Dura advertencia del procurador Casal al gobierno por el cambio de sistema procesal en Comodoro Py
El gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Justicia, informó que el 11 de agosto se implementará en Comodoro Py -el fueron que investiga el lavado de activos, el narcotráfico y la corrupción de los funcionarios nacionales- el sistema procesal acusatorio. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, envió una nota al ministerio de Justicia después de recibir los reclamos y manifiestas preocupaciones de los fiscales de instrucción como de los fiscales de juicio de las principales causas de corrupción. En la misma habló de una “marcada falta de previsibilidad” sobre el anuncio oficial, la falta “de recursos aplicados” y un peligro de que fracase el cambio que busca implementarse
En 18 páginas, el jefe de los fiscales expuso diversas circunstancias que ocurren en las jurisdicciones en las que el actual gobierno implementó el sistema acusatorio, haciendo peligrar -entienden desde el Ministerio Público Fiscal-, el correcto funcionamiento de este modelo que otorga a los fiscales total preponderancia en las investigaciones.
Las consideraciones de Casal en cuanto a las “problemáticas y carencias de recursos" dan cuenta de un “preocupante panorama general que parece agravarse con la incorporación ininterrumpida de más jurisdicciones, sin haberse terminado de atender las necesidades de las ya instauradas”.
El Procurador General advirtió que "puede verse comprometida la eficacia misma de la reforma y la posibilidad del Ministerio Público de cumplir adecuadamente con la misión encomendada”.
En menos de una semana los fiscales de instrucción y los fiscales generales ante los Tribunales Orales de Comodoro Py enviaron oficios al Procurador Casal expresando la preocupación por la determinación del Ministerio de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona.
Por ese motivo en una extensa nota, el jefe de los fiscales se dirigió al Gobierno con expresa preocupación por el escenario actual.
El último oficio que recibió el Procurador estaba firmado por los fiscales que tienen a su cargo los juicios por hechos de corrupción de gran envergadura: Vialidad II, Odeberecht, Skanska, Cuadernos de las Coimas, Desvío de fondos en YCRT, Hotesur-Los Sauces, entre otros.
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal es uno de los mayores desafíos jurídicos que afronta nuestro país. Hay un fuerte choque respecto al calendario que la política impulsa y la grave crisis que atraviesan el Poder Judicial y la Procuración General de la Nación en materia de cargos vacantes. Las cifras no tienen precedentes: el 30,5% de los puestos de jueces nacionales y federales se encuentran vacíos. El número es aún más grave para el Ministerio Público Fiscal: el 42% de los despachos se encuentran sin fiscales en carácter de titular.
Desde diversas instancias, los fiscales conducidos por Eduardo Casal sostienen que “toda la actividad que realizamos es de naturaleza netamente acusatoria, por lo cual apoyamos que esta característica se extienda al tramo inicial del proceso”. Pero les preocupan las condiciones en las que el gobierno está llevando adelante los cambios.
El jefe de los fiscales elevó al gobierno esa alarma de sus subordinados, que “en forma unánime alertaron sobre serias falencias estructurales, tecnológicas y humanas”.
Esas falencias generalizadas “podrían comprometer gravemente la implementación efectiva del nuevo sistema, como así también a las causas que actualmente tramitan ante esos fueros”.
Las presentaciones coinciden en la falta de planificación integral, infraestructura adecuada y recursos humanos suficientes y, en su mayoría, instauran reclamos específicos de mejora inmediata en tecnología informática, conectividad y capacidad investigativa especializada, como así también en la necesidad urgente de equilibrar recursos humanos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Por ejemplo, los fiscales generales consignaron que en sus despachos “tramitan causas de corrupción ~en las cuales concurren la complejidad de los delitos y la multiplicidad de intervinientes e imputados que ocuparon las primeras líneas del Gobierno nacional-, además del resto de los delitos federales”.
Esta situación “expone una realidad criminológica específica de nuestra jurisdicción, distinta de cualquier otra”. Con lo cual entienden que una implementación del sistema acusatorio en otros fueros no puede replicarse sin tener en cuenta las particularidades de los expedientes que tramitan en Comodoro Py.
Bajo esa premisa, plantearon una profunda inquietud por lo que entienden es una “decisión intempestiva de implementar el Código Procesal Federal en las condiciones actuales”.
El jefe de los fiscales detalló la realidad de las fiscalías en Comodoro Py y en el fuero Penal Económico, y señaló que el diagnóstico “evidencia que la situación edilicia de las fiscalías es deficiente. Sólo 3 de las 40 oficinas en las que funcionan las fiscalías federales de CABA poseen las dimensiones necesarias para las funciones y el personal actual, en este sistema procesal”.
En ese contexto, continúa planteando la nota, “resulta evidente la imperiosa necesidad de mayor superficie destinada a dependencias del Ministerio Público Fiscal, que se adapten al diseño de las unidades fiscales planificadas para el sistema acusatorio en el país”.
Con ese criterio Casal le manifestó a Cuneo Libarona que las condiciones en las que Comodoro Py y el edificio de calle Inmigrantes -donde se desempeñan los fiscales del fuero penal económico- se encuentran “lejos” de cumplir con los estándares requeridos para el correcto funcionamiento del Ministerio Público bajo el nuevo esquema y, consiguientemente, que el tiempo restante hasta el 11 de agosto no será suficiente para realizar las adaptaciones que se requieren”.
Clarin
