Las profesiones del Estado afectadas por la revolución que prepara el Gobierno para las oposiciones
El Gobierno quiere lanzar un nuevo modelo de selección de personal público para que los aspirantes a funcionarios de categoría superior tengan que recibir una formación de dos años y superar un examen para optar a la plaza. La reforma repercutiría sobre los grupos de funcionarios A1 y A2, que son los que tienen como requisito mínimo estar en posesión de un título universitario de Grado, según se establece en Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La diferenciación entre cada subgrupo depende del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.
Los funcionarios de la clase A1 son los que mayor salario perciben, puediendose mover en una horquilla entre 30.000 y 50.000 euros anuales. ¿Quién pertenece a esta categoría? Según se puede extraer de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para este año, se verían afectados abogados del Estado, aspirantes a diplomáticos, médicos titulares, ingenieros o inspectores de Hacienda.
En el caso del subgrupo A2 (puede llegar a un tope de 40.000), en la OPE del presente año (enlace aquí) aparecen técnicos de Hacienda, ingenieros técnicos, subinspectores laborales, entre otros.
La propuesta lanzada hoy por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López afecta exclusivamente a los cuerpos de la Administración General del Estado.Las oposiciones a Notarios, Registradores de la Propiedad o a Jueces y Fiscales no verían alterados sus procesos, según confirman fuentes del mismo departamento a este periódico, a pesar de pertenecer a las categorías afectadas.
Por el momento el nuevo modelo de selección está en una frase embrionaria y no hay concreciones sobre cuándo entraría en vigor ni de cómo serán estos cursos. Según el plan dado a conocer hoy se mantendrán las pruebas tradicionales de la fase de oposición de cada cuerpo y escala y habrá un sistema de becas y ayudas al estudio para los hogares de menor renta. La idea es que una vez superada esa fase, los aspirantes a una plaza de funcionario cursen un posgrado en los institutos y escuelas de la administración del Estado y hagan posteriormente un examen final.
Los aspirantes que no obtengan la condición de personal funcionario de carrera, pero que hayan superado el proceso formativo, podrán obtener un título de posgrado con carácter oficial.
ABC.es
