Monreal exige revisar Ley de Extradición tras pacto de Ovidio Guzmán con EEUU
La reciente revelación del acuerdo judicial entre Ovidio Guzmán López y el gobierno de Estados Unidos, tras su extradición desde México, ha generado una tormenta política que apunta directamente al corazón de la soberanía judicial del país. En respuesta, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció que el Congreso revisará a fondo la Ley de Extradición y los tratados internacionales vigentes.
La noticia no llega sola. El respaldo inmediato de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta revisión marca una postura firme ante lo que consideran una falta de reciprocidad y comunicación por parte del gobierno estadounidense.
Durante una conferencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal dejó claro su apoyo a Sheinbaum. La mandataria había criticado abiertamente la decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. de negociar directamente con Ovidio Guzmán, sin coordinación alguna con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Sí, respaldo a la presidenta. México debe tener acceso a información sobre los procesos penales de los extraditados. Eso es reciprocidad”, expresó Monreal.
El mensaje es contundente: México no puede seguir enviando a criminales de alto perfil sin garantías de cooperación judicial plena.
El hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán fue extraditado en septiembre de 2023, tras un operativo militar que sacudió a Culiacán. Esta semana se reveló que Ovidio aceptó culpabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico en una corte de Chicago, lo que abre la puerta a una posible reducción de condena.
Este movimiento, pactado directamente entre Guzmán y autoridades de EE.UU., fue duramente criticado en México. “¿Dónde queda la justicia mexicana? ¿Y el derecho a ser informados?”, cuestionó Sheinbaum.
Monreal adelantó que en septiembre, al inicio del próximo periodo legislativo, se presentará una reforma integral a la Ley de Extradición. Entre los puntos clave:
- Inclusión de mecanismos de reciprocidad para asegurar que México tenga información sobre los procesos judiciales de sus nacionales.
- Revisión de los tratados bilaterales e internacionales relacionados.
- Posible comparecencia del canciller Juan Ramón de la Fuente para detallar la estrategia diplomática.
- Actualización paralela del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Amparo.
Estas acciones se enmarcan en un paquete legislativo mayor sobre seguridad y justicia, que buscará fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar redes delictivas transnacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha heredado una relación compleja con Estados Unidos en materia de seguridad, marcada por un flujo constante de extradiciones. Tan solo en lo que va de su administración, se han extraditado 29 personas solicitadas por el país vecino.
Sin embargo, el caso de Ovidio Guzmán dejó claro que la coordinación entre gobiernos sigue siendo frágil, especialmente en temas sensibles como el narcotráfico y el terrorismo. “No puede haber acuerdos secretos que afecten a México sin ser consultados”, subrayó Sheinbaum.
El anuncio de Monreal marca el inicio de una discusión que puede redefinir las relaciones judiciales entre México y Estados Unidos. Por ahora, el Congreso ya sostiene reuniones con dependencias federales, y se espera que el tema tome protagonismo en las próximas semanas.La pregunta que flota es contundente:¿Puede México seguir permitiendo que otros decidan el destino de los extraditados sin tener voz en el proceso?
La Verdad Yucatán
