El FMI define la revisión argentina para el 31 de julio y el mercado anticipa una nueva fase del plan económico
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya tiene fecha tentativa para abordar el caso argentino: será el próximo 31 de julio, aunque la cita aún no aparece en la web oficial del organismo. De no mediar sorpresas, ese día se aprobará la primera revisión del acuerdo renovado con el Gobierno de Javier Milei, firmado en abril. El respaldo llegaría en un momento clave, donde la política local se tensa y la economía exhibe síntomas de desgaste.
Desde Washington, el mensaje parece claro: hay reconocimiento por el esfuerzo fiscal y la baja de la inflación, pero también una advertencia por la debilidad en el ritmo de acumulación de reservas. Aunque el FMI concederá un waiver (perdón formal) por no cumplir esa meta específica, insistirá en que se trata de una condición esencial para sostener la estabilidad cambiaria.
A pesar de las turbulencias, el Gobierno llega al examen con algunos logros concretos. Desde enero, el Ministerio de Economía registra superávit financiero todos los meses, salvo diciembre de 2023 y, posiblemente, julio. Además, la inflación bajó a niveles que sorprendieron incluso dentro del equipo económico. La combinación de recorte del gasto público, freno en la emisión y apertura externa dio resultados rápidos.
El Tesoro también hizo su parte en la caza de divisas: esta semana adquirió US$320 millones en el mercado, elevando a US$764 millones la cifra acumulada en el mes. A eso se suman los US$1.000 millones obtenidos con bonos y los US$2.000 millones del Banco Central mediante una operación financiera con bancos internacionales. Una ingeniería de urgencia que evitó otro default de reservas.
#InformeSobreBancos | El crédito en pesos al sector privado aumentó 3,5% real en mayo:? Las financiaciones con garantía real mostraron el mayor dinamismo mensual (5,3% real), seguidas por los préstamos al consumo (2,9% real) y las líneas comerciales (2% real).
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Este pragmatismo contrasta con los primeros discursos del mileísmo, cuando se hablaba de dinamitar el Banco Central o de una dolarización inmediata con fondos ya pactados. Hoy, el dólar flota “libre”, pero el Banco Central interviene, sube tasas y vuelve a usar pases pasivos para secar la plaza. Una estrategia de contención para evitar que el tipo de cambio lidere los titulares de los diarios.
En las últimas semanas, el Gobierno endureció su postura monetaria para frenar la escalada del dólar, que en los bancos minoristas rozó los $1.300. El Central reactivó la intervención en el mercado de futuros, subió las tasas de interés en pesos y retomó herramientas de absorción que habían sido descartadas meses atrás. El objetivo: desincentivar el salto al dólar en plena carrera electoral.
Sin embargo, algunos indicadores muestran señales de alerta. La morosidad en créditos personales se duplicó en ciertos bancos, alcanzando niveles cercanos al 6%. Desde el sector financiero explican que los consumidores ahora utilizan los préstamos para cubrir gastos básicos, como alimentos. También llama la atención que la mora crezca incluso mientras la expansión del crédito todavía no se detiene. Para algunos analistas, estos son síntomas de agotamiento.
En el mercado ya se da por hecho que, tras las elecciones de octubre, el Ejecutivo deberá abrir una nueva fase de su plan. El dólar, la acumulación de reservas y un rediseño del modelo productivo figuran entre los puntos clave. Pero el corazón de la etapa que viene será el paquete de reformas estructurales: laboral, impositiva y previsional. Sin estas modificaciones, la macro corre el riesgo de volver a tambalear.
El problema es político. El enfrentamiento con los gobernadores no sólo tensó los puentes institucionales, también dejó en evidencia las dificultades de La Libertad Avanza para construir acuerdos. Muchos mandatarios que colaboraron en votaciones clave hoy se quejan de incumplimientos. Retrasos en las transferencias, obras paralizadas y hasta competencia política en sus distritos alimentan el malestar.
El Presidente, dicen algunos, le ha dedicado más tiempo a su agenda internacional que al diálogo con las provincias. En lo que va de su gestión, visitó apenas 12 de los 24 distritos, y pasó 83 días en el extranjero. Mientras tanto, en Santa Fe ya se ven carteles que señalan rutas abandonadas por la Nación. En Tigre, las obras inconclusas llevan meses de advertencias al peatón.
Con la mira puesta en octubre, el oficialismo apuesta todo a una nueva victoria electoral. Confía en que el respaldo en las urnas revalidará su legitimidad y forzará a la “casta” a ceder. Pero incluso con una mayoría reforzada, el Congreso seguirá siendo un terreno hostil. Sin acuerdos, ni Milei ni sus reformas podrán avanzar.
En paralelo, circula una orden clara: frenar todos los pagos a las provincias, salvo excepciones estratégicas. Esta semana, solo Salta, Jujuy y Tucumán recibieron adelantos transitorios por $3.500 millones cada una. El resto deberá esperar. La señal es contundente: el poder lo tiene quien gana, y el que no se alinea, queda fuera.
El problema es que, aun arrasando en las urnas, el Gobierno necesitará “héroes” de otros bloques para aprobar sus leyes. Y si no logra tender esos puentes, no le quedará más opción que seguir gobernando a veto limpio. La economía puede resistir con pinzas unos meses más, pero sin consensos, la cuarta fase del plan puede nacer ya agotada.
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