El gobierno de Trump pide a la Corte Suprema permiso para deportar a casi 200 migrantes venezolanos

El Procurador General calificó a los inmigrantes como "especialmente peligrosos de mantener".

La administración del presidente Donald Trump solicitó permiso a la Corte Suprema para deportar a casi 200 inmigrantes venezolanos detenidos en Texas, pidiendo al tribunal que levante la orden judicial que emitió el mes pasado que bloqueó temporalmente la deportación de los migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

En una presentación el lunes, la administración Trump dijo que los 176 presuntos miembros del Tren de Aragua "han demostrado ser especialmente peligrosos para mantenerlos en detención prolongada".

Según una declaración jurada, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que un grupo de 23 migrantes "amenazó con tomar rehenes y herir al personal contratado de la instalación y a los oficiales del ICE".

"Los detenidos no cumplieron con las órdenes de desmantelar las barricadas y permanecieron atrincherados en la unidad de vivienda durante varias horas", dijo Joshua Johnson, funcionario de ICE.

En la declaración, Johnson dijo que el grupo de migrantes fue trasladado del Centro de Detención de Bluebonnet al Centro de Detención de Prairieland la semana pasada.

"La reubicación de los detenidos en Prairieland fue necesaria debido a que la naturaleza organizada y coordinada de su mala conducta amenazaba la seguridad y el orden de las instalaciones de Bluebonnet y representaba un riesgo para otros detenidos, el personal, los contratistas y cualquier visitante dentro de las instalaciones", dijo Johnson.

En la presentación del lunes, el Procurador General D. John Sauer dijo que la Corte Suprema no debería bloquear la deportación de detenidos "que han estado poniendo en peligro a otros mientras estaban detenidos".

"Una de las principales razones por las que el gobierno decidió utilizar los procedimientos más expeditos de la AEA para expulsar a los supuestos miembros de la clase en primer lugar es debido a los peligros que representan los miembros de TdA mientras están detenidos", dijo Sauer en la presentación.

El procurador general también dijo que los migrantes han recibido "notificación adecuada" y la oportunidad de presentar peticiones de hábeas corpus.

"Las tres semanas concedidas aquí son más que suficientes para interponer el recurso de hábeas corpus", escribió Sauer. "Sin embargo, según el conocimiento del gobierno, ningún miembro del supuesto grupo que haya recibido notificación de deportación conforme a la AEA ha presentado recursos de hábeas corpus en el Distrito Norte de Texas mientras la medida cautelar administrativa haya permanecido vigente".

Sauer dijo que el tribunal debería modificar su reciente bloqueo temporal para "aclarar" que la orden sólo prohíbe la eliminación de los miembros de la clase bajo la AEA.

"La gran mayoría de los supuestos miembros de la clase", según Sauer, son elegibles para una eliminación "rápida" según las autoridades del Título 8.

"La dificultad de detener a los supuestos miembros del grupo mencionado anteriormente ha hecho imperativo que el gobierno busque la deportación bajo otras autoridades además de la AEA mientras la orden administrativa del Tribunal siga vigente", afirma el documento judicial de Sauer.