por tanto, tiene que mantener relación con cualquier gobierno. Desde la moción de censura del 2018, la relación de Sánchez con las empresas energéticas ha sido de gran tensión, en algunos momentos. En el 2022 se produjo un potente choque. “He escuchado a la señora Botín y al señor Galán... si protestan es que vamos en la buena dirección”, dijo Sánchez, que llegó a hablar de “cenáculos madrileños de señores con puro”. El tope ibérico al gas también fue otro motivo de conflicto. Gobierno y energéticas se han reunido en las últimas ediciones del Foro de Davos, pero eso no ha evitado otro choque de trenes por el impuesto a las energéticas que estuvo en vigor en los últimos dos años y que a partir de enero decayó, para alegría de las empresas, que contaron con la colaboración de Junts y el PNV.

Coto a los jueces “La mayor transformación de la justicia en décadas”

Desde que llegó Félix Bolaños al Ministerio de Justicia se han iniciado una serie de reformas para, como dicen, modernizarla, democratizarla y transformarla. En un momento en que la tensión institucional entre el poder judicial y el Ejecutivo es más que evidente, este Gobierno pretende facilitar el acceso a jueces que no sea por oposición, dar más becas para ampliar el acceso a la carrera y poner coto a las prácticas de jueces y fiscales para que puedan ejercer de preparadores a opositores, en una práctica remunerada y no regulada.

Regular las instrucciones Fiscal instructor y acusaciones populares

Uno los grandes proyectos que se va a intentar aprobar es reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal datada en 1882, que lleva años, con gobiernos de diferentes colores, en la mesa de los políticos para sacarla adelante. Bolaños está dispuesto a que sea en esta legislatura, aunque ello suponga un enfrentamiento con los jueces, que no quieren perder el poder de instruir. Con esta ley, esa labor pasaría a manos de los fiscales, y ya algunos sectores creen que de dar este paso podría haber un mayor control del gobierno a ciertas causas delicadas que afecten a miembros del ejecutivo de turno.

En paralelo, el PSOE ha presentado una proposición de ley para limitar la actuación de las acusaciones populares, en un momento en que están liderando las causas que más afectan al Gobierno, como la de la mujer del presidente, la del hermano de este o la del fiscal general, todas ellas abiertas con la posición en contra de la Fiscalía.