Videos desmontan presunto megaoperativo en Cuernavaca contra el narcomenudeo

MORELOS (Proceso).– El 3 de julio último habitantes de la colonia Lienzo del Charro, en Cuernavaca, vieron interrumpida su rutina por lo que parecía un capítulo de serie policiaca: helicópteros sobrevolando, decenas de elementos desplegados en calles y avenidas repletas de patrullas. Se trataba de un megaoperativo que, según las autoridades, era para detener a peligrosos narcomenudistas. Aunque el despliegue inicial duró menos de una hora, se prolongó con cateos y revisiones en distintos inmuebles de la zona.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, la movilización se originó por una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas. Sin embargo, días después, en audiencia judicial, la versión oficial comenzó a desmoronarse cuando la defensa de los detenidos señaló que todo se trató de un presunto montaje.

Ese día fueron detenidos Adrián Rivas Millán, expolicía de Cuernavaca conocido como el Belicón y actualmente comerciante de dorilocos, así como Jesús Antonio, un ciudadano que paseaba a sus perros y que, al notar el operativo, comenzó a grabar con su celular. Esta acción llamó la atención de los policías, quienes terminaron deteniéndolo y acusándolo de presuntamente ayudar a Adrián a escapar.

La defensa de Adrián sostiene que se trató de un operativo mediático y que las autoridades buscaron justificarlo con detenciones fabricadas.

A continuación, Proceso presenta los resultados de una audiencia en la que el juez desestimó todas las pruebas presentadas por la autoridad. Asimismo el trabajo de un equipo interdisciplinario evidenció con pruebas las ilegalidades cometidas durante la detención de estas dos personas. Además, Adrián comparte de viva voz su testimonio sobre lo que vivió.

En la audiencia del 7 de julio de 2025 el juez especializado de control, César Augusto Galán Delgado, resolvió no vincular a proceso penal a Adrián Rivas Millán, imputado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, así como por resistencia de particulares y portación ilegal de arma de fuego.

Durante la audiencia, el juez recordó que, conforme al artículo 19 constitucional, “ninguna persona podrá permanecer detenida más de 72 horas sin que se justifique mediante un auto de vinculación a proceso, el cual debe contener el hecho delictivo, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de su ejecución, así como datos que acrediten la probable participación del imputado”.

El juez destacó que, aunque la Fiscalía formuló la imputación en tiempo y forma y notificó a los imputados sus derechos, “no se acreditaron los elementos de fondo necesarios para dictar la vinculación a proceso”. En ese sentido, precisó que “Adrián Rivas Millán ejerció su derecho a declarar durante el plazo constitucional, mientras que Jesús Antonio López Morales decidió guardar silencio, y dicha circunstancia no podrá considerarse como aceptación tácita de los hechos imputados”.

Como parte fundamental del análisis, se revisó el Informe Policial Homologado presentado como principal dato de prueba. Según declararon los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Primitivo y Artemio Manuel, el 3 de julio alrededor de las 10:42 horas recibieron un reporte sobre una camioneta gris con personas aparentemente armadas, circulando en la colonia Lienzo Charro.

Los oficiales narraron que arribaron al lugar a las 11 y que, al observar el vehículo, identificaron a un hombre “masculino de aproximadamente 40 años, tez morena, complexión atlética, con playera tipo polo negra, pantalón de mezclilla y tatuajes en el brazo”, que manipulaba un objeto sin alzar la vista. Tras identificarse como policías, le explicaron que había un reporte al 911.

De acuerdo con el parte policial, al inspeccionar la camioneta, “la etiqueta de la serie ubicada en el tablero se encontraba alterada, presentando raspaduras en sus últimos dígitos”. Además, “en la consola central encontraron diversos paquetes tipo ziploc con aparente cocaína cristal, así como una pastilla de la misma sustancia”.

Los agentes relataron que durante la intervención Adrián Rivas Millán “se abalanzó sobre Primitivo y lo golpeó en la cabeza con el puño, para luego sacar un arma de fuego corta de su pantalón”, y comenzó a gritar a los vecinos: “Chínguense a los muertos”. En ese momento, otro hombre, identificado como Jesús Antonio López Morales, salió de un inmueble cercano portando una bolsa tipo mariconera, y ambos ingresaron rápidamente a la vivienda, asegurándola con una cadena y amenazando con privar de la vida a los policías.

Ante la amenaza los oficiales solicitaron apoyo vía radio y procedieron a ingresar al domicilio. Según el informe, a las 11:22 horas lograron asegurar a López Morales, quien intentó agredir a un oficial, siendo sometido con uso mínimo de la fuerza. Por su parte, Primitivo persiguió a Rivas Millán, quien no acató órdenes verbales y huyó a través de un área de patios, hasta que fue alcanzado y desarmado después de una pelea física.

Durante la audiencia, la defensa presentó testimoniales y peritajes en informática forense y criminalística de campo, los cuales fueron considerados efectivos para cuestionar la versión oficial. Se expuso, por ejemplo, que la bitácora del C5 indicaba que la llamada de auxilio fue registrada a las 10:49 horas, mientras que los policías declararon haber tenido conocimiento desde las 10:42, lo que generó dudas sobre la cronología de los hechos.

Asimismo un peritaje estableció que la calle Miguel Hidalgo, por donde supuestamente ingresó la unidad policial, es un andador con un diámetro de tres metros, lo que imposibilitaría el paso del vehículo, contradiciendo la versión de los agentes que afirmaban encontrarse a 15 metros del automóvil investigado.

En cuanto a las pruebas audiovisuales, se destacó la grabación en la que aparece María del Carmen Jaramillo Ortega, quien reconoció haber visto a Rivas Millán dentro de un establecimiento comercial y no en la camioneta al momento de la intervención. Ella señaló: “Adrián, apaga tu camioneta”, lo que cuestiona la versión de que el imputado estaba manipulando el vehículo cuando llegaron los policías.

El juez puntualizó que “los datos aportados por la Fiscalía no cumplen con los requisitos para acreditar la probable participación del imputado en los hechos”, y desestimó el Informe Policial Homologado como prueba suficiente, señalando deficiencias en la cadena de custodia y en la integridad de las pruebas químicas y balísticas presentadas.

Respecto del uso de la fuerza, el magistrado aclaró que, contrario a lo declarado por algunos oficiales, los videos de vecinos mostraron que la detención fue realizada por varios agentes y no únicamente por uno solo.

La resolución también precisó que no implica una declaración de inocencia ni un sobreseimiento del caso, pues persisten investigaciones relacionadas con el aseguramiento de un arma ilícita y sustancias controladas. Por ello, el juez indicó que “la causa queda abierta para futuras diligencias”.

Finalmente se ordenó la inmediata libertad de Adrián Rivas Millán y Jesús Antonio López Morales por este asunto, sin que ello afecte otros procesos penales en curso. La Fiscalía tiene un plazo de tres días hábiles para apelar la decisión.

El peso de los videos

La defensa de los detenidos estuvo respaldada por un equipo multidisciplinario que incluyó a los abogados Joel Reyes Becerril y Hugo Patiño, así como a especialistas en informática y criminalística del despacho Solución Forense, ubicado en Cuauhtémoc, Cuernavaca.

Entre los peritos destacaron el ingeniero Álvaro y el perito Luis Manuel Gómez, quienes aportaron evidencia científica que refutó el Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Auxiliar Ciudadana Estatal.

Reyes Becerril detalló que la Fiscalía imputó a Adrián y a la otra persona por portación de arma y posesión con fines de venta de narcóticos basándose en una denuncia anónima y una supuesta detención en flagrancia. No obstante, la defensa presentó una secuencia de videos extraídos legalmente por un perito en informática que desmintieron la versión oficial.

“Gracias a una secuencia de videos se pudo demostrar que nada ocurrió como narraba la Fiscalía. Los videos contradijeron la versión de los elementos aprehensores y la imputación del Ministerio Público”, dice Reyes.

Las imágenes mostraron que la detención no ocurrió en el horario ni lugar indicados en el IPH. “Las cámaras demostraron que los elementos ingresaron al domicilio desde las 10:10 horas, cuando la Fiscalía afirmaba que la detención comenzó a las 11:20 horas. Esto evidencia que el IPH no era real”, agrega.

El abogado aclara que Adrián no estaba en su camioneta, como sostenía la Fiscalía, sino en una tienda comprando con vecinos. “Él estaba en la tienda cuando llegaron los elementos, y se mete a su domicilio porque no sabía por qué había tantos policías”, puntualizó.

Además, los videos evidenciaron la presencia de más de 20 elementos, incluyendo Guardia Nacional y Sedena, en lugar de sólo dos policías tras una persecución, como afirmó la Fiscalía.

Hugo Patiño destacó la innovación que representa para Morelos la incorporación de expertos técnicos en este tipo de audiencias, gracias al sistema penal acusatorio que permite la libertad probatoria.

Podemos reunir diferentes medios de prueba para desahogarlos, como fue el caso del perito en criminalística, quien realizó dos intervenciones: una sobre el lugar de los hechos y otra sobre el arma de fuego supuestamente encontrada a mi representado.

El perito en criminalística utilizó tecnología inédita para desvirtuar científicamente el IPH. Asimismo el perito Álvaro extrajo videograbaciones de un inmueble cercano al lugar de la detención, que aportaron evidencia visual contundente en la audiencia.

Ambos abogados coincidieron en que los videos evidenciaron el uso excesivo de la fuerza pública, como cuando un vecino grabó el momento en que Adrián fue golpeado y privado de su libertad en un domicilio distinto al señalado por la Fiscalía. Además, el juez determinó que la falta de objetividad y la mendacidad de la Fiscalía generaron que las pruebas obtenidas a partir de la detención ilegal, incluyendo droga y arma, carecieran de valor probatorio.

Reyes Becerril denunció también la manipulación de evidencias, señalando que agentes policiales abrieron la camioneta antes de la detención y manipularon pruebas en un domicilio no identificado, donde se halló un chaleco antibalas con la leyenda “BELICOM”.

Respecto del segundo detenido, Jesús, el abogado indicó que “en los videos en ningún momento se le ve; no se logró determinar dónde lo detuvieron”, por lo que el juez ordenó su liberación por falta de evidencia.

Sobre la legalidad del operativo, Patiño aclaró que, aunque en la audiencia inicial el juez consideró legal la detención basándose en la imputación fiscal, la evidencia científica posterior demostró que no existió flagrancia ni persecución continua que justificaran la irrupción y detención en el domicilio, violando derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y el derecho a no ser privado de la libertad sin orden judicial.

Esta mañana, se reporta un fuerte operativo en la colonia Lienzo Charro al norte de #Cuernavaca, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Morelos con apoyo del Helicóptero de la Secretaría de Seguridad se encuentran en la zona. pic.twitter.com/gXZ1jdkZOT — Reporte Morelos (@_ReporteMorelos) July 3, 2025

Hugo Patiño advirtió también sobre reformas recientes que amplían facultades a la Guardia Nacional para ingresar a domicilios sin orden judicial basándose en señalamiento de cualquier persona, lo que consideró un riesgo para los derechos ciudadanos y la presunción de inocencia.

El abogado manifestó preocupación ante posibles represalias de autoridades contra las víctimas y sus defensores, haciendo un llamado a la responsabilidad institucional y ciudadana para evitar la repetición de estos hechos.

Ambos defensores consideraron que este caso representa una esperanza para la justicia en el país, al evidenciar que, pese a irregularidades y actos corruptores, existen jueces objetivos y eficientes que garantizan la libertad y el respeto a los derechos humanos.

“Me fracturaron y se burlaron de mí”

Adrián Rivas Millán, policía jubilado de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), denunció haber sido detenido de manera violenta y sin orden de aprehensión durante un operativo conjunto en Morelos, y afirmó que su caso demuestra las deficiencias en el trabajo de investigación de las corporaciones policiacas estatales y federales.

En entrevista, relata que ese día saludó a los elementos con un “buenos días, señores oficiales” y continuó su camino. Sin embargo, al regresar, su esposa le dijo que los uniformados estaban revisando su camioneta. “Me acerqué y el oficial, quien comandaba el operativo, me dijo que tenía reporte de robo. Les comenté que eso era falso, ya que yo fui policía y sé que mi camioneta está bien; la compré en la propia Seprac y tengo los registros de pago”.

Sin embargo, pese a mostrar documentos, los agentes insistieron.

“El oficial se puso muy agresivo, diciéndome que me iba a hacer cagadero y que yo era el vendedor de la economía. No entendí a qué se refería con eso”, relata la víctima.

“Me repetía que me iba a hacer cagadero y que no sabía con quién me estaba metiendo, que era un operativo de alto impacto porque iban marinos, policía estatal, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y la Guardia Nacional”.

Rivas explica que, además de ser policía jubilado, es comerciante y vende dorilocos, elotes, chicharrones y churros preparados. “Además, soy quien organiza la feria comunal y tengo que pasar casa por casa para planearla”.

Ante los señalamientos policiales, decidió entrar a su casa para buscar los documentos. “Subí a la planta alta y, cuando ya iba llegando con los papeles, me asomé por el balcón y vi un helicóptero. Les dije que no podían entrar sin una orden de cateo, que no me enseñaron. Derribaron la puerta y no me quedó más opción que brincar hacia la casa de mi vecino”, relató.

Ahí fue detenido. “Me golpearon, me torturaron en el piso, me dieron como diez golpes en las orejas, me patearon todo el cuerpo, me pegaron con armas largas, diciéndome que ya valía, que era el vendedor de droga y el sicario de la colonia”.

La víctima de los policías explica que los vecinos presenciaron la golpiza y pedían a los oficiales que lo dejaran. “(Mis vecinos) les decían que yo no era mala persona, que era policía jubilado y que no tenía nada que esconder, que era muy querido en la comunidad”.

Posteriormente, Rivas Millán fue trasladado a las instalaciones de la FIDAI y después a la fiscalía de Temixco, donde permaneció 48 horas. “Fue muy inhumano. Yo hablaba con los fiscales y comandantes, les decía que tenía fracturas en las costillas, que me dolía la cabeza y los pies. Ellos sólo se burlaban de mí”.

Sobre su estancia en prisión preventiva, mencionó que al llegar al penal de Tlacholoya notificó sus lesiones, pero no recibió atención médica. “Hicieron caso omiso; son niveles de gobierno que sólo se codean entre ellos y no decían nada.

La policía está por las nubes y el país se derrumba por no tener policías con experiencia para investigar casos reales. Sólo están agarrando gente inocente y sembrándoles delitos. Así es como trabaja el gobierno de ahora.

Tras recuperar su libertad, aseguró sentirse tranquilo, “con la frente en alto porque no tengo nada que temer ni nada que deber. Nunca hice nada malo”.

Explica que aún analiza si procederá legalmente contra la autoridad por las violaciones a sus derechos.

Silencio oficial

Esta reportera buscó la posición oficial de la Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezada por Edgar Maldonado Ceballos, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, bajo la dirección de Miguel Ángel Urrutia Lozano. La Fiscalía respondió que no emitiría comunicado alguno al respecto, mientras que la Secretaría de Seguridad no respondió a las solicitudes.

De manera extraoficial se pudo saber que ambas dependencias se preparan para impugnar la resolución del juez. Se espera que durante la próxima semana el gobierno estatal emita su posición oficial. También se pudo conocer que la autoridad pretende presentar “información adicional que revele antecedentes relevantes de uno de los dos detenidos”.