La 'lotería de códigos postales' significa que los niños con necesidades especiales pierden un apoyo vital

La crisis de la educación especial podría significar que una generación perdida de niños abandone la escuela sin haber recibido la ayuda necesaria, según una investigación. La grave advertencia de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes a principios de este año pone de manifiesto por qué el Gobierno está considerando cambios radicales en la educación especial , conocida como SEND (por sus siglas en inglés), a pesar de la perspectiva de una importante rebelión de los diputados laboristas.

Un informe destacó una lotería de códigos postales, en la que algunas familias encuentran mucho más fácil que otras obtener un plan de educación, salud y atención (EHC), que garantiza el apoyo a sus hijos. Sin embargo, también concluyó que el sistema actual amenazaba con llevar a los ayuntamientos a la quiebra, y que la diferencia entre lo que estos destinan a necesidades especiales y la financiación que reciben del gobierno central alcanzaría los 4.600 millones de libras en 2026. La investigación indicó que esto estaba afectando sus finanzas en general y potencialmente provocando que casi la mitad de las autoridades locales inglesas estuvieran en riesgo de quiebra.

Sir Keir Stamer se enfrenta a otra pesadilla política, ya que los activistas le han instado a desechar las propuestas, cuya confirmación se espera ampliamente a finales de este año, para limitar el número de niños que reciben planes de educación, salud y atención. Es probable que los diputados laboristas se opongan al plan.

Alrededor de 1,7 millones de alumnos escolares en Inglaterra tienen necesidades educativas especiales y muchos reciben el apoyo establecido en un plan de educación, salud y atención, tras una evaluación realizada por su consejo local.

Pero menos de la mitad de los planes se emiten dentro del límite legal de 20 semanas.

Las cifras oficiales muestran que las familias registraron 21.106 apelaciones contra las decisiones tomadas por los consejos locales sobre la prestación de necesidades especiales en el año académico 2023-24, un 54% más que el año anterior.

El Comité de Educación de la Cámara de los Comunes está llevando a cabo una investigación sobre la crisis y ha escuchado las declaraciones de organizaciones como el Proveedor Independiente de Asesoramiento en Educación Especial, una organización benéfica que ofrece asesoramiento legal a padres. Georgina Downard, una de las abogadas principales de la organización, declaró ante la investigación que los ayuntamientos deberían afrontar consecuencias si no brindan la ayuda adecuada.

Dijo: “La clave para resolver la situación actual radica en garantizar que las autoridades locales cumplan con sus deberes hacia los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, que, para ser claros, no les dan derecho a nada más de lo que necesitan.

“Se debe esperar que las autoridades locales tomen decisiones legales sobre la evaluación y la atención a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y asuman las consecuencias cuando no lo hagan”.

Añadió: «Los padres no deberían tener la responsabilidad de luchar por las necesidades y derechos de sus hijos, ni de pasar por las largas apelaciones mencionadas. No sería así si las autoridades locales contaran con los recursos adecuados y tomaran decisiones conformes a la ley desde el principio».

El número de niños con un plan de educación, salud y atención o una declaración equivalente de necesidades educativas especiales ha aumentado de 240.000 en enero de 2015 a 576.000 en enero de 2024.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Auditoría declaró en un informe: «Las familias y los niños carecen de confianza en un sistema de Necesidades Educativas Especiales que a menudo no cumple con las expectativas legales y de calidad. Las partes interesadas nos indicaron que la capacidad insuficiente y los largos tiempos de espera contribuyeron a la baja confianza de los padres».