Puigdemont pide amparo al Constitucional para conseguir la amnistía

Reclama que se le levante con urgencia la orden de detención en territorio nacional que mantiene el juez que instruye su caso en el Supremo.

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, recurrió este jueves ante el Tribunal Constitucional (TC) con un doble objetivo. Por una parte, le pidió amparo por la negativa del Tribunal Supremo (TS) a aplicar la ley de amnistía en la causa que está instruyendo contra él por su rol durante el procés. También reclamó como medida urgente que se levante la orden de detención en territorio nacional que mantiene abierta el magistrado que investiga el caso, Pablo Llarena.

En el escrito, su abogado defensor, Gonzalo Boye, recuerda que la ley de amnistía es una "norma orgánica cuya constitucionalidad ha sido confirmada", en alusión a la reciente sentencia del TC que salió adelante en junio. Se aprobó con el único voto de los magistrados del sector progresista, que suman mayoría en el pleno.

La amnistía fue la principal concesión que Junts y ERC arrancaron en otoño de 2023 al PSOE, a cambio de facilitar la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa tras perder las elecciones generales. Para el abogado, el legislador expresó con esta norma "su voluntad de extinguir la responsabilidad penal". Recordó también que Puigdmeont "carece del respaldo de una condena firme", por lo que consideró que la orden de detención no tiene sentido.

Gonzalo Boye solicitó que adopten medidas cautelarísimas, por tanto, de carácter muy urgente, y para las que no es necesario solicitar un informe a Fiscalía. De esta forma, su escrito podría abordarse la próxima semana, en el último pleno que el TC prevé celebrar antes de vacaciones. Si su petición se desestima, se tramitaría como medida cautelar, por lo que sí sería necesario recabar la opinión del Ministerio Público.

A la espera de la decisión del alto tribunal, el último frente abierto sobre la ley de amnistía lo protagoniza el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), quien debe evaluar cuatro recursos que ha recibido. El pasado martes, en la primera vista, la Comisión Europea volvió a mostrarse muy crítica con una ley que tildó de "autoamnistía".