El Supremo admite tres recursos contra las cesiones de Sánchez al País Vasco sobre la Seguridad Social

Junto con competencias en Salvamento Marítimo y el edificio del Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Vizcaya), las tres materias cedidas vinculadas a la Seguridad Social fueron la forma de destensar a final de año las relaciones con el partido de Aitor Esteban. Estas debían haber sido firmadas el pasado 29 de diciembre en un encuentro que no se dio, por lo que el plazo inicialmente fijado (finales de 2025) para el «cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica» ya estaba sobrepasado. Algo que elevó la tensión entre los socios. «No nos quedaremos de brazos cruzados», advertía en enero Esteban.

Finalmente se selló un acuerdo que se remonta a la Comisión Bilateral celebrada entre Sánchez y Pradales el 15 julio de 2025, donde los nacionalistas pretendían abrir el melón al completo de la gestión económica de la Seguridad Social. Al final, acabaron desgranando la cuestión por materias y no fue hasta este año cuando se hicieron efectivas las transferencias relativas al seguro escolar, las prestaciones familiares no contributivas y las prestaciones por desempleo. Todas ya habían sido asumidas por el Gobierno vasco, pero su ratificación a mediados de enero sirvió como un balón de oxígeno para las partes.

«Son más los cumplimientos que los incumplimientos», llegó a decir Pradales centrado ya en una «nueva fase» de las negociaciones. Ahora, con carpetas abiertas en torno a otras siete materias y para la que planean una nueva reunión de la Comisión Bilateral el próximo mes de julio. Esta, sin embargo, se celebrará con parte de lo anteriormente acordado pendiente de la resolución que tomen los tribunales, pues los recursos de Impulso Ciudadano denuncian que las cesiones antes mencionadas «suponen una alteración profunda del modelo constitucional de Seguridad Social, al atribuir a la Comunidad Autónoma del País Vasco facultades prácticamente omnímodas de gestión sobre prestaciones esenciales del sistema público».

Fue el pasado 6 de marzo cuando los decretos y las órdenes ministeriales que hacían efectivas las transferencias se publicaron en el BOE. Los recursos fueron admitidos a trámite por el Tribunal Supremo el 4 de mayo y apuntan a desigualdades relacionadas con la aplicación del sistema foral y el Cupo vasco. «En las prestaciones familiares, el sistema introduce una sobrefinanciación vinculada al cálculo del cupo; en el ámbito del desempleo, aunque los pagos se canalizan formalmente a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, la falta de control efectivo sobre las decisiones autonómicas puede provocar un quebranto del principio de caja única; y en el Seguro Escolar, la transferencia altera el régimen de financiación y genera posibles desigualdades territoriales respecto a otros beneficiarios del sistema».

De esta forma, el Supremo tendrá que resolver si, tal y como denuncia Impulso Ciudadano, las transferencias no constituyen una mera reorganización administrativa, sino una cesión de funciones estructurales del sistema de Seguridad Social: «En su conjunto, las medidas adoptadas pueden abrir la puerta a un proceso de fragmentación progresiva del sistema, incompatible con los principios de unidad, solidaridad e igualdad que lo sustentan. El Estado, con la cesión de estas competencias, está comprometiendo uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho».