¿Más riesgos que oportunidades? Las advertencias que hacen expertos sobre la creación de la zona económica especial entre Colombia y Venezuela

Hace unos días, el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó un memorando de entendimiento con Venezuela para crear una zona económica especial que incluirá a Táchira, Zulia y Norte de Santander, aunque el área específica aún está por definirse.

Este acuerdo tiene una vigencia inicial de cinco años y la idea es promover la cooperación en temas relacionados con comercio, turismo, cultura, educación y salud, además de impulsar proyectos de producción agroalimentaria.

“Nos proponemos avanzar en un trabajo conjunto que nos permita, a través de esta zona económica especial, impulsar la diversificación productiva, generar valor agregado y fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible”, aseguró la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

Para la Cámara Colombo Venezolana, este acuerdo permite fortalecer el entorno para hacer negocios en la frontera, estimula la inversión y genera oportunidades reales para el empresariado binacional.

“Esta iniciativa impulsa una visión compartida de desarrollo productivo, inversión e integración sectorial en áreas clave como la industria, energía, turismo, agroindustria y comercio”, agregó.

Sin embargo, Alberto Schlesinger, experto en temas políticos y económicos de Venezuela, advierte que esta zona económica especial podría conducir a una “pérdida amplia y acelerada de la soberanía nacional y el control territorial del Estado”.

Además de incrementar la presencia de grupos ilegales en los municipios colombianos. “La realidad es que hoy en día prevalece un amplio y descontrolado contrabando de todo tipo en la zona de frontera, manejado por redes mafiosas que son las que ejercen la soberanía efectiva y el control”, manifestó.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, también comparte esta preocupación por una posible pérdida de control del territorio colombiano y el riesgo que existe de que “esta zona se convierta en un espacio de impunidad o refugio para economías ilegales”.

“La integración no se logra con discursos, sino con institucionalidad, seguridad y cumplimiento del marco constitucional. Sin estos elementos, cualquier zona binacional corre el riesgo de ser simbólica o, peor aún, funcional a dinámicas ilegales”, comentó.

Para Alberto Schlesinger, los tratados que existen desde hace un tiempo entre Colombia y Venezuela son suficientes y abarcan todos los bienes y servicios que se puedan comercializar.

Mientras que la presidenta de AmCham Colombia considera que, si se diseña bien, una integración económica podría ofrecer oportunidades reales para dinamizar el comercio y mejorar las condiciones en la frontera.

No obstante, el memorando que se firmó “carece de objetivos verificables y mecanismos claros de implementación”, y sin una hoja de ruta que detalle sus condiciones e instrumentos regulatorios y logísticos que lo hagan viable, no se puede tener claridad sobre los beneficios que traería para las empresas colombianas.

“Cualquier expectativa empresarial exige condiciones mínimas: reglas claras, seguridad jurídica, transparencia y respeto al Estado de derecho. Por ahora, solo hay un anuncio político sin sustento técnico que permita evaluar riesgos y oportunidades con responsabilidad”, aseguró María Claudia Lacouture.

Adicionalmente, Alberto Schlesinger califica de “quimera alucinante” la intención de ofrecer tratamientos especiales (tributarios o de otra índole) para atraer empresas a esta zona económica especial, en un contexto donde el territorio está bajo el control de grupos al margen de la ley.

“Compartir territorio con Nicolás Maduro y sus compinches (incluidos los carteles de la droga) sería de extrema gravedad y conllevaría a dar un enorme “mordisco” a nuestra fracturada y descuadernada soberanía territorial”, manifestó.

De acuerdo con la presidenta de AmCham Colombia, el sector empresarial está dispuesto a respaldar este tipo de mecanismos de cooperación solo si se construyen bajo los principios de democracia, legalidad, transparencia y con participación efectiva de los gobiernos locales y del sector productivo.