Control Migratorio ¿Una misión imposible?

En los últimos meses, el debate y la controversia en torno a las políticas migratorias a nivel global se han intensificado. El efecto Trump ha sacudido el mundo tal como lo conocemos, pero el tema ya se había debatido. Tras los anuncios del presidente estadounidense, se desató una oleada de críticas desde todos los frentes, y ningún país fue inmune a sus consecuencias. Antes de eso, en abril de 2024, asistimos a la adopción del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, implementado en 2024 y consolidado en 2025.

En América Central y Latina, el fenómeno todavía “arde como un fuego invisible” y alrededor de 1.200 inmigrantes son deportados o arrestados cada día, según un análisis reciente de GloboNews, números todavía inferiores a los anunciados por la administración estadounidense.

El fenómeno se ha extendido a Europa y en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia, España y Portugal se han iniciado procesos de deportación, con más de 4.500 notificaciones recientemente.

En Portugal, el problema se agravó aún más con el ascenso de Chega a segunda fuerza parlamentaria, casi obligando al Gobierno portugués a hacer algo, muy rápidamente y con efectos visibles, para lograr una posible calma de los ánimos ya caldeados que podían llevar a enfrentamientos que, necesariamente, en nombre de la seguridad interna, debían ser contenidos.

En un contexto en el que la propia Unión Europea reconoce que sin inmigración la población europea podría disminuir hasta un 34% a finales de este siglo, y en el que sectores como la sanidad, la construcción, la agricultura o la tecnología dependen en gran medida de los trabajadores migrantes, esta cuestión debe tratarse “con pinzas” para no tener efectos perversos.

Varios países han reformulado sus políticas de inmigración y reunificación familiar. En Portugal, hemos asistido al anuncio del refuerzo del control fronterizo y de la entrada al país, con la creación de la Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras (UNEF) dentro de la PSP, tras la abolición del SEF, y el uso de sistemas como Eurodac, EES y ETIAS, con el objetivo de combatir las redes de inmigración irregular. Los cambios en las normas para la concesión de la nacionalidad, dada la falta de recursos y la pasividad de la AIMA, sugieren un clima de tensión debido a estos cambios inmediatos y descarados que estamos presenciando.

Peor que las medidas aisladas aplicadas a raíz de la vociferación feroz de la extrema derecha, es la falta de recursos y de organización que esas medidas pueden traer, dificultando la vida a quienes llegan a nuestro país con habilidades adquiridas o que pueden especializarse, mientras tanto, y constituir un valor agregado para nuestro país.

Dada esta rápida reflexión, es necesario implementarla y aprobarla en el foro correspondiente. En este contexto, la izquierda está dando la voz de alarma. Posibles problemas constitucionales se plantean de inmediato en las modificaciones del Gobierno a la ley de nacionalidad y la ley de extranjería, como el aumento del plazo para solicitar la nacionalidad o la limitación de la competencia de los tribunales en materia de reagrupación familiar, en palabras de los constitucionalistas Jorge Miranda y Rui Tavares Lanceiro. Esta opinión saca a la luz el problema de los derechos humanos, así como de varios derechos consagrados que podrían vulnerar la Constitución portuguesa.

Ante este escenario, y con la polémica Revisión Constitucional “guardada en el cajón”, es de esperar que las dificultades se agudice y se derrame mucha tinta antes de que entre en vigor esta reciente legislación.

¿Estamos ante algo nuevo y efectivo o se trata de una maniobra para silenciar y apaciguar a Chega, bajo la ilusión de que lo que a primera vista parece una misión imposible se realizará?