Exportación de gas a Brasil: ¿quién pone 3.000 millones de dólares para hacer las obras?

Para garantizar el abastecimiento de gas a las usinas locales y venderle 10 millones de metros cúbicos por día a Brasil, Argentina necesita invertir cerca de 3.000 millones de dólares en infraestructura de transporte.

El número de inversiones requeridas surge de sumar iniciativas bosquejadas con esos propósitos. Se trata de desembolsos que tardan en cristalizarse y hoy están jaqueados por el alto interés de los préstamos para iniciativas argentinas.

Existen grandes proyectos para vender al mundo gas licuado. Pero hay otros objetivos menos grandilocuentes y en apariencia más sencillos como sería venderle gas al vecino del Mercosur a través de la conexión física de un caño. Sin embargo es un desafío enorme, cuyo logro depende tanto de conseguir fondos a un costo razonable como de consolidar un acuerdo de precio sostenido para ambas partes.

Brasil se avizora como un mercado natural para la Argentina, ya que el 35% de su oferta interna de gas es importado. Su producción creció a 6% anual en la última década, pero mucho de lo que obtiene lo reinyecta para vigorizar la producción de petróleo, que es su objetivo prioritario. Tampoco tiene conexiones hechas para llevar el producto desde los yacimientos costeros del Presal hasta sus consumidores.

Aquí es donde el producto argentino, que abunda en el subsuelo de Vaca Muerta, se perfila como un bien necesario para una operación binacional de largo plazo.

Total Energies y Tecpetrol acaban de exportar a territorio brasileño gas patagónico usando la infraestructura boliviana, que está ociosa porque la producción de ese país está casi agotada.

Pero se trató de ventas “interrumpibles”, que no implican continuidad y no cimentan una inversión grande dedicada.

Para tender caños nuevos, Argentina necesita celebrar con los compradores de Brasil contratos a largo plazo y en firme. Así ellos tienen la certeza de que tendrán producto y los exportadores locales que tienen la colocación asegurada al menos por quince años.

Brasil se avino a pagar 11,5 dólares la unidad calórica (MBTU) en las recientes compras. Pero su industria no está dispuesta a convalidar más de 7 dólares, un 40% menos, para un acuerdo de largo plazo, según ratificaron fuentes privadas y oficiales al tanto de las conversaciones preliminares.

La ecuación se complica enormemente cuando en ella se incluyen las inversiones necesarias para nuevos tendidos que permitan evacuar el gas patagónico hasta la frontera.

El plan exportador bosquejado hasta ahora por la industria local consiste en abastecer mediante un caño a las usinas térmicas sureñas próximas a Porto Alegre y a la industria paulista. En el mercado se estima que esta operación externa podría generar divisas por entre 800 y 900 millones de dólares anuales.

Con este anzuelo, Transportadora de Gas del Norte intenta avanzar con una proyecto para sacar desde Neuquén 20 millones de metros cúbicos/día. La mitad, para alimentar a centrales térmicas argentinas y otros 10 millones para exportar a Brasil, por cualquiera de los tres caminos en estudio: Uruguayana, Bolivia o Paraguay.

El tendido de un caño desde Tratayén, Neuquén, a La Carlota, sur de Córdoba, requiere desembolsar unos 2.000 millones de dólares.

Cada millón de metro cúbico a transportar a través de un caño de 36 pulgadas demanda US$100 millones. Llevarlo hasta la frontera, podría demandar alrededor de US$ 600 millones adicionales, según la fórmula de costeo que utiliza el consorcio liderado por Techint.

“En los 90, después de las privatizaciones, se desarrolló mucha infraestructura con recursos privados. No veo por qué ahora no pueda hacerse lo mismo”, especuló una jerarquizada fuente oficial, para quien el retiro del Estado de la obra pública no es un impedimento.

Sin embargo, hasta el momento no cuajó ninguna fórmula privada, a pesar de los múltiples interesados en la iniciativa: productores de gas, operadores de usinas térmicas, grandes industrias, provincias como Córdoba y hasta los propios industriales brasileños.

Es un desafío técnico y económico que incluye desde la definición de la ruta más apropiada a la integración de un consorcio privado que, aunque consiga aportes de sus socios, no podría prescindir de préstamos bancarios a interés razonable.

Para hacer viable la iniciativa, es necesario evitar el riesgo país: una alternativa podría ser un tercero ajeno a todos los actores involucrados que intervenga como un midstreamer (en este caso, que conecta la operación del proveedor del gas con el distribuidor), figura que la legislación local habilita.

Y, lo primero, tampoco está clara la ruta definitiva.

• Ir hacia el norte para utilizar los ductos bolivianos vacíos podría ser lo técnica y económicamente más sencillo para Argentina y Brasil. Pero de este lado de la frontera se teme que la inestabilidad política boliviana y su propia necesidad de gas haga peligrar las exportaciones, por eventuales medidas de fuerza o por la tentación de capturar para sí el recurso que en breve le faltará.

• La vía paraguaya es la menos explorada aún.

• La de Paso de los Libres-Uruguayana, a priori la más viable, también requiere la construcción de un ducto de unos 500 kilómetros del lado brasileño, que arrime el producto a donde están sus consumidores, adicionales a los US$ 2.600 millones que se requieren desde el lado argentino. Una especie de secuencia de proezas económicas.

La necesidad de ampliar la infraestructura de transporte de gas también apunta a satisfacer necesidades internas del país para continuar con la política de sustitución de importaciones, o bien para exportarlo por barco.

Justamente el proyecto de TGN contempla llevar gas patagónico hacia las centrales térmicas locales para la generación eléctrica en el país. Hay otras propuestas con más avance para un fin similar.

Transportadora de Gas del Sur (TGS) hizo punta con un proyecto a través del sistema de iniciativa privada para reforzar la capacidad del Gasoducto Perito Moreno (originalmente Néstor Kirchner) que une la neuquina Tratayén con la bonaerense Salliqueló: las obras se licitan pero el consorcio que lidera Pampa Energía tiene una preferencia en el concurso. Se trata de inversiones estimadas en 700 millones de dólares para sumar 14 millones de metros cúbicos con tres plantas comprensoras y 20 km de loops (extensiones de caños paralelas) al Neuba II. El proyecto permitiría distribuir más gas doméstico y seguir reemplazando al importado, pero es una iniciativa aún en fase temprana y con final abierto.

Los únicos fondos estatales en juego son los comprometidos en la lenta reversión de la dirección del flujo histórico del Gasoducto Norte (que se usaba para importar gas desde Bolivia) para que el fluido ahora salga desde Neuquén hacia la región norte. A la obra que ejecuta la estatal Enarsa a través de la privada Esuco le falta revertir cuatro plantas compresoras para subir de 15 a 19 millones de m3 la capacidad del caño.

Finalmente están los enormes proyectos dedicados exclusivamente a la exportación de gas licuado, mucho más ambiciosos pero factibles.

Southern Energy, consorcio liderado por Pan American Energy que también integran la noruega Golar, YPF, Pampa y Harbour, ya avanzó en el desarrollo de un proyecto modular a través de barcos que van a licuar el gas de Vaca Muerta en las costas de Río Negro para compradores del mundo.

Un tramo aprovecha algo de capacidad de transporte disponible, seguido por un caño “dedicado” o exclusivo, construido y operado con las prerrogativas del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), incluyendo la disponibilidad de divisas que generen las futuras exportaciones.

Esta obra tiene, oficiosamente, un costo estimado no inferior a 1.400 millones de dólares pero el aval oficial de exportar sin interrupciones por treinta años. Esto implica que el Estado no haría uso de su prerrogativa de desviar producto para el mercado interno en caso de faltante.

Además, esta es la vía que algunos especialistas ven como más factible (sin construir nuevos gasoductos entre los dos países) para que el gas argentino llegue al país gobernado por Ignacio Lula Da Silva.