Gobierno de CDMX en la cuerda floja tras protesta violenta
El gobierno de la Ciudad de México ha fijado su postura tras la violenta protesta antigentrificación: condena enérgica a la violencia y la xenofobia, pero reconocimiento del grave problema de fondo. La crisis se convierte en la primera gran prueba política para la administración entrante de Clara Brugada.
La violenta protesta contra la gentrificación que sacudió a la colonia Condesa ha colocado al gobierno de la Ciudad de México en una posición política sumamente delicada. La respuesta oficial ha sido un cuidadoso ejercicio de equilibrio, intentando caminar por la delgada línea que separa la validación de un reclamo social legítimo de la condena a la violencia y la xenofobia.
A través de un comunicado oficial, la administración capitalina rechazó de manera contundente las agresiones y los actos de vandalismo ocurridos durante la manifestación. El gobierno fue claro en su mensaje de bienvenida a la comunidad extranjera, distanciándose de las consignas xenófobas que se escucharon.
«Aquí recibimos con solidaridad a quienes huyen de situaciones difíciles en sus países, y también damos la bienvenida a quienes deciden establecerse en la Ciudad de México por convicción». – Comunicado del Gobierno de la CDMX.
Si bien la respuesta inmediata provino de la administración saliente, esta crisis social aterriza directamente en el escritorio de la jefa de gobierno electa, Clara Brugada. El manejo de este conflicto se perfila como la primera gran prueba de fuego para su gobierno, que tomará posesión en octubre.
La situación presenta un enorme desafío político. Por un lado, la base electoral de Brugada y de Morena es en gran medida simpatizante de las causas sociales y de la lucha por el derecho a la vivienda. Ignorar el problema de fondo del desplazamiento por la gentrificación podría alienar a sus propios votantes.
Por otro lado, el nuevo gobierno no puede permitirse mostrar debilidad ante la violencia ni proyectar una imagen de que la capital es hostil a la inversión y a los extranjeros, lo que podría tener graves consecuencias económicas.
Tanto el jefe de gobierno saliente, Martí Batres, como la propia Brugada, han reconocido previamente la gentrificación como un problema prioritario. Batres impulsó reformas para intentar limitar el aumento de las rentas, mientras que Brugada ha señalado que será un tema central en su agenda.
La presión ahora es inmensa. La ciudadanía no solo espera condenas a la violencia, sino soluciones concretas y efectivas a la crisis de vivienda. La habilidad del nuevo gobierno para proponer políticas públicas que ataquen la raíz del problema —como la construcción de vivienda social, la regulación de plataformas de renta a corto plazo y el fomento del arraigo—, mientras se aplica la ley a quienes cometieron actos vandálicos, definirá el tono de su sexenio y su capacidad para navegar la compleja realidad social de la Ciudad de México.
La Verdad Yucatán
