El 'Govern' antepone cerrar un acuerdo de presupuestos al cupo exigido por ERC

El Govern del PSC encara el inicio del curso político con la vista puesta en las negociaciones del presupuesto de la Generalitat para 2026 pese a las exigencias del independentismo entorno a la llamada financiación singular. Tras un primer año de legislatura marcado por la recuperación de la institucionalidad en Cataluña —la "normalidad", en palabras de los propios socialistas, perdida durante la etapa del procés—, objetivo que se da por cumplido, el ejecutivo que preside Salvador Illa pretende sacar adelante sus primeras cuentas públicas con el apoyo de sus socios de investidura, ERC y comunes.

Esta meta naufragó a finales del año pasado por la delicada coyuntura de los republicanos, enfrascados en unas elecciones internas en las que Oriol Junqueras se jugaba su liderazgo. Despejada esta equis, la búsqueda de un acuerdo con las fuerzas a la izquierda del PSC parece más sencilla, máxime después de doce meses en que las tres formaciones han ensayado el arte de la negociación en asuntos como la vivienda y las infraestructuras.

Mención aparte merecen grandes proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat, donde por ahora Illa anda en solitario. En cualquier caso, los partidos del bloque de investidura ya conocen sus respectivos márgenes de cesión y han pactado medidas concretas, como prueba la subida del ITP transaccionada entre socialistas y comunes y el traspaso de Rodalies diseñado al alimón con ERC. Se añaden los variados acuerdos arañados por el president en las comisiones bilaterales Generalitat-Estado celebradas a lo largo de la primera mitad del año, que son vistos con agrado por sus socios.

Pero la piedra de toque de la legislatura, la financiación singular inspirada en el modelo vasco y navarro, se interpone en el camino. Esta misma semana, Junqueras advirtió a los socialistas que las conversaciones sobre los presupuestos no avanzarán "mientras no se resuelva" la nueva financiación. La condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), prevista para la primera reunión del Consejo de Ministros de septiembre, no ha ablandado al líder separatista. Se trata de 17.000 millones de quita sobre el pasivo catalán, equivalente al 22% de la deuda total contraída por la Administración autonómica. La eliminación de esta losa aliviará de forma importante las finanzas públicas de la Generalitat.

Sin embargo, este acuerdo no basta según Junqueras: "No es ni un paso necesario ni suficiente, porque es un compromiso ya adquirido. Es un intento de resolver una injusticia y es importante que se apruebe en el Congreso lo antes posible", avisó el dirigente el pasado miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio. Estas exigencias retóricas contrastan con el aparente pragmatismo de la formación independentista respecto al calendario de despliegue del cupo a la catalana, para el cual resulta fundamental que la comunidad consiga mayor capacidad recaudatoria.

Ejercicio de realismo

A finales de julio, el Govern presentó el plan director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que aplaza la asunción de las primeras funciones de gestión del IRPF para 2028 y, en todo momento, mano a mano con la agencia tributaria del Estado. Hasta que no llegue esa fecha, el organismo regional se limitará a ofrecer asistencia a los contribuyentes, como ya ha hecho en la última campaña de la renta. Este planteamiento trastoca el guion pactado antes de la investidura. Este preveía explícitamente que la Generalitat gestionaría de forma integral el impuesto sobre la renta en 2026. Ahora este horizonte se aleja indefinidamente ya que solo se propone un "trabajo en red" y una "colaboración" de la ATC con Hacienda en 2028, último año del mandato de Illa.

Los republicanos han criticado esta alteración de los compromisos aunque sin romper la baraja. Por un lado, han rebajado la importancia del plan director calificándolo como un "documento técnico". Por otro, pelearán para que una proposición de ley en el Congreso de los Diputados haga posible que Cataluña recaude y gestione el IRPF. A esto se suman las admoniciones de Junqueras, incluida una posible consulta a la militancia para decidir si el partido debe seguir apoyando al PSC. Pero en ningún momento se ha realizado el más mínimo amago de ruptura. Lo que buscan los republicanos tras el sapo de los planes de la ATC es que el gobierno catalán haga algún gesto que vender ante su electorado, según fuentes parlamentarias.

Lo cierto es que la estrategia de la Hacienda catalana conocida en plenas vacaciones supone un jarro de agua fría para las aspiraciones de máximos de los independentistas. Este replanteamiento guarda relación, según otras fuentes, con las críticas de los inspectores y gestores tributarios. Pese a que el Govern no ha respondido a los argumentos puestos sobre la mesa por organizaciones como IHE, en el Palau se ha tomado nota de las dificultades para que la Agencia Tributaria catalana desplace a la Hacienda estatal en la comunidad.

De hecho, el propio plan director de la ATC reconoce la insuficiencia de medios humanos —se propone fichar en 2026 y 2027 a 1.100 personas solo para ayudar en la gestión del IRPF; este año ya se han anunciado varias oleadas de incorporaciones para nutrir el personal de la agencia catalana de forma estructural—, tecnológicos y materiales. Se suman las dificultades legales también advertidas por los inspectores.

De nuevo, la hoja de ruta reconoce que para que Cataluña adquiera la plena competencia sobre IRPF se deben reformar una batería de leyes —precisamente por ello presenta ERC su proposición de ley—, a saber: la ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (conocida por las siglas LOFCA); la ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, y la ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del estado español en Cataluña.

La baza de los socialistas

Este ejercicio de realismo reconduce el meollo de las negociaciones políticas donde quiere el PSC, esto es, la aprobación de unas cuentas públicas que entierren las prórrogas presupuestarias de los últimos años. Es también la demanda de las patronales y sindicatos catalanes, que rehuyen una tercera prórroga y llaman a los partidos a tener un ejercicio de responsabilidad. El propio gobierno autonómico quiere dejar atrás el via crucis de los suplementos de crédito que este año han dado algo de oxígeno a las arcas públicas. Los 4.000 millones adicionales insuflados al presupuesto prorrogado de 2023 se han negociado en paralelo con ERC y comunes y han obligado al PSC a asumir todo tipo de demandas de ambas organizaciones.

En la bocamanga, los socialistas tienen una baza que emplearán a fondo en los contactos políticos: la incertidumbre geopolítica global contra la cual conviene que la Generalitat se blinde con unos números actualizados en tiempo y forma. En la orden de la Consejería de Economía y Finanzas del pasado 16 de julio, por la cual se dictan las normas para elaborar los presupuestos del próximo año, se menciona expresamente esta realidad: "Los presupuestos para el 2026 se elaboran en un contexto de retos globales ingentes y de gran incertidumbre internacional, tanto a causa de los conflictos bélicos existentes y la nueva política arancelaria impuesta por los Estados Unidos como por la evolución de la inflación y de los tipos de interés".

También el informe de orientaciones presupuestarias recuerda que el FMI prevé que las economías avanzadas crezcan un 1,4% en 2025 y un 1,5% en 2026, con un crecimiento aún más moderado en la zona euro: 0,8% en 2025 y 1,2% en 2026. Sin embargo, tanto en España como en Cataluña la situación no será tan negativa. Respecto a la economía española, se prevé un crecimiento del 2,5% en 2025 y del 1,8% en 2026, destacándose por encima de los países de su entorno. En Cataluña, se prevé que el PIB avance un 2,6% en 2025 y un 2% en 2026, con un papel destacao de la demanda interna. La creación de ocupación, según las estimaciones, se mantendrá aunque a un ritmo menos intenso tras los años precedentes.

Por otro lado, la orden de Economia contempla otras eventualidades: "En Cataluña, los presupuestos 2026 se elaboran en un escenario de continuidad y de cumplimiento estricto de la regla de gasto. Aun así, las mejoras que puedan derivar de la absorción de la deuda por parte de la Administración General del Estado, y el despliegue de otros acuerdos políticos ?como el del nuevo modelo de financiación (...) permitirán incrementar el techo de gasto y las disponibilidades presupuestarias de la Generalitat". "Durante el año 2026, además, se tendrá que intensificar la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cumplir los hitos y objetivos que están previstos, y se tendrá que priorizar la ejecución de estos fondos finalistas, que no figuran en el presupuesto inicial, pero se incorporan en la fase de ejecución del presupuesto", se añade. La recuperación de la ortodoxia fiscal es otro de los elementos que esgrimirá el PSC para tratar de convencer a sus aliados sobre la necesidad de aprobar los presupuestos. Con todo, a estas alturas todavía se desconoce cuál será el reparto del déficit entre Administraciones públicas en el Estado en el próximo ejercicio.

Las previsiones del departamento dirigido por Alícia Romero pasan por contar con toda la contabilidad y documentación lista para confeccionar las nuevas cuentas públicas el próximo 10 de octubre. Será a partir de entonces cuando se podría iniciar la tramitación del proyecto de presupuestos para, en dos meses, tenerlo listo para publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) antes de que concluya el año.