Los cuidados, un tema que ya cuenta con política pública

El 14 de febrero, en sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, fue aprobado el Conpes 4143, cuyo propósito es sentar las bases de la política nacional de cuidado, que plantea: “Velar por la garantía del goce efectivo a cuidar en condiciones dignas, así como reconocer y fortalecer las formas colectivas, comunitarias y prácticas de cuidado propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos, como pilar del sostenimiento de la vida”.

El cuidado, como premisa ética y estética, como dimensión fundamental para la garantía y la protección de la vida humana y no humana, nos permite reconocer nuestra condición de seres interdependientes que cuidamos y al mismo tiempo requerimos ser cuidados. No somos nada sin la otra, sin el otro, nos recuerda la filósofa Judith Butler.

Después de un largo proceso de consultas con comunidades, con personas expertas en el tema, de constantes revisiones del documento por parte de instituciones, en especial del orden nacional, podría afirmarse que este documento Conpes recoge las aspiraciones y exigencias para poner el cuidado de la vida, en sus distintas expresiones, en el corazón de nuestra sociedad.

Con este proceso desarrollado en clave de múltiples perspectivas y aportes, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez dan cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida” y en la Ley 2281 de 2023, con la cual se crea el Ministerio de la Igualdad y Equidad, que establece en su artículo 6.º lo siguiente: “Créese el Sistema Nacional de Cuidado, mediante el cual se articulan servicios, regulaciones, políticas y acciones técnicas e institucionales existentes y nuevas, con el objeto de dar respuesta a las demandas de cuidado de los hogares de manera corresponsable entre la Nación, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, y entre las mujeres y los hombres en sus diferencias y diversidad para promover una nueva organización social de los cuidados y garantizar los derechos humanos de las personas cuidadoras”.

Con la creación del Sistema Nacional de Cuidado se busca reconocer, redistribuir, reducir, representar y recompensar el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado a través de una propuesta de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado.

El propósito de este sistema es reconocer que, si bien todas y todos requerimos de cuidado, ha sido en la forma como se organizan socialmente las responsabilidades del cuidado donde se produce quizás una de las mayores desigualdades que se inicia en cada hogar colombiano, al ser las mujeres quienes han asumido históricamente las mayores cargas de cuidado.

En nuestro país, dieciséis millones de personas requieren de cuidados día a día para su existencia y siete millones de mujeres, una de cada cuatro, son las personas que se dedican al cuidado de niñas y niños, personas enfermas, personas con discapacidad o personas viejas, y lo hacen sin remuneración alguna.

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Para responder a esta situación, se pretende que desde el sistema se promueva una articulación entre las instancias del gobierno nacional, los ministerios y las autoridades del orden local, para que se comprometan a desarrollar proyectos y acciones concretas y se logre que los cuidados se realicen en condiciones de dignidad.

El sistema pretende promover el sostenimiento de la vida desde un marco multiétnico y pluricultural, y busca que el cuidado sea un derecho fundamental. También contribuye a la transformación de los factores culturales que mantienen la desigualdad en la organización social del cuidado y en la división sexual del trabajo. Un punto fundamental para darle materialidad al sistema consiste en fortalecer las capacidades estatales para responder a las demandas de las personas que deben ser cuidadas y a los derechos de quienes las cuidan.

Para el desarrollo de la política y del sistema se aprobaron, como recursos provenientes de las distintas entidades que concurren para su cumplimiento, $25.655 millones, cuyos mayores aportantes son: el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Sistema Nacional de Aprendizaje.

Si bien la creación del Sistema Nacional de Cuidado se logra materializar desde el gobierno nacional, a partir de un amplio proceso participativo y de la aprobación del documento Conpes 4143, su creación también ha sido el resultado de una lucha política que de tiempo atrás hemos impulsado desde organizaciones feministas, comunidades ancestrales y disposiciones normativas. Esta lucha abrió el camino para poner en la agenda pública el cuidado de la vida, de todas las vidas, y hacer visible su impacto en los ámbitos económico, social, político y cultural.

En Colombia, la tarea por poner el cuidado entre las prioridades de la agenda pública ha sido fruto de la producción de conocimiento e incidencia política de movimientos feministas y luchas sindicales, de decisiones de algunos gobernantes locales de aportar al reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado, de las contribuciones del mundo académico, y de un conjunto de dispositivos normativos que han abierto, desde hace muchos años, el camino hacia una sociedad que cuida la vida.

Podemos registrar un primer antecedente normativo en torno a la agenda sobre el cuidado durante el segundo gobierno de Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, entre 2001 y 2003. Mediante una tarea conjunta desarrollada entre el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretaría de Planeación) y el Departamento Administrativo de Bienestar Social (hoy Secretaría de Integración) se realizaron un conjunto de proyectos para, literalmente, poner sobre la mesa la importancia de reconocer el cuidado como un trabajo que aportaba valor a la economía de la ciudad y promover así mismo, vía ejercicios pedagógicos, transformaciones culturales en las familias, para que el trabajo de cuidado fuera redistribuido entre los adultos.

El segundo antecedente es la expedición de la Ley 1413 de 2010, cuyo propósito fue regular la inclusión de la economía del cuidado en las cuentas nacionales, para medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país. Mediante esta ley se creó la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que se realiza cada tres años. Su aplicación ha permitido hacer visible en términos económicos el aporte del trabajo de cuidado no remunerado que, en especial, asumen las mujeres. Las autoras de esta importante ley fueron Cecilia López y Gloria Inés Ramírez.

Un tercer antecedente se refiere a la creación de la Mesa de Economía Feminista en el año 2011, y de la Mesa Intersectorial de Economía de Cuidado en 2014, que han buscado desde sus particularidades un objetivo común: aportar al desarrollo de las economías feministas, hacer visible el aporte de las prácticas de cuidado en el país, incidir en la formulación e implementación de políticas e intervenciones para la superación de las desigualdades de género y la transformación de la vida de las mujeres. Es decir, impulsar referentes feministas que permitan a las mujeres no solo lidiar con poderes de dominación que cotidianamente agobian sus vidas, sino hacer visible cómo el cuidado colectivo de la vida es una práctica de resistencia a las políticas de la muerte y la destrucción de nuestros territorios.

Desde estas dos mesas se logró que en los Planes de Desarrollo de los años 2014-2018 y 2018-2022 quedara el compromiso de sentar las bases del Sistema Nacional de Cuidado. Lamentablemente, durante esos dos gobiernos, de Juan Manuel Santos e Iván Duque, respectivamente, no se registraron avances significativos. Hoy existen mesas en torno a la agenda del cuidado en varias regiones del país.

El cuarto antecedente se encuentra en el Decreto 902 de mayo de 2017 sobre el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-EP, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral en materia de tierras, específicamente el procedimiento para su acceso y formalización. El decreto establece que se dé prioridad en el acceso y la formalización de la tenencia de la tierra a las mujeres rurales, campesinas, cabeza de familia y viudas, y se reconoce la economía del cuidado como parte fundamental del papel de las mujeres.

El quinto antecedente se refiere a las propuestas de algunos gobernantes locales para desarrollar sistemas de cuidado con el propósito de reconocerlo como trabajo, deconstruir masculinidades violentas y fortalecer la política social. Vale la pena destacar la experiencia de la ciudad de Bogotá con la creación del Sistema Distrital de Cuidado.

Por último, como se señala en el documento Conpes 4143, están las luchas de los movimientos campesinos y pueblos étnicos por posicionar un concepto integral de cuidado fruto de sus prácticas ancestrales de pervivencia física y cultural.

Hoy el Sistema Nacional de Cuidado afronta de manera especial vicisitudes de órdenes político y normativo. En el orden político están las visibles tensiones entre el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, y su reciente salida del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, entidad cabeza del sistema. Esta situación nos convoca a quienes desde distintas orillas hemos trabajado por años para hacer realidad el sistema a estar alertas y defenderlo como un legado de nuestras luchas feministas.

En el ámbito normativo vale la pena recordar que, a partir del año 2026, el Ministerio no podrá continuar cumpliendo su misión, como resultado de la Sentencia 161 del 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible, por vicios de forma, la Ley 2188 del 2023. A su vez, la Corte decidió diferir los efectos para su cumplimiento hasta el año 2026, de tal forma que se tramite de nuevo la ley ante el Congreso de la República. Trámite que, hasta el día de hoy, no se ha realizado.

Como mujeres feministas que buscamos proteger la vida en medio de un mundo de grandes turbulencias donde campean las políticas de la muerte, cuidar el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, debería ser un compromiso de toda la humanidad.

(*) Exrepresentante a la Cámara y exdecana de Psicología de la Universidad Javeriana.

(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.