La represión del gobierno de Trump contra activistas pro palestinos en campus universitarios enfrenta un juicio federal.

Está previsto que comience un juicio federal por una demanda que desafía los esfuerzos de la administración Trump de arrestar y deportar a profesores y estudiantes que participaron en manifestaciones a favor de Palestina.

BOSTON -- El lunes comienza un juicio federal por una demanda que impugna una campaña de la administración Trump de arresto y deportación de profesores y estudiantes que participaron en manifestaciones pro palestinas y otras actividades políticas.

La demanda, presentada por varias asociaciones universitarias contra el presidente Donald Trump y miembros de su administración, sería una de las primeras en llegar a juicio. Los demandantes buscan que el juez federal de distrito William Young dictamine que la política viola la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo, ley que rige el proceso mediante el cual las agencias federales desarrollan y emiten regulaciones.

Los efectos de esta política han sido inmediatos. Estudiantes y profesores no ciudadanos de todo Estados Unidos han sido aterrorizados y han guardado silencio", escribieron los demandantes en su escrito previo al juicio.

“Estudiantes y profesores están evitando las protestas políticas, purgando sus redes sociales y retirándose de la interacción pública con grupos asociados con puntos de vista propalestinos”, escribieron. “Se están absteniendo de ciertos escritos y trabajos académicos públicos que de otro modo habrían realizado. Incluso se autocensuran en el aula”.

Se espera que varios académicos testifiquen cómo la política y los arrestos posteriores los han llevado a abandonar su activismo por los derechos humanos palestinos y a criticar las políticas del gobierno israelí.

Desde que Trump asumió el cargo, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado sus poderes de control migratorio para reprimir a estudiantes y académicos internacionales en varias universidades estadounidenses.

Trump y otros funcionarios han acusado a los manifestantes y a otras personas de ser "pro-Hamás", refiriéndose al grupo militante palestino que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. Muchos manifestantes han dicho que se pronunciaban en contra de las acciones de Israel en la guerra.

Los demandantes señalan a varios activistas por su nombre, entre ellos el activista palestino y graduado de la Universidad de Columbia , Mahmoud Khalil, quien fue liberado el mes pasado tras pasar 104 días en un centro de detención federal de inmigración. Khalil se ha convertido en un símbolo de la represión de Trump contra las protestas en el campus.

La demanda también hace referencia a la estudiante de la Universidad Tufts, Rumeysa Ozturk, quien fue liberada en mayo de un centro de detención migratoria en Luisiana. Pasó seis semanas detenida tras ser arrestada caminando por la calle en un suburbio de Boston. Afirma que fue detenida ilegalmente tras un artículo de opinión que coescribió el año pasado y que criticaba la respuesta de la universidad a la guerra de Israel en Gaza.

Los demandantes también acusan a la administración Trump de proporcionar nombres a las universidades que querían atacar, lanzar un programa de vigilancia de redes sociales y usar las propias palabras de Trump cuando dijo después del arresto de Khalil que el suyo era el "primer arresto de muchos por venir".

El gobierno argumentó en documentos judiciales que los demandantes están presentando una impugnación amparada en la Primera Enmienda a una política “de su propia creación”.

“No intentan ubicar este programa en ninguna ley, reglamento, norma o directiva. No alegan que esté escrito en ninguna parte. Y ni siquiera intentan identificar sus términos y contenido específicos”, argumenta el gobierno. “Todo esto no es sorprendente, ya que no existe tal política”.

Argumentan que el caso de los demandantes también se basa en un “malentendido de la Primera Enmienda”, que según un precedente vinculante de la Corte Suprema se aplica de manera diferente en el contexto de inmigración que en el resto del país.

Pero los demandantes argumentan que la evidencia en el juicio mostrará que la administración Trump ha implementado la política de diversas maneras, incluyendo la emisión de una guía formal sobre la revocación de visas y tarjetas verdes y el establecimiento de un proceso para identificar a aquellos involucrados en protestas pro palestinas.

"Los demandados han descrito su política, la han defendido y se han atribuido el mérito político", escribieron los demandantes. "Solo ahora, tras el cuestionamiento de la política, afirman, increíblemente, que esta no existe. Pero las pruebas en el juicio demostrarán que su existencia es incuestionable".