Mascarillas, gasolina y cemento: las tramas cruzadas que atenazan al PSOE

Cómo bautizar una operación policial? ¿Una que investiga una trama de corrupción en la compra de mascarillas? En Google, mascarillas + origen lleva pronto a Charles de Lorme, el médico francés que, en el siglo XVII, defiende el uso del cubrebocas para evitar la propagación de enfermedades. Toda una metáfora.

Esta operación policial persigue, justamente, al virus que desde el corazón de la administración se ha beneficiado presuntamente del tráfico de mascarillas, amparado por la urgencia de aquel momento.

Es la operación Delorme.

El origen: una denuncia del PP de Madrid puso la lupa judicial sobre nueve contratos de la pandemia

La operación de la que emerge la actual crisis política en España, con el Gobierno en riesgo de descarrilar tras el encarcelamiento del hasta ahora secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a principios de esta semana. Hasta el momento, 35 imputados en tres tramas que convergen en algunos puntos.

Estamos en el 2020. El 21 de marzo, apenas una semana después de declararse el estado de alarma, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL firma un contrato con Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, para el suministro de ocho millones de mascarillas por 24,2 millones de euros. Es el primero de nueve contratos. En total, la empresa facturará unos 54 millones.

Soluciones de Gestión, sin experiencia en el sector, se convirtió en la gran suministradora de mascarillas

En plena pandemia de la covid, con medio mundo buscando mascarillas a la desesperada, los mecanismos de control de las compras públicas se reducen a mínimos. De Lorme se frota las manos.

Además del de Transportes, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. obtiene contratos con los Ministerios de Interior y Sanidad y con las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, ambas con gobierno socialista. Es una empresa sin experiencia en el sector ni facturación, pero se convierte en la gran suministradora de material clave.

Por aquellas fechas, un abogado, ex fiscal y ex juez de Zaragoza, Ramiro Grau, alberga sospechas y prepara un dossier que envía al Tribunal Supremo, a la Fiscalía General del Estado, a la Moncloa, a la parlamentaria de Vox Macarena Olona y a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El primero lo archiva, los tres siguientes lo ignoran y la última contesta amablemente que lo estudiarán, según explicó Grau a El Heraldo .

El empresario Víctor de Aldama está en el centro de todas las pesquisas derivadas de Delorme

Es desde el Partido Popular de Madrid donde, en marzo del 2022, sale la denuncia contra esos contratos. La mecha que enciende un volcán. El paciente cero de una epidemia con varios focos que ha supuesto la detención de al menos 36 personas y la imputación de una cifra similar en diferentes casos judiciales. Entre ellos un ministro, José Luis Ábalos, que antecede a Cerdán en la secretaría de organización del PSOE. La pieza clave del partido. Los hombres de confianza del presidente.

¿Ceguera?

A causa de la imputación de Ábalos, diputado (ahora aislado) en el Congreso, el Tribunal Supremo comparte la instrucción con la Audiencia Nacional.

Este tribunal ordena en febrero del 2024 una operación de la Guardia Civil contra la trama de mascarillas. Veinte detenidos, entre ellos dos de las personas que conectan todas las líneas: el asesor del ministro Ábalos, Koldo García Izaguirre, y el empresario, comisionista y expresidente del Zamora Club de Fútbol Víctor de Aldama.

También son detenidos el hermano y la esposa de García, Joseba y Patricia Úriz. Delorme sospecha que Koldo ha recibido sustanciosas comisiones del comercio de mascarillas, por imprescindibles que fueran. En parte, se abonan con fondos europeos, con lo que investiga también la fiscalía europea. Soluciones de Gestión ha tenido beneficios de 17 millones de euros, disimulados en una red de sociedades y bancos en varios países. Y en Benidorm.

De Aldama pactó su excarcelación a cambio de información: ha encendido el ventilador contra el PSOE

Allí, Koldo ha comprado tres pisos, con el encubrimiento cómplice de algunos familiares. La sospecha de la Guardia Civil es que ha estado recibiendo pagos en metálico de procedencias varias, siempre a cambio de su intervención como conseguidor en el Ministerio.

n el 2019, Ábalos le ha nombrado consejero de administración de Renfe Mercancías. Ambos, y esta es otra de las irregularidades que investiga la Guardia Civil, contratan en empresas públicas a amigas íntimas, sin conocimientos específicos ni tareas.

Koldo no es al parecer el único que incrementa su patrimonio inmobiliario. En octubre del año pasado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó al juez de la Audiencia Nacional un informe en el que aseguraba que De Aldama había pagado a Ábalos con diversos inmuebles su ayuda en el tráfico de mascarillas, pero también sus gestiones en el rescate de la aerolínea Air Europa; en este caso está bajo investigación el papel que pudo tener Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y para las acusaciones populares, impulsadas desde la ultraderecha, el que pudo tener el propio Sánchez.

El juez del Supremo Leopoldo Puente calcula las mordidas en obra pública en cinco millones de euros

De Aldama está en todas las pesquisas derivadas de Delorme. En medios venezolanos se ha contado su relación con Jorge Giménez, presidente de la federación de fútbol del país, y su ayuda para conseguir el dinero –llegado desde un banco panameño– para que el Zamora FC lograra acceder a la plaza de Segunda B que dejó vacante el Reus por sus problemas económicos. Fue bloqueado.

Giménez aparece también en el llamado Delcygate . La visita en enero del 2020 de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a Madrid, pese a tener prohibida la entrada en el espacio Schengen. ¿Para qué? No se sabe con certeza.

La UCO cree que en aquel viaje se entregan a De Aldama 104 lingotes de oro con un valor de 68 millones de dólares. La polémica tiene en España una dimensión política: hay mensajes que dicen que “el 1” estaba al corriente de la visita clandestina. ¿Sánchez?

Cuando el 21 de noviembre pasado Víctor de Aldama sale de prisión dice: “Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo”. El empresario ha abierto desde entonces el ventilador, su presunto ventilador. Estaba encarcelado por su supuesta implicación en una trama de estafa impositiva sobre hidrocarburos, que la Guardia Civil estima en hasta 230 millones de euros, y ha pactado con la Fiscalía su libertad provisional a cambio de colaboración, esto es, información. Entre otras cosas, dice tener pruebas de sobornos que habrían recibido el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero (25.000 euros), Koldo (200.000), el propio Ábalos (400.000) y el último de la fila, Cerdán (15.000). Para el negocio fraudulento se requieren unas licencias, del Ministerio de Industria, que según la Guardia Civil Koldo ayuda a conseguir. La Audiencia Nacional ha imputado a 18 personas en la trama de hidrocarburos.

¿Quién es Koldo García? Hay que viajar aún más atrás. Nacido en 1970, es de Barakaldo (Vizcaya) pero es en Navarra donde hace carrera. Portero de puticlub, vigilante de seguridad, concejal en Huarte, trepa en el PSOE haciendo de chófer y vigilante para todo. En el 2015 está a punto de repetir como edil (en Doneztebe), pero ha empezado a hacer negocios cerca de la esfera pública, todavía no se sabe exactamente cómo, y renuncia. Koldo ya conoce por entonces a Cerdán, que es del pueblo navarro de Milagro. Éste es concejal allí desde 1999, será diputado autonómico entre 2014 y 2017, diputado nacional desde el 2019 hasta su dimisión el pasado 16 de junio, secretario de organización del Partido Socialista de Navarra, y del PSOE, y hombre clave en las primarias que auparon a Sánchez a la jefatura.

A mediados del 2015, Koldo ya está operando con Fernando Merino, responsable de la constructora Acciona para Navarra y La Rioja, y conocido en la trama como Cordobés .

A su vez, éste se ha asociado con Joseba Antxon Alonso Egurrola, alias Guipuchi , Guipu o simplemente G en los mensajes intervenidos, un empresario guipuzcoano, propietario de la compañía Servinabar 2000 SL, inicialmente dedicada al apoyo de archivos y bibliotecas y la organización de ferias. Un informe de la UCO señala que la aparición de la empresa cobra sentido cuando se conoce quién está detrás: Cerdán.

En un registro reciente, la UCO halló un contrato del 2016 por el que Cerdán adquiría un 45% de la compañía; un contrato entre dos partes es válido aunque no se inscriba en el registro mercantil, explica un fiscalista barcelonés. “Con testigos, hasta podría ser oral”.

El primer negocio en el que cooperan Koldo García y Merino es la mina Muga, una explotación de potasa situada entre Navarra y Aragón. El primer documento autorizándola, de junio del 2015, lo firman el secretario de Estado de Energía (del PP, ahora rescatado por Feijóo), Alberto Nadal, y los gobiernos de Navarra ( Geroa Bai) y Aragón (PSOE).

El juez del Supremo Leopoldo Puente estima que las obras bajo sospecha costaron unos 500 millones, y que la trama pudo llevarse un 1% en comisiones

Acciona y Servinabar se hacen en Navarra con media docena de obras públicas, entre ellas la del túnel de Belate, una de las de mayor presupuesto de Navarra de los últimos años: 68 millones. La adjudicación suscita múltiples reparos de la mesa de contratación. Servinabar tiene vínculos mercantiles con una empresa propiedad de Iñaki Alzaga, cercano al PNV.

Desde que Koldo baja a Madrid y empieza a cooperar con Ábalos, el grupo interviene en una docena más de adjudicaciones de obra pública. Además de Acciona, se benefician de las adjudicaciones las compañías Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Unos 500 millones en total, según el juez del Supremo Leopoldo Puente, que calcula las mordidas en cinco millones de euros. Un 1%.

Más o menos el porcentaje que De Aldama anunció en noviembre cuando fue liberado, se quitó la mascarilla y empezó a largar.