Un paso hacia adelante: análisis sobre los avances en la reducción de la pobreza monetaria en Colombia / Ricardo Ávila

Andrés Ricardo Benítez cuenta con orgullo cómo ha progresado en los últimos tiempos tras haber dejado atrás un pasado marcado por las carencias. Vecino del barrio San Fernando de Cartagena, este maestro de obra civil dice que “gracias a tener un trabajo digno y estable en la construcción, mi vida ha cambiado en un cien por ciento”.

Su caso no es el único, a juzgar por el reporte que entregó el Dane el jueves sobre la evolución de la pobreza monetaria en Colombia. Según el organismo, la incidencia de este flagelo disminuyó en casi tres puntos porcentuales en el año de medición más reciente frente al periodo previo, al ubicarse en 31,8 por ciento en 2024.

Al respecto, Gustavo Petro comentó en su cuenta de X que “hemos reducido el porcentaje de población pobre al más bajo de la historia estadística desde el 2012”. De acuerdo con las cuentas del mandatario, cerca de 2,6 millones de personas han salido de esa condición respecto al balance de la administración anterior.

Lo sucedido no es menor, sobre todo cuando se tiene en cuenta el retroceso que implicó la pandemia. Los confinamientos obligatorios golpearon con particular dureza a los hogares urbanos que derivan su sustento diario de actividades que tienden a ser informales, como las ventas ambulantes, con lo cual la proporción de pobres llegó a ser más del 43 por ciento.

Ahora el bache se habría recuperado con creces. A primera vista, el país se encuentra en mejor situación que antes de la aparición del covid-19, aunque los técnicos discrepan respecto a si las cifras del presente y el pasado son comparables.

“La serie publicada por el Dane no es homogénea, dado que se realizaron ajustes metodológicos a partir de 2020”, advierte Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo. “Estos cambios incluyen la incorporación de subsidios a los hogares provenientes de registros administrativos de programas sociales y montos derivados de la Pila (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes)”, explica el experto.

Más allá de ese debate, al momento de las clasificaciones internacionales, Colombia sigue rezagada frente al promedio latinoamericano. De acuerdo con la Cepal, el índice de pobreza en la región se ubicó en 26,8 por ciento el año pasado, cinco puntos porcentuales por debajo del nuestro. Por su parte, Chile y Uruguay –con tasas inferiores al 10 por ciento– muestran una realidad que envidia el resto de Suramérica.

Como pasa cada vez que salen este tipo de datos, surge la discusión sobre las definiciones utilizadas. En el caso del Dane, lo primero que se hace es trazar la línea de pobreza, que es “el costo per cápita mínimo de una canasta de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada”, algo que implica una labor juiciosa de mediciones en el terreno y análisis estadísticos.

A partir de ese concepto, se determinó que la línea de pobreza a nivel nacional fue de 460.198 pesos por persona en 2024. Para una familia con cuatro integrantes, un ingreso conjunto inferior a 1,84 millones mensuales es el que determina ser considerada pobre durante ese periodo.

No obstante, el criterio se ajusta al lugar donde se vive. Por ejemplo, en las trece ciudades más grandes, el límite es de 2,26 millones de pesos por familia de cuatro integrantes (cerca de un salario mínimo y medio, con el auxilio de transporte), mientras que en las áreas rurales asciende a 1,17 millones. De vuelta a la realidad del maestro de obra Benítez, el haberse vinculado a una empresa constructora con un trabajo estable le implicó dejar de ser pobre.

Dicho ejemplo ratifica aquello que quienes se dedican a estudiar el tema saben desde un comienzo: el mejor remedio para disminuir la pobreza es la creación de fuentes de empleo formales. Así, la situación laboral es la que explica más de tres cuartas partes de los avances en la materia, mientras que las ayudas –incluyendo las oficiales– juegan un rol relativamente menor.

Eso no quiere decir que tales apoyos sean despreciables. Para Fanny Quinayas, quien habita en la localidad de Los Mártires en Bogotá y cuida a su marido en condición de discapacidad, los 181.000 pesos que recibe todos los meses del Distrito Capital hacen toda la diferencia. “Uno tiene que ser agradecido”, asegura.

No hay duda de que un crecimiento, al menos aceptable, es una condición indispensable para asegurar una disminución de la pobreza. A este respecto, la economía colombiana viene evolucionando de manera favorable, gracias a la fortaleza del consumo interno, sin llegar a cifras estelares. Aún así, la población ocupada ha aumentado y el desempleo disminuye, lo cual no es despreciable.

Aparte de lo anterior, está la caída en los índices de inflación a niveles cercanos al cinco por ciento anual. Este factor no solo se siente en el poder adquisitivo de las familias, sino que determina que la línea de corte de la pobreza suba de forma más moderada. “Cuando de atribuir méritos se trata, lo que ha logrado el Banco de la República al moderar el ritmo de las alzas de precios también merece un reconocimiento”, dice el profesor de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo.

Otros elementos entran en la ecuación. Por ejemplo, las altas cotizaciones internacionales del café y el oro han sido determinantes para que aumenten los ingresos de los cultivadores del grano y de quienes extraen el metal amarillo de manera informal. Algunos analistas sostienen que en las zonas cocaleras también hay más plata, por cuenta del aumento en el área sembrada y las mayores cosechas obtenidas.

Mención especial merecen las remesas enviadas por los colombianos que viven en el exterior, las cuales ascendieron a 11.848 millones de dólares el año pasado. Esos cerca de 50 billones de pesos, distribuidos en pequeños giros que se concentran en departamentos como Valle, Risaralda, Quindío, Antioquia y Cundinamarca, son determinantes para cientos de miles de hogares.

Resulta probable que tales circunstancias hayan servido para que la distribución del ingreso haya tenido una ligera mejoría en 2024. No obstante, el cálculo del coeficiente de Gini –que sirve para medir la desigualdad– sugiere que en este terreno Colombia tiene un largo camino por recorrer y que su evolución reciente es floja.

Sea como sea, los especialistas aceptan que la pobreza ha descendido, lo cual es una excelente noticia. Quizás el lunar más inquietante es que los progresos son menos evidentes en lo que atañe a la pobreza extrema, cuya línea la determina el costo per cápita mínimo de una canasta de alimentos (908.880 pesos mensuales para una familia de cuatro personas es la media nacional).

Si bien en 2024 el número bajó al 11,7 por ciento, no solo es peor que el promedio latinoamericano, sino que supera los niveles observados antes de la llegada del covid-19, haciendo caso omiso de las dudas académicas que surgen al comparar las cifras. A todas luces, el problema se concentra en el campo, en donde algo más de uno de cada cinco habitantes se encuentra en condición de pobreza extrema, una proporción que no ha variado mucho en tiempos recientes y es dos veces y media la de las cabeceras.

Las disparidades entre ciudades y áreas rurales no son nuevas, aunque esta vez llama la atención que se haya avanzado tan poco cuando el cierre de brechas forma parte de los objetivos centrales del plan de desarrollo vigente. Así, al sector agropecuario en conjunto le haya ido bien en los últimos años, salta a la vista que no todos los que viven de la tierra tienen motivos para celebrar.

Tampoco les ha ido particularmente bien a aquellos que se encuentran en la base de la pirámide en el contexto nacional. Una mirada a la evolución del ingreso real por quintiles muestra que el incremento menor de todos en 2024 le correspondió al 20 por ciento más pobre (3,9 por ciento). En cambio, para los que están en la mitad –el quintil tres– el alza fue de 5,9 por ciento, en lo cual el componente laboral acabó siendo determinante.

Buena parte de ese menor dinamismo relativo está relacionado con el desempeño de las ayudas institucionales. Para Jairo Núñez de Fedesarrollo, “el efecto directo del Gobierno a través de subsidios ha sido negativo, debido a los recortes que la actual administración ha implementado en estos programas sociales”.

De otro lado, las grandes desigualdades que caracterizan a Colombia se observan en el ámbito regional. La distancia por carretera entre Quibdó y Manizales es de 311 kilómetros, pero mientras en la capital del Chocó la pobreza asciende a casi el 60 por ciento, en la de Caldas se encuentra por debajo del 17 por ciento.

Entre esos dos extremos hay un panorama lleno de luces y sombras. Aunque sobrepasa todavía el promedio nacional, Neiva experimentó un descenso de más de siete puntos porcentuales en su tasa de pobreza, tal vez por la buena coyuntura cafetera (Huila es el primer productor del grano). En contraste, Riohacha dio marcha atrás, mientras que Barranquilla se estancó, después de una serie de mejoras significativas en lo que va del siglo.

Aquí aparece la discusión de lo que pueden hacer los gobiernos locales con las herramientas que tienen a la mano. El tema es crucial, entre otras cosas, porque buena parte de los apoyos monetarios procedentes de la nación se han reducido en forma sustancial en las ciudades más grandes.

Debido a su tamaño, el caso más relevante es el de Bogotá, en donde la pobreza se contrajo en 4,6 puntos porcentuales en 2024 (de una cuarta a una quinta parte de la población), lo que equivale a 352.000 personas menos en esa condición. Dicho guarismo equivale al 28 por ciento del descenso a nivel nacional.

Según Roberto Angulo, secretario de Integración Social del Distrito, lo ocurrido es consecuencia de tres factores principales: “La economía capitalina entró en una senda de recuperación y superó el promedio del país el año pasado, la inflación se redujo en casi cuatro puntos porcentuales y las transferencias monetarias que salen de las arcas distritales fueron clave, tanto para disminuir la pobreza, en general, como la pobreza extrema, en particular”.

Sobre este último aspecto, el funcionario destaca el aumento en la cobertura que ha beneficiado a un número mucho mayor de hogares, con énfasis en los más vulnerables. “Eficiencia, equidad y posibilidad de elección son los principios que guiaron el rediseño de nuestros esfuerzos”, subraya.

Tales logros merecen ser examinados por quienes tienen la responsabilidad de luchar contra la pobreza, con el fin de consolidar y continuar los progresos recientes. En ese sentido, sería deseable que existiera un ambiente de cooperación entre el Ejecutivo y los palacios de gobierno municipales.

Tristemente, la realidad muestra otra cosa. La animadversión entre la Casa de Nariño y buena parte de los mandatarios locales hace difícil la comunicación y el emprendimiento de estrategias coordinadas. La desconfianza mutua tiende a ser la constante, y más ahora que se acerca la temporada electoral.

Por ello, no hay que caer en la autocomplacencia al momento de calificar la evolución de la pobreza. Lo conseguido es positivo, pero Colombia sigue rezagada frente a sus pares latinoamericanos y continúa siendo una de las sociedades más desiguales del planeta.

Corregir las disparidades exige no solo una buena política pública y recursos adecuados, sino entendimiento entre autoridades y la participación del sector privado, fundamental en la creación de empleos formales. El desafío consiste en “remar para el mismo lado”, como dice Angulo. Esto es impulsar círculos virtuosos en los que se concreten las oportunidades de inversión, aumente la productividad, mejore la salud de las finanzas estatales y la demanda interna se fortalezca.

Solo así, el sueño de una Colombia en donde la pobreza sea una rareza y no una constante podrá volverse realidad. Otros lo han logrado. Por eso no hay razones válidas para afirmar que esa utopía, en nuestro caso, es inalcanzable.