Desigualdad financiera: el reto del acceso al crédito para mujeres empresarias y mipymes rurales

En México, la inclusión financiera sigue siendo uno de los desafíos más importantes para lograr un desarrollo económico justo y equitativo. Aunque en los últimos años se han registrado avances significativos en la digitalización y bancarización, millones de personas —especialmente mujeres emprendedoras y mipymes rurales— continúan excluidas de los beneficios del sistema financiero. Esta desigualdad financiera impide el crecimiento de negocios con alto potencial, limita la generación de empleo local y perpetúa la brecha entre regiones urbanas y rurales.

Las mipymes mexicanas, que representan el 99% de los negocios en el país, enfrentan grandes obstáculos para acceder al financiamiento. Sin embargo, dentro de este universo ya vulnerable, existen sectores aún más rezagados: los liderados por mujeres y aquellos ubicados en zonas rurales.

Datos del sector financiero revelan que:

• Solo el 35% de las empresarias mujeres acceden a créditos formales.
• En zonas rurales, menos del 10% de las mipymes tienen relación con un banco.
• Las mujeres enfrentan tasas de interés más altas y menor monto de crédito en comparación con sus contrapartes masculinas.

Este escenario demuestra que la equidad de género y la equidad regional son aún asignaturas pendientes en el sistema financiero mexicano.

Las mujeres que emprenden en México suelen hacerlo en condiciones desiguales desde el inicio. Muchas carecen de garantías para respaldar un crédito, tienen bajo historial crediticio o laboran en sectores considerados de menor rentabilidad, como comercio minorista o servicios personales.

Además, persisten sesgos de género en instituciones financieras, que tienden a considerar a las mujeres como un perfil de mayor riesgo. Esto ocurre a pesar de que estudios demuestran que las mujeres presentan menores tasas de morosidad y mayor disciplina financiera que los hombres.

Frente a este contexto, el Plan México busca corregir esas asimetrías mediante programas de microcréditos especializados, educación financiera con perspectiva de género y alianzas con fintechs lideradas por mujeres.

Por otro lado, las mipymes rurales enfrentan un doble desafío: el acceso al sistema financiero formal y la falta de infraestructura básica. En muchas comunidades alejadas, no existen sucursales bancarias, y la cobertura de internet es limitada o inexistente, lo que imposibilita el uso de herramientas digitales.

Estas empresas suelen operar en la informalidad, carecen de registro fiscal y dependen de ingresos estacionales. Además, muchos de los productos financieros tradicionales no están diseñados para su realidad económica.

Para abordar esta exclusión, el gobierno está promoviendo el uso de finanzas comunitarias, microfinancieras locales, y la expansión del Banco del Bienestar como brazo operativo para llegar a las zonas más apartadas del país.

La banca de desarrollo, encabezada por instituciones como Nafin, FIRA y Banobras, ha comenzado a implementar programas orientados a cerrar estas brechas. Algunos ejemplos incluyen:

• Créditos garantizados para mujeres emprendedoras en comunidades indígenas.
• Programas de capacitación financiera y digital para negocios rurales.
• Alianzas con ONGs y cooperativas para canalizar recursos de manera local.

Asimismo, el avance de las fintechs ha sido fundamental. Plataformas digitales como Konfío, Creditea o Kubo Financiero están desarrollando productos que evalúan el comportamiento financiero con modelos alternativos, permitiendo que personas sin historial en buró puedan acceder a crédito.

El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través del Plan México, ha dejado claro que la inclusión financiera no puede depender solo de las reglas del mercado. Es necesario un enfoque social y territorial, con políticas diferenciadas para atender las realidades de quienes han sido históricamente excluidos del sistema.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ha reiterado que el financiamiento debe ponerse al servicio de los sectores productivos más vulnerables, no solo por razones éticas, sino por el enorme potencial que representan para el crecimiento económico nacional. “Ese capital tan sólido hay que ponerlo a trabajar”, ha dicho en varias ocasiones, destacando la urgencia de atender a las mipymes rurales y a las mujeres que emprenden.

Lograr una inclusión financiera real implica mucho más que abrir cuentas bancarias. Se trata de derribar barreras estructurales, eliminar sesgos de género, invertir en conectividad y diseñar productos que respondan a la realidad de las mipymes rurales y lideradas por mujeres. Si México quiere crecer de manera sostenible y equitativa, debe asegurar que todos los sectores productivos, sin importar su ubicación o quién los encabece, tengan las mismas oportunidades para acceder al financiamiento. La equidad económica no es solo un ideal: es una condición para el desarrollo.

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