Así fue el acuerdo entre Gobierno y los agricultores que desbloqueó el segundo paro arrocero del 2025

Los arroceros protagonizaron en las últimas dos semanas su segundo gran paro nacional de este 2025 en protesta por la crisis de precios que vive el sector y que les está dejando pérdidas de entre 2,5 y 2,8 millones de pesos por hectárea cosechada. Sin embargo, tras 11 días de bloqueos en diferentes departamentos del país como Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba y Sucre, los productores y el Gobierno Nacional lograron ponerse de acuerdo para levantar la movilización.

En total, las partes adquirieron siete compromisos. Uno de los más relevantes es el que establece una regulación del precio del arroz paddy verde (aún con cáscara) ante la caída que ha tenido lo que le pagan al productor frente a los costos de producción y los arrendamientos de los predios para plantaciones, insumos, logística y agua.

El compromiso del Gobierno es crear un régimen de libertad regulada que establecerá un precio mínimo y diferenciado de compra del arroz paddy verde en función de las condiciones de cada región. Según la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, esta medida pretende garantizar una formación transparente de precios que refleje las condiciones del mercado nacional y evite pérdidas para el productor.

“Las partes aceptaron la fórmula de cálculo establecida en la resolución propuesta por el Ministerio de Agricultura y concordaron que los precios garantizan los costos de producción al productor sin generación de utilidad”, se puede leer en el acta de compromisos.

Para Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria, cada región podrá tener un precio en función del clima, la siembra o incluso el rendimiento por hectárea. “Se trata de una decisión positiva que se venía luchando desde hace tiempo. Es una libertad regulada temporal que no creo que vaya más allá de la distorsión del mercado que se presenta en este momento”, indicó.

Ante los reclamos de los arroceros de controlar de manera efectiva las importaciones y el contrabando, en especial, de Ecuador, el Ministerio de Comercio se comprometió a evaluar la viabilidad de promover la implementación de medidas de defensa comercial y revisar la política de aranceles inteligentes.

Por su parte, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), realizará controles en los centros de acopio y en los molinos acordados con el fin de revisar los stocks y sus orígenes.

Las partes también definieron que el Ministerio de Ambiente realizará una mesa técnica para ajustar el sistema y método del instrumento económico que permita el acceso justo al agua para el sector agropecuario. Además, el Ministerio de Hacienda liderará una mesa para revisar las fuentes de información para la determinación de la presunción de costos.

Por último, se creará una comisión que hará seguimiento a los acuerdos e implementará los puntos del primero para que se materialice el paquete de medidas que contemplan el apoyo directo a la comercialización, así como el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia), que les facilita a los pequeños y medianos productores adquirir insumos, entre otros.

Hay que recordar que en marzo el Gobierno presentó a los arroceros un paquete de recursos destinado a solucionar los problemas estructurales que aquejan al sector. Según la cartera agropecuaria, entre el 9 de abril y el 30 de junio se generó un apoyo económico por tonelada comercializada con montos diferenciados: 120.000 pesos por tonelada para pequeños productores de bajos ingresos y 78.000 pesos para medianos. Adicional a ello, con el programa Faia Arroz se han invertido 7.000 millones en apoyo para la compra de fertilizantes.

Los arroceros no son los únicos que están reclamando ayuda ante los bajos precios. Los cultivadores de papa también reclaman soluciones ante las pérdidas que aquejan al sector, ya llevan dos mesas con el Gobierno y, si no llegan a un acuerdo de aquí al 29 de julio, barajan movilizarse.

Richard Sánchez, gerente general de la Federación de Productores de Papa (Fedepapa), dice que están perdiendo entre 11 y 15 millones de pesos por hectárea, en parte, por el ingreso irregular de la papa desde Ecuador, el incremento de las importaciones congeladas y el aumento del área cosechada por cuenta de los mayores precios que hubo en 2023 y 2024.

“Mientras el kilo de papa se vende en la finca a 350 pesos, en la ciudad lo pagamos a 2.500 pesos, es decir, al productor no se le está pagando lo que debería. Hay unos intermediarios que se quedan con el dinero del agricultor”, le dijo a este medio el líder.

Adicional a ello, algunos cultivadores de cacao y de plátano también han levantado la voz en los últimos días. De un lado, la Mesa Nacional Cacaotera asegura que pese a que la tonelada de cacao se está pagando en el exterior a 8.300 dólares, en Colombia el kilo está a 22.000 pesos, cuando lo deberían estar pagando a más de 30.000 pesos. “Como si fuera poco, imponen cuotas y fijan cupos de compra, obligando a los campesinos a vender a cualquier precio”, dice en una misiva el gremio.

De otro lado, la Federación Nacional de Cultivadores y Productores de Plátano de Colombia (Fenalcup), que representa a más de 7.524 familias platanicultoras, anunció que comenzará un paro nacional si el Ministerio de Agricultura “persiste en su abandono”. Advierten que sus familias siguen sumidas en la pobreza, enfrentan un rezago tecnológico, vías intransitables, plagas devastadoras y no poseen acceso ninguno a crédito o apoyo real.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que el gobierno de Gustavo Petro no requiere vías de hecho para sentarse a hablar con ningún productor y que el acuerdo con los arroceros, más lo que se está trabajando con el sector de la papa y lo que esperan hacer con los cacaoteros y otros agricultores, es un ejemplo de cómo se puede mantener el diálogo permanente para que el país se convierte en una potencia agroalimentaria.

“Este gobierno no requiere vías de hecho para sentarse con ningún productor en ningún lugar del país y construiremos la mejor de las apuestas para que juntos y juntas hagamos la revolución por la vida”, manifestó.

Carvajalino dijo que las apuestas de la cartera agropecuaria están en el financiamiento, la agroindustria y en el ordenamiento de la producción.

“Nuestros procesos tienen que avanzar hacia los procesos de industrialización y de apertura de los mercados. Que lo que se produce en Colombia pueda hacerse a un costo eficiente, de manera ambientalmente sostenible, construyendo paz y que lo podamos poner en los mercados del mundo”, aseguró.

Sobre los arroceros, dijo que se llegó a un pacto para regular de manera transitoria el precio del arroz paddy verde y se avanza en la construcción de la regulación del blanco. Respecto a los cacaoteros, señaló que están encontrando rutas para que los cultivos puedan ser sostenibles y eficientes al mismo tiempo.