Las razones que han llevado a los productores a convocar el segundo paro arrocero de Colombia en este 2025

Los arroceros del Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba y Sucre comenzaron hoy un nuevo paro nacional indefinido, el segundo en lo que va de año en protesta de la crisis de precios que atraviesa el sector.

Los productores denuncian que los acuerdos firmados en marzo con el Ministerio de Agricultura tras un paro que duró nueve días fueron “ignorados”. Además, aseguran que el Gobierno ha venido aplazando las soluciones estructurales que necesitan.

“El gremio no participará en nuevas mesas de diálogo si no están presentes el Ministerio de Agricultura, Comercio y Ambiente, la Superintendencia de Industria y Comercio, y los representantes de la industria molinera”, señalaron los líderes arroceros del Tolima y Huila.

En la actualidad, denuncian que están registrando pérdidas aproximadas de entre 2’500.000 y 2’800.000 millones de pesos por hectárea cosechada, lo que está llevando a la “quiebra” a pequeños y medianos productores de diferentes regiones.

Por ello, piden precios justos, así como una regulación real y efectiva de la producción y la comercialización. “Exigimos la adopción de una política nacional de regulación del precio del arroz paddy verde en punto de compra que garantice un valor justo que debe recoger mínimo los costos de producción y una tasa de utilidad para el productor. No es admisible que sigamos cosechando a pérdida”, se puede leer en el pliego de peticiones.

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) alertó por la disminución en el precio que se le está pagando al productor y que va entre 10.000 y 15.000 pesos por carga. “Esta situación implica una noticia nefasta para el sector. Golpea directamente al eslabón más débil de la cadena y se suma a una tendencia preocupante que venía dándose con los precios desde comienzos de 2025”, aseguró el gremio que lidera Rafael Hernández.

Según los arroceros en paro, todos los integrantes de la cadena arrocera, tales como productores, industriales, comercializadores y distribuidores deben ser remunerados adecuadamente por su actividad. “Los productores no podemos seguir perdiendo, queremos producir con dignidad y no seguir quebrándonos económicamente. Este punto incluye la retroactividad para quienes ya hayan cosechado y no hayan sido objeto de apoyo a la comercialización”, aseguran.

Si bien en junio del 2024 los productores recibieron en promedio nacional cerca de 225.000 pesos por carga, este precio ha descendido a la fecha a 170.000 pesos en la zona centro y hasta 158.000 en la zona Llanos.

“Hay una situación de inequidad y gran injusticia en contra del sector productor, pues a pesar de que los agricultores han venido alcanzando costos de producción similares a los registrados en Estados Unidos, el deterioro del precio es de tal magnitud, que ha arrasado con los avances alcanzados gracias a las prácticas tecnológicas implementadas, a tal punto que los precios de hoy no permiten a nuestros agricultores alcanzar siquiera el punto de equilibrio”, señala Fedearroz.

Igualmente, reclaman al Gobierno Nacional que cumpla de manera íntegra con los compromisos que se asumieron en el paro arrocero de marzo. Entre ellos, está la ampliación de beneficiarios y el pago del apoyo a la comercialización.

“Un bajonazo de precios en diciembre del 2024 y otro en junio del 2025 configuran un desastre frente a los costos crecientes de sus cultivos. Los acuerdos después del paro arrocero han sido incumplidos”, expresó el líder de Dignidad Agropecuaria, Óscar Eduardo Gutiérrez.

Y es que en marzo el Gobierno presentó a los arroceros un paquete de recursos cercanos a 72.000 millones de pesos destinado a solucionar los problemas estructurales que aquejan al sector. En lo referente a comercialización se dispusieron recursos por 21.930 millones de pesos para atender a pequeños y medianos productores y, de esta bolsa, el 40 por ciento se indicó que iba destinado para apoyarlos en la venta de aproximadamente 72.896 toneladas del grano.

Además, la estrategia de comercialización incluyó la apertura de mercados en el exterior con apoyo de Ministerio del Comercio, ProColombia y la Agencia de Desarrollo Rural. Adicional a ello, se concretó el fortalecimiento de las compras públicas locales para que los productores arroceros oferten sus cargas a entidades del sector nacional que requieran el cereal para la atención en sus distintos programas sociales.

Los acuerdos anunciados no solo contemplaban el financiamiento para los pequeños y medianos productores, sino también salvaguardias, manejo fitosanitario, un fondo de estabilización de precios, una política de libertad vigilada y la revisión de los costos de producción, algunos de los acuerdos que se suscribieron tras el cierre de la negociación.

Por ejemplo, frente al tema de la importación se acordó trabajar con el Ministerio de Comercio para adelantar las actuaciones pertinentes frente a la expedición de salvaguardias que protejan la producción nacional arrocera.

Asimismo, desde la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) se habló de establecer un convenio cooperativo para aunar esfuerzos que promuevan el fortalecimiento de las capacidades comerciales, agroindustriales y agrologísticas de organizaciones de pequeños y medianos productores con miras a la incursión en diferentes mercados por un valor de 10.000 millones de pesos.

Igualmente, se indicó que hay hasta 7.000 millones de pesos del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia) para que sea aprovechado por pequeños y medianos productores arroceros, con el fin de que reduzcan los costos que le acarrean los insumos agropecuarios para sus ciclos productivos.

“Las exigencias son claras. Precios justos para el arroz nacional, así como una regulación, protección del único cultivo semestral estratégico del país, revisión urgente de los Tratado de Libre Comercio (TLC) que están hundiendo la producción nacional, un control efectivo de las importaciones y contrabando y cumplimiento de todos los acuerdos”, aseguran.

El Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado sobre el comienzo de la movilización arrocera. Sin embargo, hace unos días la ministra de la cartera agropecuaria, Martha Carvajalino, indicó que se van a tomar medidas “urgentes” para este comienzo de la cosecha en la que se esperan 3 millones de toneladas de arroz.

“Hemos encontrado que los precios que se pagan han bajado más de lo esperado. Estamos estudiando medidas legales para poder regular el precio en el mercado y ya tenemos un régimen de libertad vigilada de precios”, explicó Carvajalino, quien dijo que se mantienen las medidas de apoyo a los insumos agropecuarios, así como las de alivio en el crédito, el apoyo directo para la primera cosecha del año y las mesas técnicas para garantizar que se siga produciendo arroz y que se pague el precio justo.

Según el Ministerio, entre el 9 de abril y el 30 de junio se han dado 120.000 millones de pesos por tonelada a los pequeños productores de bajos ingresos y 78.000 millones de pesos para medianos productores. Además, a julio el programa ha procesado más de 2.600 registros con una proyección total superior a los 15.700 millones de pesos.

Igualmente, avanza la estrategia de compras públicas y en junio se puso a disposición de los productores el programa Faia arroz que le apuesta a disminuir los costos de la producción agropecuaria. La bolsa actual de recursos es de 7.000 millones de pesos para distribuir entre pequeños y medianos productores del cereal de los Llanos, Bajo Cauca, Santanderes, Centro y Costa Norte.

También hace unos días se publicó el proyecto de resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios. Esta pretende garantizar una formación transparente de precios que refleje las condiciones del mercado nacional y evite pérdidas para el productor al establecer un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde y diferenciado, de acuerdo con la región en la que se encuentre.