Así será el nuevo registro de jornada que impondrá Yolanda Díaz

La aprobación de las 37,5 horas puede estar en riesgo, pero la implantación de un nuevo registro de jornada, telemático y con acceso directo para la Inspección de Trabajo está asegurada. Este es el mensaje que se traslada desde el Ministerio de Trabajo. Reconocen que la reducción de jornada atraviesa dificultades por la oposición de Junts, lo que ya ha obligado a retrasar su tramitación en las Cortes hasta después del verano, pero insisten en que uno de los elementos que incorpora, este nuevo sistema de controlar el horario de los trabajadores, se llevará a cabo sí o sí.

Se puede tomar como advertencia o como medida de presión, pero lo cierto es que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está determinada a implantarlo. Desde el punto de vista técnico, hay margen para ello. Porque así como para aprobar el proyecto de ley que incluye las 37,5 horas, el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital, se necesita navegar por las aguas agitadas en que se han convertido las Cortes en esta legislatura, donde muchos proyectos no llegan a puerto, para el registro horario se puede evitar la travesía parlamentaria y cruzar por el puente que supone una decisión del Consejo de Ministros.

Es el plan B de Yolanda Díaz, ya conocido y que, por si hiciera falta, esta semana pasada recordó al afirmar que “si deciden votar contra la reducción de jornada, voy a hacer lo que tengo que hacer, un real decreto que tiene rango reglamentario. El reglamento lo firmo yo”. Se refería al registro horario, que, de esta manera, no necesitaría pasar por el Congreso de los Diputados.

“Los asientos se harán de forma personal y directa sin que la empresa condicione su contenido”

Lo cierto es que, aunque el nuevo control telemático y más efectivo de la jornada haya quedado en segundo plano ante el protagonismo de las 37,5 horas, es uno de los puntos en que el ministerio ha insistido desde siempre. No sirve de nada reducir la jornada si no existen los elementos para asegurar que el nuevo horario se cumpla, es una de las frases más repetidas por Trabajo, y en este sentido, consideran que el actual sistema, que implantó la ministra Magdalena Valeria en mayo del 2019, ha mostrado su ineficacia.

Su argumento se basa, por ejemplo, en el número de horas extraordinarias no pagadas, cuatro de cada diez en el segundo trimestre de este año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Si la medida se lleva a cabo, supondrá que todas las empresas tendrán que establecer un sistema de control horario digital y con libre acceso para la Inspección de Trabajo. En el proyecto de ley se señala que la empresa mantendrá un registro diario de jornada, realizado por medios digitales, y se especifica que los trabajadores “practicarán los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido”. También se registrarán las interrupciones de la jornada que afecten al cómputo global.

El plan B de Trabajo pasa por aprobar en Consejo de Ministros el registro si decae la reducción de jornada

Otro de los elementos que se precisan es que se facilitará el acceso al registro por los trabajadores, sus representantes legales y la inspección de Trabajo en el centro de trabajo en cualquier momento, y se añade que “el registro deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y para la representación de las personas trabajadoras”. Unos registros que la empresa deberá conservar durante cuatro años. Además, entre las obligaciones de la empresa figura que es la responsable de acreditar el cumplimiento de todos estos requisitos previos.

Todo queda pautado en el texto, aunque se deja un limitado espacio de maniobra para la negociación colectiva, a través de la cual se podrá establecer el régimen de organización y de funcionamiento del registro de jornada, respetando en todo caso los principios básicos indicados.

Un listado de exigencias que las empresas deberán cumplir bajo amenaza de multas con unos montantes que van desde un mínimo de 1.000 hasta un máximo de 10.000 euros por cada trabajador. Aquí hay un endurecimiento por dos vías, unos montantes más elevados y que se aplican por cada empleado en que se detecte incumplimiento, y no para el conjunto de la empresa, como hasta ahora. Sería el caso de una ausencia de registro o de falseamiento de los datos registrados.

Las empresas deberán facilitar la realización del registro, su acceso y guardarlo durante cuatro años

En el borrador del proyecto de ley se endurecen las sanciones por el incumplimiento tanto en el registro como en la jornada, el trabajo nocturno, las horas extraordinarias, las complementarias, los descansos, las vacaciones, los permisos y en general el tiempo de trabajo. En concreto, las multas van desde 1.000 hasta 2.000 euros para el grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros para las medias y de 5.001 a 10.000 euros para el grado máximo.

El texto pretende ejercer un control sobre la proliferación de horas extraordinarias no ajustadas a derecho. Unas horas extras que, como indicábamos, siguen sin pagarse en una proporción del 40%. En el segundo trimestre del año se realizaron un total de siete millones de horas extras a la semana, de las que 2,8 millones no se abonaron, según la última EPA.