Corrupción | España: Se pueden comprar leyes a medida

No es ningún secreto que el derechista Partido Popular (PP) español está sumido en la corrupción. Es el único partido del país que ha sido condenado judicialmente por un "sistema eficiente de corrupción institucional". Las recientes revelaciones contra el exlíder del PP, Cristóbal Montoro, aparentemente van más allá de este ámbito. Sin embargo, estos sucesos también arrojan una luz tenue sobre el politizado sistema judicial español. Las revelaciones en el partido hermano de la CDU solo salieron a la luz tras la resistencia del sistema judicial madrileño.

En el caso Montoro, no fue la judicatura de la capital la que investigó, sino un juez de instrucción de la ciudad portuaria catalana de Tarragona. Rubén Rus Vela y los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial catalán, llevaron la investigación inicialmente en secreto. Documentos publicados demuestran que incluso se obstruyeron las investigaciones desde Madrid. El lunes, el periódico digital español "Eldiario.es" publicó que Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción, obstruyó la investigación sobre una "organización" en la que Montoro presuntamente desempeñó un "papel central". Fue ministro de Hacienda del presidente Mariano Rajoy entre 2011 y 2018.

Sobornos para recortes de impuestos

Montoro presuntamente designó en una ocasión a funcionarios del ministerio que se aseguraron de que las leyes fueran redactadas primero por las compañías gasísticas tras el pago de los sobornos "tal como se les había solicitado". Las leyes que luego se aprobaron en el Congreso de los Diputados fueron en ocasiones incluso redactadas por las compañías, según el juez de instrucción Rubén Rus Vela en su escrito de acusación.

Los investigadores pudieron documentar cómo se desarrolló esto mediante intercambios de correos electrónicos. «La vía directa, como siempre, es pagar a la oficina que tiene contacto directo con Montoro», describió una empresa implicada. El proceso se llevó a cabo a través de «Equipo Económico» (EE), y Rus Vela menciona 25 contratos con la consultora. La firma fue fundada por Montoro y se llamó inicialmente «Montoro y Asociados», antes de cambiar su nombre en 2008. Mediante el pago de sobornos a EE, las compañías de gas lograron una reducción del 85 % en el impuesto a la electricidad. El coste: 2.200 millones de euros en ingresos fiscales perdidos.

Montoro no es un desconocido para el público. En 2012, ideó una amnistía fiscal. Miles de millones de ingresos ilegales se legalizaron a cambio de una retención de impuestos de un máximo del diez por ciento, una bofetada a los contribuyentes honestos. Aunque el Tribunal Constitucional declaró este proceso inconstitucional, no hubo consecuencias para los evasores fiscales ni para Montoro .

Las pruebas sobre la "red de influencia", como la denomina el juez instructor, se han vuelto cada vez más contundentes en los últimos años. Esto hace aún más sorprendente que Luzón, el principal responsable anticorrupción, haya obstruido la investigación. Hace dos años, puso a los investigadores bajo su control. Esto supuestamente impidió que se analizara desde Madrid una dirección de correo electrónico utilizada por Montoro en el Ministerio de Hacienda, informa "Eldiario.es". La valiente fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá, quien ya había luchado junto a Luzón en otras investigaciones de corrupción contra el PP, fue sancionada disciplinariamente. Había intentado investigar estos correos electrónicos en contra de las órdenes de su jefe.

Se inicia proceso penal contra Montoro

En Cataluña, correos electrónicos interceptados revelaron que la red corrupta se había expandido a otros sectores, como las energías renovables y la construcción. Se han iniciado procedimientos penales contra Montoro, su equipo y varias empresas. Hasta el momento, se han imputado a otras 28 personas, además de Montoro.

Solo se puede especular sobre el motivo de la ralentización de los investigadores de Madrid. Se sospecha que esto tuvo algo que ver con el hecho de que también se le entregó a Montoro información confidencial del contribuyente, la cual utilizó como palanca contra sus oponentes políticos. Se mencionan aquí al partido de izquierdas Podemos y a los catalanes que apoyan la independencia de Cataluña.

Las acusaciones de corrupción también pesan sobre el partido socialdemócrata gobernante de Pedro Sánchez, lo que llevó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del PP de derecha, a convocar nuevas elecciones. El caso Montoro y el historial del PP no refuerzan su posición.