Cambios en la ley de extranjería y una nueva unidad en el PSP votados hoy en el Parlamento

Los cambios al régimen jurídico que regula el ingreso, permanencia, salida y expulsión de extranjeros del territorio nacional ya fueron aprobados por la Comisión de Asuntos Constitucionales el pasado día 11, con votos en contra de la izquierda, que alegó violaciones a la ley por la falta de dictámenes preceptivos.

Se sometió a votación un proyecto de ley y enmiendas solicitadas por Chega, que afectan a cuestiones como la reunificación familiar y el tiempo de residencia legal en el país, y fueron aprobados por toda la derecha parlamentaria (PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal).

Para la reunificación familiar, la derecha impone un plazo mínimo de dos años para las solicitudes tras la concesión de los permisos de residencia, posponiendo el inicio de estos procesos para los recién regularizados, algo que ha sido criticado por dificultar la integración.

Otra novedad de esta ley es la eliminación de la posibilidad de solicitar permisos de residencia en territorio nacional -algo a lo que podían recurrir los ciudadanos de países exentos de visado como Brasil o Timor Oriental-, además de que, a partir de ahora, sólo se concederán visados de residencia, estancia temporal, de corta duración o de búsqueda de empleo a inmigrantes altamente cualificados.

Los diputados también votarán sobre la creación de la UNEF, fruto de una propuesta del Gobierno, con algunos cambios solicitados por Chega.

En la comisión parlamentaria, Chega intentó cambiar el nombre de la nueva unidad, pero su propuesta fue rechazada, por lo que su proyecto original aún será votado en el plenario.

El resto del texto de la propuesta fue aprobado en detalle por el PSD, Chega, IL y CDS-PP, con los votos en contra de Livre y las abstenciones del PS y del PCP, en una votación que no incluyó a los únicos diputados del BE, PAN y JPP.

Antes de la votación en el Pleno, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías también considerará las solicitudes de opinión sobre el tercer diploma del paquete legislativo en materia de inmigración que el Gobierno ha priorizado.

Se trata de cambios en la Ley de Nacionalidad, que altera los plazos de acceso a la ciudadanía para los inmigrantes, prevé la aplicación retroactiva de la ley y prevé la retirada de la ciudadanía portuguesa a quienes cometan delitos, algo que ha sido considerado inconstitucional por la izquierda y por varios constitucionalistas.

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