Congreso CDMX exige proteger a repartidores: «Es una deuda por pagar»

El Congreso de la Ciudad de México ha lanzado un exhorto urgente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) para que implemente una campaña masiva de difusión sobre los nuevos derechos laborales de los repartidores de aplicaciones, advirtiendo que la ley es letra muerta si los trabajadores no la conocen.

Una batalla crucial por los derechos en la economía digital se está librando en la Ciudad de México. Tras una importante reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoce derechos laborales esenciales a los trabajadores de plataformas digitales, el Congreso capitalino ha puesto el foco en el siguiente paso, a menudo el más difícil: asegurar que la ley se traduzca en una realidad tangible.

En una proposición con punto de acuerdo urgente, la Comisión de Seguridad Ciudadana ha exhortado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) a tomar acciones inmediatas. La misión es clara: informar a miles de repartidores que su situación de precarización ha cambiado, al menos en el papel.

El problema central que identifica el Congreso es la peligrosa brecha de información. Los legisladores advierten que de nada sirve una reforma histórica si los propios beneficiarios —los hombres y mujeres que recorren la ciudad en motos y bicicletas— no están al tanto de sus nuevas protecciones.

La propuesta subraya que cada día que pasa sin una campaña de difusión efectiva es «un día más de violaciones, incertidumbre y omisiones». Esta es una lucha de David contra Goliat, donde el Estado debe intervenir activamente, pues las gigantescas plataformas tecnológicas no tienen incentivo alguno para informar a sus «socios» sobre derechos que les representarán mayores costos operativos.

«Es tiempo de saldar una deuda con quienes sostienen la economía digital desde la periferia, desde la moto, desde el vehículo y desde el celular.»

Esta poderosa frase, extraída de la propuesta legislativa, encapsula el espíritu de la iniciativa: es un acto de justicia para un sector de la población que ha sido el motor de la economía de la conveniencia, a menudo a costa de su propia seguridad y bienestar.

El exhorto del Congreso a la STyFE no es una simple sugerencia. Es una demanda formal para que el gobierno de la ciudad asuma su rol como garante de los derechos laborales. Se le pide que diseñe e implemente, con carácter de urgente, acciones de difusión que lleguen directamente a los trabajadores en las calles.

La aprobación de la reforma fue el primer paso. Ahora, la atención se centra en la «última milla» de la política pública. La pelota está en la cancha del ejecutivo local. La pregunta que miles de repartidores se hacen, sepan o no que tienen nuevos derechos, es si el gobierno de la ciudad actuará con la celeridad que la situación demanda para convertir las promesas de la ley en protecciones reales y exigibles.